• Legisladores del Hemisferio Denuncian Intervencionismo de la OEA en Asuntos Internos de los Países de la Región

    Lamentan que el Gobierno de Costa Rica Acuda a la Corte Interamericana Para que en la Región Se “Evite el Proceso en los Parlamentos”

    (San José, Costa Rica) – El Congreso Hemisférico de Parlamentarios, observatorio con sede en Washington, DC que reúne a legisladores de la región para promover el dialogo y cooperación entre estos en materia de derechos humanos, realizó hoy su primera visita “in situ” a San José, Costa Rica.  La delegación visitante estuvo compuesta por la senadora Paola Holguín (Colombia), el diputado Luis Hernández (Guatemala) y el diputado Apolinar Casillas (México).

    Durante la visita, la delegación se reunió con legisladores de todos los sectores políticos del país para dialogar particularmente sobre la protección del derecho a la vida, la institución de la familia y la libertad religiosa a través del Sistema Inter-Americano de Derechos Humanos.

    La delegación aprovechó la visita para denunciar al gobierno del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, por acudir a la Corte Inter-Americana para imponer en la región políticas particulares sobre la identidad de género y las uniones entre personas del mismo sexo, en menoscabo del estado de derecho y la democracia representativa en los países.  En mayo del 2016, el gobierno de Costa Rica solicitó a la Corte que emitiera una Opinión Consultiva en la que se pronunciara en cuanto al cambio de género, los derechos patrimoniales entre personas del mismo sexo y las uniones del mismo sexo, asuntos que son de exclusiva competencia interna de los países y que no están contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

    Durante una audiencia que se llevó a cabo en mayo del 2017, el abogado del gobierno de Costa Rica admitió que la intención de solicitar la opinión de la corte es lograr que en la región se pueda evitar el proceso legislativo sobre estos asuntos.

    Los miembros de la delegación compartieron con sus homólogos costarricenses su preocupación con que el Sistema Inter-Americano de Derechos Humanos esté siendo utilizado para adelantar agendas ocultas de ciertas elites ideológicas en contravención la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros acuerdos regionales.  En este sentido, pusieron al tanto a los legisladores del país sobre la Declaración Americana sobre la Independencia y Autodeterminación de los Pueblos en Asuntos Relacionados a la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa,  resolución firmada por más de seiscientos legisladores de estados miembros de la OEA, incluyendo doce diputados de Costa Rica, que denuncia la intervención indebida de la OEA, la Comisión y la Corte en estos asuntos que son de competencia interna de cada país.  La Declaración establece claramente que la OEA no puede adelantar interpretaciones de la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos o de cualquier otro tratado interamericano que se aparten del texto de dichos acuerdos para adelantar una ideología particular. De igual manera, advierte que la OEA y sus organismos afiliados no puede entrar en asuntos relacionados a al derecho a la vida y la familia sobre los cuales no tienen competencia bajo tratado alguno.

    “Nos sentimos muy agradecidos con las atenciones brindadas a nuestra delegación por los colegas parlamentarios de las diferentes bancadas políticas del país y esperamos que este diálogo constructivo en aras del fortalecimiento de la soberanía, democracia y el respecto a los derechos humanos continúe.  Necesitamos una OEA, una Comisión Interamericana y una Corte fuertes para defender la democracia y los derechos humanos en la región, pero estas deben respetar la soberanía de los estados miembros en aquellos asuntos que son de su competencia exclusiva”, dijo la senadora Paola Holguín de Colombia quien encabeza la delegación de parlamentarios.

    “Nos preocupa sobremanera el hecho de que la OEA esté transgrediendo el orden constitucional de los países de la región para empujar una agenda ideológica en asuntos que tengan que ver con la dignidad de la persona y la familia.  Independientemente de las posturas que uno pueda tener sobre sobre estos controvertibles temas, debemos reconocer que es a los parlamentos de cada país -a los representantes electos por los ciudadanos de cada país- a quienes le compete debatir y decidir estos asuntos. La discusión con la OEA no es de tipo ideológico, es de exigencia de respeto a la soberanía de los Estados y sus Parlamentos”, aseguró el diputado Apolinar Casillas de México miembro de la delegación de Parlamentarios.

