• Tres cambios, Colombia está lista para el refrendo derogatorio

    Bogotá D.C., 17 de octubre de 2017. La Registraduría Nacional del Estado Civil autorizó a los congresistas del Centro Democrático, Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada, para dar inicio a la recolección de firmas que permiten derogar, vía referendo, tres actos legislativos que fueron aprobados por Fast Track en el Congreso de la República: la Justicia Especial de Paz, el blindaje de los acuerdos y la participación política de las Farc.

    Colombia no se rinde así lo expresó la Senadora Paola Holguín “Esta Patria no le pertenece ni a Juan Manuel Santos ni a las Farc, esta Patria es de cada uno de los a los colombianos, y ésta es una nueva oportunidad para luchar por ella.”

    A su vez la senadora Paloma Valencia expuso que “no se puede derrotar a quien nunca se rinde, Colombia no se rinde y no vamos a permitir que estos criminales y los corruptos del gobierno de Juan Manuel Santos, utilicen la paz para destruir las instituciones colombianas”

    El representante Álvaro Hernán Prada sostuvo que “Santos y las FARC nos robaron el plebiscito, ahora los colombianos son los que tienen el poder de cambiar el acuerdo que le ordenaron y no cumplieron”.

    El referendo derogatorio es la herramienta que tienen los colombianos para cambiar los malos acuerdos entre el actual gobierno y las FARC. A partir del día de hoy el comité promotor tiene seis meses para recoger aproximadamente 1’780.000 firmas.

  • A un año de la Victoria del NO y del robo de Plebiscito

    Manifiesto del 2 de octubre de 2017

     

    ¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

    ¡Estamos aquí para que nunca más nos vuelvan a robar!

    ¡Nunca más deberá repetirse el robo al voto ciudadano!

    ¡Nunca más un gobierno y un grupo criminal someterá la Constitución y se burlarán de la voluntad popular!

    Hace un año las FARC y el Gobierno Santos pretendieron usar a los ciudadanos para legitimar un golpe a la Constitución, convocando un plebiscito.

    ¡Los colombianos mayoritariamente le dijeron NO en las urnas y NO es NO!

    Sin embargo perpetraron un golpe de Estado imponiendo un Acuerdo que había sido rechazado por el pueblo.

    Jamás había sucedido eso en Colombia, una democracia respetada y apreciada en el concierto de las naciones.

    Rompieron las instituciones en nombre de la paz, corrompieron la justicia en nombre de la paz, utilizaron a las víctimas y el anhelo de convivencia de los ciudadanos, para imponer un pacto de élites, la élite criminal de las FARC y la élite que representa Juan Manuel Santos.

    Hoy, 2 de octubre de 2017 nos reunimos, en varias ciudades del país, para recordar que la Coalición del No, integrada por ciudadanos y varias fuerzas políticas, religiosas y sociales, vencimos a pesar de todas las adversidades.

    ¡Enfrentamos todas las desventajas en la campaña del plebiscito!

    El Gobierno violó todas las restricciones que el ordenamiento jurídico le imponía y las FARC hizo proselitismo con armas, intimidando, amenazando y coaccionando a los colombianos. ¡Hasta el Presidente de la República amenazó con terrorismo en las ciudades!

    ¡Hicieron todas las trampas!

    Redujeron mañosamente el umbral del 50% de participación que establecía la ley a un 13%; la campaña del Sí se financió con dinero público, el mismo que se le negó a la del No.

    Adicionalmente, ¡Santos no reparó en corrupción!

    El Gobierno condicionó el presupuesto a alcaldes y gobernadores! ¡Chantejeó a las regiones con promesas de inversiones!

    Los ciudadanos que mayoritariamente concurrimos a votar NO para defender la democracia, las víctimas y la justicia, fuimos estigmatizados, perseguidos, presionados. Se le dio mejor trato a los asesinos, a los secuestradores, a los responsables de miles de crímenes atroces que a los que tenemos como único recurso la palabra, las ideas y el voto.

    El mismo día de la victoria del NO, convocamos al Gobierno a un “Gran Acuerdo Nacional” para acatar la voluntad ciudadana y ajustar y corregir los apartes del acuerdo que eran nocivos para el país.

    Mientras actuamos de buena fe y con responsabilidad patriótica, el Gobierno y las FARC preparaban el robo a los colombianos. ¡Maquillaron la infamia y la impusieron!

    Propugnamos siempre por un pacto para la paz con el Gobierno, pero el Gobierno prefirió un pacto con las FARC para traicionar a Colombia.

    Lo que siguió el país lo conoce. La triste complicidad de la Corte Constitucional, el sometimiento por la corrupción del Congreso. El robo lo consumaron. ¡Nunca más nos van robar!

    ¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

    ¡Los millones de colombianos que le dijimos NO a las FARC y al terrorismo de las FARC teníamos razón! ¡Los hechos gritan la verdad!

    1. Advertimos que los criminales no pagarían cárcel y que en cambio se les daría el derecho a gobernar a Colombia. El Acto Legislativo 01 de 2017 así lo consagra. ¡Mintió el Gobierno!

    2. Advertimos que la Justicia Especial para la Paz sería una justicia hecha a la medida de las FARC, que igualaría a terroristas y miembros de la Fuerza Pública y que perseguiría a civiles, empresarios, trabajadores, ganaderos, periodistas y agricultores.

    Su conformación con magistrados políticos, ideologizados, sectarios y militantes de partidos de izquierda deja claro que la JEP es un instrumento de persecución contra la oposición y los críticos de la impunidad.

    ¡La justicia es imparcial o no es justicia!

    3. Advertimos que el Acuerdo sería incorporado a la Constitución. El Acto Legislativo 02 de 2017 le dio ese efecto por 12 años. Esa norma somete a todas las instituciones al Acuerdo Santos/Timochenko. Pretenden poner el Acuerdo por encima de la Constitución. ¡Golpe de Estado!

    4. Advertimos que a las Farc les garantizarían curules en el Congreso y que tendrían un partido político con mayor financiación que los demás.

    Según el Acto Legislativo 03 de 2017, las Farc tendrá 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara de 2018 a 2022, sin tener que sacar un solo voto.

    Los responsables de bárbaras masacres serán congresistas sin haber cumplido pena, sin haber pasado por un juicio, sin reparar a las víctimas, sin haber dicho la verdad.

    Además, se crearon 16 circunscripciones especiales en las zonas de influencia de este grupo terrorista, en las cuales los partidos políticos no podrán participar, pero sí los aparatos de las FARC.

    ¡Les dieron el derecho a gobernar a Colombia en contra de las mismas sentencias de la Corte Constitucional, y con una financiación mayor, proveniente de los impuestos de los colombianos!

    5. Advertimos que a los miembros de las FARC les pagarían $1.800.000 mensuales y que harían parte de organismos que prestan seguridad. Hoy 1.200 ex guerrilleros se rearman por parte del Estado y se les asigna un pago de $1.825.453 mensuales.

    ¡Le mintieron al país!

    6. Advertimos que para hacer política las Farc utilizarían la riqueza acumulada por el delito.

    Según el Decreto 903 de 2017, los bienes que las Farc reporten serán entregados a una fiducia y a través de la Comisión de Seguimiento a la Implementación seguirán teniendo injerencia en su administración.

    La lista de bienes con traperos y escobas, entregada para reparar a las víctimas, consuma la burla.

    ¡Guardan millones de dólares de narcotráfico para tomarse el poder e imponer el socialismo, mientras revictimizan a quienes padecieron su violencia!

    7. Advertimos que el acuerdo incentivaba la siembra de cultivos ilícitos. ¡El país ya no nada en coca, naufraga en coca! ¡188.000 hectáreas a

    diciembre de 2016 lo comprueban!

    ¡Desmontaron la lucha contra la coca para favorecer narcotraficantes!

    Advertimos que las Farc no entregarían las rutas ni información sobre narcotráfico. No solo no han cumplido sino que con impunidad colaron en sus listas a 25 capos de la mafia.

    ¡Convirtieron el proceso de paz en una gigantesca operación de lavado de activos!

    8. Advertimos que las Farc no entregarían la totalidad de los miles de niños reclutados que según la Fiscalía llegaron a ser 11.700. Solo entregaron 122 niños.

    ¡Otra burla a Colombia¡

    9. Advertimos que el Gobierno subiría los impuestos para buscar recursos e invertirlos en el llamado postconflicto.

    En 2016 aprobaron la reforma tributaria que aumentó el IVA del 16% al 19%.

    El Gobierno mete la mano en nuestros bolsillos para cumplirle a las FARC.

    10. Advertimos el riesgo sobre la propiedad de la tierra.

    Al igual que en Venezuela, la revolución bolivariana creó el Instituto Nacional de Tierras para perseguir tierras que el chavismo considera como incultas o infrautilizadas, en Colombia se creó una Agencia Nacional para perseguir tierras con la extinción del dominio.

    Se persigue a los propietarios y se les pone en desventaja para defender su patrimonio legalmente obtenido.

    ¡Los hechos gritan la verdad!

    ¡Colombianos! ¿Qué tenemos un año después?

    ¡Estamos peor que hace un año, sufriendo las consecuencias de un Estado entregado al terrorismo!

