• Gobierno y Fiscalía aportaron al proyecto de paz con Bacrim – El Colombiano

    La elaboración de un borrador de proyecto de ley para el sometimiento y acogimiento de organizaciones criminales, como “La Oficina” y “El Clan del Golfo”, no se hizo en la clandestinidad. Actas a las que tuvo acceso EL COLOMBIANO, confirman que se trató de una iniciativa de la Alcaldía de Federico Gutiérrez Zuluaga, ejecutada a través de su Secretaría de Seguridad y Convivencia. La discusión fue tan abierta, que en ella participaron representantes de entidades del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

    Una de las personas que estuvo en esas reuniones fue Paola Holguín Moreno, senadora del Centro Democrático. Ella confirmó que Jorge Gaviria, asesor de la Secretaría de Seguridad, que dirigía Gustavo Alberto Villegas Restrepo, le envió hace dos semanas para su consideración el borrador del proyecto de ley, que, para el caso de Medellín, pretende lograr el sometimiento de 90 cabecillas de “La Oficina” y del “Clan del Golfo”.

    “Un gran proyecto”, fue la expresión que lanzó la legisladora al ser consultada sobre el asunto. Y como prueba de su compromiso, afirmó que ella estaba dispuesta a dirigir el trámite en el Congreso de la República.

    Según Holguín Moreno, para volver realidad lo que hoy está en anteproyecto, “nosotros estábamos explorando dos opciones. Una, es que lo puede presentar el Gobierno Nacional por fast track, porque eso fue un mandato que se abrió en el acuerdo de La Habana. Y la otra, era presentarla con un grupo de parlamentarios, que por eso también fui a la reunión, porque a mí me interesaba liderar el proyecto”.

    EL COLOMBIANO: ¿Cómo le llegó el proyecto?
    Paola Holguín Moreno: “Me enviaron el borrador, porque me habían comentado que se iba a hacer el proyecto. Me entusiasmé mucho, porque creo que la única salida que tenemos es buscar el sometimiento a la Justicia de estructuras criminales. Lo analicé y me gustó.

    Lo único que estaba revisando era a ver cómo podía consolidar bien el tema de las penas alternativas con la Fiscalía, porque yo sé que también están al tanto del proyecto”.

    ¿Directamente el Fiscal General de la Nación?
    “Sí, yo creo que era con un encargado del Fiscal General, pero el proyecto se venía trabajando con toda la institucionalidad. Es un proyecto superbueno, porque cuando se hizo el proceso de La Habana se abrió la puerta y se dijo que se tenían que explorar proyectos de sometimiento a la Justicia”.

    ¿Esa institucionalidad está representada por quién?
    “Por el Fiscal, creo que incluso la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Seguridad. A mí me hablaron del proyecto y fui a una o dos reuniones en la Secretaría de Seguridad de Medellín. Esto no fue una cosa extraña, en realidad”.
    Ni fue clandestina…

    “No, no, para nada. De hecho deben estar los registros y actas que se levantaron de las reuniones. Ahí está quiénes asistíamos, cómo tratábamos el tema, lo que mirábamos. Todo debe estar superorganizado”.

    ¿En calidad de qué asistió Mario Gómez?
    “¿Mario Gómez? ¡Para yo acordarme con esta memoria! A mí de nombres me corcha”.

    ¿De la Fiscalía quién iba?
    “Yo sé que iba una persona que era como designada por el Fiscal General. En mi cabeza creo, por instituciones, estaba Defensoría, Fiscalía, Secretaría de Seguridad, pero hubo más”.

    ¿Quién le envió el proyecto?
    “Jorge Gaviria”.

    ¿El hermano de José Obdulio Gaviria Vélez?
    “Sí”.

    ¿Qué le gusta a usted del proyecto?
    “No creo que en Colombia, cada vez que salga una estructura criminal, se deba sentar a negociar el Estado.
    Considero que con el poder de fuego y el innumerable número de estructuras criminales que hay en el país, sobre todo en Medellín y Antioquia, se debe explorar una vía como esta, que es buscar una rebaja de penas a través del sometimiento a la Justicia: vengan ustedes, desmovilícense, entreguen las armas, ayuden a reparar a las víctimas y se les da una rebaja de pena.

    Lo que no creo es que uno se pueda sentar con estructuras criminales a entregarles partidos políticos, curules, plata y que no paguen un solo día de cárcel. No, no, yo creo que la alternativa debe ser: ejerza la fuerza legítima del Estado y abra una oportunidad de sometimiento para los que quieran. Y para los que no quieran, ahí está el imperio de la ley.

    En el proyecto no hay ningún componente político, porque estas son estructuras criminales. Lo que se está buscando es un mecanismo para someterlas a la Justicia, ya sea en forma individual o colectiva.

    A mí me gusta mucho el sometimiento individual. No es lo mismo que a usted un comandante le diga que se van a entregar, a que usted lo haga voluntariamente, porque en este último caso es su decisión personal”.
    ¿En esas reuniones se estimó cuántos criminales se podrían acoger a la ley?

    “Analizamos todas las estructuras criminales de Medellín, las Odín (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico) y las más pequeñas. Se pensaba que se desmovilizarían unas 90 personas de 10 Odin, unas de “La Oficina” y otras del “Clan del Golfo”, que entregarían información para desestructurar eso.

    Este modelo de sometimiento tiene que ser nacional, porque no solo en Medellín hay estructuras criminales. Barranquilla, Cali y Bogotá están terribles. Esta ley era la ley marco para el país, porque puede funcionar bien en otras ciudades y departamentos”.

    ¿En esas reuniones hubo algún vocero, emisario o representante de alguna de estas organizaciones criminales?
    “En las que yo estuve, no. Solo había institucionalidad. No sé si en otras asistió alguien de esas organizaciones” .

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