    La diputada Nidia Jiménez del partido Acción Ciudadana agradeció la visita de la delegación y se comprometió a firmar la declaración de México “Me uno como una voz más a decirle al mundo y a Costa Rica respeto a soberanía de los pueblos, respeto a la auto denominación de la persona humana respecto a la familia y a la persona humana”

    Los diputados Mario Redondo del partido, jede bancada de Alianza Democrática Cristina y Fabricio Alvarado jefe de fracción Restauración Nacional, acompañaron a la delegación durante la conferencia de prensa y expresaron su apoyo total a los objetivos del Congreso Hemisférico de Parlamentarios del cual ambos son miembros firmantes de la declaración de México.

     

    Legisladores del Hemisferio Denuncian Intervencionismo de la OEA en Asuntos Internos de los Países de la Región

  • “Arias víctima: Gobierno miente sobre extradición, corrupción en justicia y falta de doble instancia”, Uribe

    Miami, Estados Unidos, 28 de septiembre de 2017 (CD). A continuación, declaración y rueda de prensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de terminarse la audiencia en una Corte de la Florida, en la cual un juez del distrito de Miami decidió la extradición del exministro Andrés Felipe Arias.


    Pregunta. Presidente Uribe: ¿cómo se siente con la decisión que acaba de tomar el juez Sullivan?
    Álvaro Uribe Vélez: Pues muy triste y quisiera hacer estos comentarios:

    Primero, a mí me parece que la Cancillería colombiana, el Gobierno de Colombia, ha engañado a los Estados Unidos y a la opinión pública. ¿Por qué los ha engañado? Porque allá hemos sabido que nosotros no podemos aplicar tratado de extradición con los Estados Unidos, porque no hay ley ratificatoria.

    El presidente Santos, cuándo envió a (Walid) Makled a Venezuela, que muchos le pedimos que no lo hiciera porque a este señor Makled le iban a aplicar la modalidad cubana de cárcel, esto es, aflojarle o apretarle el encarcelamiento, dependiendo de lo que dijera del gobierno, el presidente Santos dijo que lo mandaba a Venezuela porque con Estados Unidos no había tratado de extradición, y ahora dicen que sí hay tratado, cuando todas las extradiciones nosotros las hemos hecho con base en el código de procedimiento penal.

    Lo segundo es que han aflorado unas denuncias de corrupción en un sector de la Corte Suprema, que hay que considerarlas, que las hicimos desde la época. Por ejemplo, la ponente del caso de Andrés Felipe Arias, la magistrada María del Rosario González, decía que el gobierno nuestro la estaba persiguiendo, que yo había mandado a que la asesinaran, presentó un impedimento y no se lo aceptaron, y en lugar de retirarse ella de la ponencia, fue la ponente que condenó a Arias, y varios de los magistrados que firmaron esa sentencia contra Arias están acusados hoy  por corrupción.

    Y la Corte ha negado un recurso universal, que es el recurso de segunda instancia. Inclusive nosotros teníamos la expectativa de que en una reforma que hay en el Congreso ahora se aprobara la segunda instancia retroactiva, y la Corte mandó una carta diciendo que por las actuales circunstancias pararan esa reforma.

    Entonces muy apreciados comunicadores, yo les confieso, estoy muy triste.

    Lo segundo es que el Gobierno de Colombia ha engañado a la opinión internacional, a los Estado Unidos, porque el gobierno de Colombia ha dicho que hay tratado de extradición cuando no lo hay, ¿por qué?, porque la Corte en 1986 declaró inexequible la ley colombiana que ratificaba el tratado. Las extradiciones, por ejemplo, que hizo mi gobierno las hizo basado en el código de procedimiento penal, no en tratado de extradición.

    Me parece sumamente grave que el Gobierno de Colombia diga esto.

    Inclusive, cuando el presidente Santos tomó la decisión de mandar a Venezuela al narcotraficante Makled para complacer a Chávez, para que el narcotraficante Makled no acusara a las autoridades de Venezuela de narcotráfico, el presidente Santos dijo que con Estados Unidos no había tratado —que también había requerido a Makled —, que lo mandaba a Venezuela porque con Venezuela sí había tratado, y ahora cambia, ahora mandan un oficio diciendo que extraditen a Arias allá, que sí hay tratado, cuando Colombia no puede aplicar el tratado porque no hay ley ratificatoria en Colombia.

    Y es muy grave lo que ha pasado, ahora se conocen actos de corrupción de magistrados que firmaron la sentencia contra Arias, y la magistrada ponente, María del Rosario González, se quejaba de que el gobierno mío la perseguía, dijo que yo había mandado a asesinarla,  imagínense ustedes, y no le aceptaron el impedimento, y ella en lugar de retirarse del caso —que debió ser lo ético—, siguió como ponente y propuso la sentencia para condenar a Arias, y han negado el recurso de apelación que es un recurso universal.

    Nosotros teníamos la expectativa de que una ley que viene avanzando en el Congreso ordenara el recurso universal de segunda instancia de apelación retroactivamente, y ahora la Corte mandó una carta al Congreso diciendo que pararan esa reforma.

    O sea que el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del Gobierno de Colombia; el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una condena de una corte en la cual hay probados casos de corrupción, y el señor Arias vuelvo hoy a la cárcel en Estados Unidos cuando en Colombia no tiene la posibilidad de un recurso universal, que es el recurso de apelación.

    Pero seguimos en la lucha, con tristeza, pero seguimos en la lucha.

    Pregunta. ¿Presidente Uribe cuáles son las opciones ahora del ministro Arias? Usted que ha estado tan cerca de la defensa.

    Álvaro Uribe Vélez: Pues aquí hay recursos y los van incoar, a proponer, pero la orden del juez es que mientras eso se tramita tiene que estar en la cárcel.

    En Colombia nosotros vamos a seguir la lucha, nosotros vamos a insistir en que pueda haber una apelación retroactiva, que la Corte la ha negado, y por supuesto, yo llegué a las 3 de la mañana a los Estados Unidos, voy a devolverme ya por Panamá–Barranquilla porque tengo que estar en Santa Marta en un foro del partido a las 9 de la mañana.

    Vamos a seguir esta lucha, queridos comunicadores.

    Pregunta. Presidente Uribe, una última pregunta: la Fiscalía le recomendó al exministro Arias que se entregue a la justicia colombiana. ¿Usted está de acuerdo con eso?

    Álvaro Uribe Vélez: Si no tiene recursos, si tuviera recursos sí, pero no se los dieron y no hay posibilidades ahora que se los den. Estoy seguro que si al ministro Arias le dieran allá ese recurso universal, que es el recurso de apelación, el exministro Arias desistiría de avanzar en este procedimiento aquí, y estaría sometido allá a la Corte.

    Pero además del caso de corrupción, además de la opinión con la cual el Gobierno Nacional, sobre extradición, ha engañado a los Estados Unidos, además de todo eso, hay una negativa a que el ministro Arias tenga un recurso que debe tener cualquier persona en el mundo, que es el recurso de apelación.

    Pregunta. ¿Corre riesgo la vida del exministro Arias una vez llegue a Colombia?

    Álvaro Uribe Vélez: Mire, para no hacer especulaciones, hay un tema gravísimo en esto, que se lo repito: un gobierno que mintió, que dijo que hay extradición por tratado cuando no tenemos un tratado que sea aplicable. Segundo, casos probados de corrupción en un sector de la Corte Suprema. Y tercero, le han negado al exministro Arias, como a muchos de los colombianos y de mis compañeros, un recurso universal que es el recurso de apelación. Esto es lo fundamental

    (FIN)

  • Radicado comité promotor para derogar tres actos legislativos de los acuerdos de paz con las Farc

     

    Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2017. Ante la Registraduría General de la Nación, los congresitas Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada radicaron el comité promotor para recoger firmas que permitan derogar vía referendo tres actos legislativos que fueron aprobados por fast track en el congreso de la República, la Justicia Especial de Paz, el blindaje de los acuerdos y la participación política de las Farc.

    La senadora Valencia explicó que “usando el artículo 377 de la Constitución hemos radicado el comité promotor para recoger el 5% de firmas del censo electoral, para que nos convoquen a un referendo donde los colombianos podamos rechazar la incorporación de estos acuerdos, rechazar la Jurisdicción Especial para las Farc y rechazar que eso acuerdos entren en la Constitución y que los criminales de lesa humanidad puedan hacer política”.

    Aclaró que “el referendo del artículo 377 de la Constitución no tiene que pasar por el Congreso, ni tiene que pasar por la Corte Constitucional. Este es un referendo que le devuelve el poder constituyente al ciudadano la posibilidad de decidir si las reformas constitucionales pueden hacerse o no pueden hacerse. Estamos convocando es a la ciudadanía”.

    A su vez el representate Prada dijo que “esta es una consecuencia al conejo que le hicieron al pueblo colombiano cuando se robaron el resultado del plebiscito. El pueblo colombiano dijo no, ganamos las elecciones, sin embargo, el Presidente y las Farc impusieron un acuerdo. Ahora es el pueblo quien tiene la oportunidad de modificar sustancialmente el acuerdo porque este referendo derogatorio que estamos impulsando, es para modificar o para derogar la Justicia Especial de Paz, la incorporación del acuerdo en la Constitución y la participación de las Farc en política.

    La Registraduría tiene 15 días habiles para aceptar el comité y emitir los formularios, inmediatamente después se contaría con seis meses para recoger las firmas de los colombianos. Se calculan que serían alrededor de 1´785.000 firmas pero para un total exacto es necesario esperar que la Registraduría entregue datos del úlimo censo electoral.

     

    Colombia no se rinde; Resistencia Civil

     

     

    (Fin)

  • Senadora Paola Holguín quiere repetir

    Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2017. Ante la Dirección Nacional del Centro Democrático, la senadora Paola Holguín manifestó su deseo de regresar al Senado de la República, aseguró que “en este Partido no se tienen privilegios especiales por ser Senador, me tengo que someter, y lo hago con gusto, al mismo procedimiento que tendría que hacer cualquier ciudadano que quiera tener el honor de representar al Partido”.

    Manifestó Holguín que “ser Senadora del Centro Democrático ha sido un honor enorme, en estos años que hemos estado en el Congreso hemos aprendido de este Partido y del expresidente Uribe que Colombia merece todos los sacrificios, y en una coyuntura tan difícil en el tema institucional, de seguridad, económico y social, lo mínimo que podemos hacer es tratar de seguir dando esta batalla”

    Holguín sostuvo que cree en el Centro Democrático, “mientras muchos prefieren irse por firmas porque son vergonzantes de las organizaciones políticas a las que pertenecen,  yo cada día me siento más orgullosa del Centro Democrático, porque sé que es un Partido basado en principios y que será tan eterno como los principios que defiende”.

    Adicionalmente dijo que “el Centro Democrático es el único Partido que ha sido capaz de hacer oposición a la toma del poder por parte de las Farc y a la entrega institucional del Gobierno Santos, porque es el único Partido que está combatiendo de manera seria la corrupción y que tiene un compromiso con el desarrollo de las regiones y del país”.

    Para finalizar fue enfática en que “estando o no ocupando una curul, la tarea sigue siendo la misma, a mi me criaron en un hogar con unos parámetros y es Patria, Principios y Partido, en ese orden y el orden no es negociable, y voy a seguir luchando por Colombia mientras que el señor me dé vida”.

     

    (Fin)

     

  • Senador Ramos denuncia que 28 integrantes de la JEP son contratistas de Santos y persecutores de oposición

    Bogotá, 27 de septiembre de 2017 (CD). Como ya se había anticipado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se creó con el único fin de “perseguir a opositores políticos, empresarios y personas de bien”, como lo denunció el senador Alfredo Ramos Maya al explicar la ilegalidad de la elección de los integrantes de dicho tribunal, de los cuales 28 de ellos tienen contratos con el Gobierno y presentan otras inhabilidades que demostrarían falta de imparcialidad.

    Ramos Maya demostró que hay varias personas pertenecientes a colectivos de abogados, “persecutores que utilizan palabras de grueso calibre contra Álvaro Uribe y otros colombianos. Seis que fueron magistrados en el carrusel de la justicia y en las salas de la JEP, de 18 miembros, 14 tienen algún tipo de inhabilidad o incompatibilidades”.

    Las pruebas publicadas en su cuenta de Twitter @AlfredoRamosM se ve claramente que, por ejemplo:

    Magistrado JEP y contratista gobierno Santos:

    1. Martha Patricia Linares, del Centro de Memoria Histórica, tiene un contrato por Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos en Ayuda y asistencia humanitaria del Programas de refugiados por $106,672,010

    https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6349027

    1. Gustavo Adolfo Salazar, del Centro de Memoria Histórica figura con un contrato de Servicios de recursos humanos en Servicios de personal temporal por $50,483,983

    https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4696573

    1. Roberto Carlos Vidal, con un contrato en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el segmento de Servicios Personales y Domésticos por $58,593,750

    https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-2437077

    1. Yesid Reyes, con contratos en la Presidencia de la República en el área de Servicios de recursos humanos por $ 267,353,331

    https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6746940

    1. Ana Caterina Heyck, negociadora con Eln tiene contratos con Fondopaz en 2017, pero “no aparecen”.

    Magistrados JEP del carrusel de Justicia:

    1. Danilo Rojas, del Consejo de Estado, además con esta carta que lo inhabilita.

    http://www.semana.com/nacion/articulo/carta-del-presidente-del-consejo-de-estado-danilo-rojas-sobre-acuerdos-de-paz-con-las-farc/494715

    1. Jesús Ángel Bobadilla Moreno, auxiliar Corte Suprema de Justicia.
    1. Eduardo Cifuentes Muñoz, Corte Constitucional
    1. Zoraida Anyul Chalela Romano, Justicia y paz
    1. Alejandro Ramelli, auxiliar Corte Constitucional
    1. Camilo Andrés Suárez Aldana, Penal Militar

    Magistrada JEP que hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear:

    1. Sandra Rocío Gamboa Rubiano. “Podremos imaginar su imparcialidad”, indica Ramos.
    1. Reinere de los Ángeles Jaramillo, con contratos en el Ministerio de Trabajo.

    http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/428735/Contratos.pdf

    Integrantes salas JEP con contratos gobierno Santos:

    1. José Miller Hormiga Sánchez, figura con contratos en la Unidad de Restitución de tierras, en el segmento de Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos por $11,000,000.

    https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-12-1868478

     

    1. Iván González Amado, contratación directa en MinJusticia en Servicios legales, específicamente en Servicios de derecho penal por $127,083,000

    https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4695128

     

    1. Heidi Patricia Baldosea: investigadora Memoria Histórica

    http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/desaparicion-forzada/Tomo-I.pdf

     

    1. Juan José Cantillo Pushaina, con contratos en el Departamento de Prosperidad Social

    http://www.dps.gov.co/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.dps.gov.co/ent/hum/Documentos%20compartidos/2017%20Plan%20de%20formaci%C3%B3n%20y%20capacitaci%C3%B3n%20V.1.pdf

     

    1. Catalina Díaz Gómez, Directora de Justicia Transicional en MinJusticia

    http://www.justiciatransicional.gov.co/Nosotros/Nuestro-equipo

     

    1. Marcela Giraldo, JEP, coautora con García Sayán (escogencia) de la publicación Reflexiones sobre los procesos de justicia transicional

    file:///C:/Users/Senado/Downloads/4581-1-16710-1-10-20170202.pdf

     

    1. Lily Andrea Rueda Guzmán, Coordinadora del proyecto ‘Fortalecimiento del Rol de liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos de Justicia y Paz y Ley 1424’

    https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdf/Cartilla%20Justicia%20y%20Paz.pdf

     

    Integrantes salas JEP de colectivos persecutores:

    1. Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín: Cajar y Comisión colombiana de juristas
    1. Pedro Julio Mahecha: Corporación desarrollo y paz Magdalena medio, protegido Cajar
    1. Óscar Javier Parra Vera: comisión colombiana de juristas

     

    Integrantes salas JEP del carrusel de justicia:

    1. Belkis Florentino Izquierdo Torres: magistrada auxiliar Consejo de Estado
    1. Alexandra Sandoval: magistrada auxiliar Consejo de Estado (Lucy Jeanette Bermúdez)
    1. Mauricio García Cadena, magistrado auxiliar Corte Suprema de Justicia

     

    Por tal razón, el senador hizo un llamado a los colombianos y al Congreso de la República para que desconozcan “la justicia ilegítima que parte de un plebiscito que se robaron y que hoy está demostrando que va a meter a la cárcel a colombianos de bien por pensar diferente. Aquí la persecución se va a multiplicar a volúmenes inesperados”.

    (Fin)

     

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