    La economía gravemente afectada; reducción de la inversión; aumento del endeudamiento público; cultivos ilícitos disparados; disidencias de las Farc empoderadas y en aumento; colados de la mafia en los listados de miembros de la organización criminal; lavado de activos con bienes provenientes del delito.

    ¡No hay desarme total!

    El propio Presidente de la República anunció un inventario de 14.000 armas que FARC entregarían a la ONU. Al final entregaron menos de 9.000. ¿Dónde están las 5000 armas restantes? ¿Asesinando policías, masacrando militares, extorsionando, aterrorizando ciudadanos? ¿Las guardan para seguir delinquiendo?

    ¡No hay desmovilización absoluta!

    ¿Dónde están los milicianos? Nunca desmovilizaron todas las estructuras de milicias, conforme al conteo que de esos aparatos hace el Ministerio de Defensa.

    Pero el Gobierno no tiene voluntad de enmendar el camino que amenaza con llevarnos a ser la Venezuela de Chávez y Maduro.

    Siempre hemos querido la paz, pero defendemos la democracia y la libertad como el presupuesto para poder disfrutarla.

    Seguimos defendiendo las ideas que promovimos en la campaña del plebiscito y buscamos modificar el acuerdo, ajustarlo, corregirlo.

    ¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

    El jueves inscribimos el comité promotor del referendo para derogar los actos legislativos que incorporan el acuerdo a la Constitución, crean la Jurisdicción para la paz y permiten la participación en política de los responsables de crímenes atroces.

    Entre todos defendimos nuestra democracia y vencimos a la maquinaria y la corrupción en el plebiscito del 2 de octubre, y ahora, entre todos, recogeremos firmas para mantenernos vigoroso en este propósito.

    ¡Nunca más nos robaran el derecho a decidir!

    Que esta sea una ocasión para elevar las oraciones y ratificar el compromiso con las víctimas de la criminalidad y con nuestros héroes, los soldados, policías y agentes de seguridad que sacrificaron su vida e integridad para darnos a todos una posibilidad de vivir en paz en Colombia.

    Con las mayorías de Colombia, por la defensa de la libertad, por justicia, digamos todos: ¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

  • Legisladores del Hemisferio Denuncian Intervencionismo de la OEA en Asuntos Internos de los Países de la Región

    Lamentan que el Gobierno de Costa Rica Acuda a la Corte Interamericana Para que en la Región Se “Evite el Proceso en los Parlamentos”

    (San José, Costa Rica) – El Congreso Hemisférico de Parlamentarios, observatorio con sede en Washington, DC que reúne a legisladores de la región para promover el dialogo y cooperación entre estos en materia de derechos humanos, realizó hoy su primera visita “in situ” a San José, Costa Rica.  La delegación visitante estuvo compuesta por la senadora Paola Holguín (Colombia), el diputado Luis Hernández (Guatemala) y el diputado Apolinar Casillas (México).

    Durante la visita, la delegación se reunió con legisladores de todos los sectores políticos del país para dialogar particularmente sobre la protección del derecho a la vida, la institución de la familia y la libertad religiosa a través del Sistema Inter-Americano de Derechos Humanos.

    La delegación aprovechó la visita para denunciar al gobierno del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, por acudir a la Corte Inter-Americana para imponer en la región políticas particulares sobre la identidad de género y las uniones entre personas del mismo sexo, en menoscabo del estado de derecho y la democracia representativa en los países.  En mayo del 2016, el gobierno de Costa Rica solicitó a la Corte que emitiera una Opinión Consultiva en la que se pronunciara en cuanto al cambio de género, los derechos patrimoniales entre personas del mismo sexo y las uniones del mismo sexo, asuntos que son de exclusiva competencia interna de los países y que no están contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

    Durante una audiencia que se llevó a cabo en mayo del 2017, el abogado del gobierno de Costa Rica admitió que la intención de solicitar la opinión de la corte es lograr que en la región se pueda evitar el proceso legislativo sobre estos asuntos.

    Los miembros de la delegación compartieron con sus homólogos costarricenses su preocupación con que el Sistema Inter-Americano de Derechos Humanos esté siendo utilizado para adelantar agendas ocultas de ciertas elites ideológicas en contravención la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros acuerdos regionales.  En este sentido, pusieron al tanto a los legisladores del país sobre la Declaración Americana sobre la Independencia y Autodeterminación de los Pueblos en Asuntos Relacionados a la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa,  resolución firmada por más de seiscientos legisladores de estados miembros de la OEA, incluyendo doce diputados de Costa Rica, que denuncia la intervención indebida de la OEA, la Comisión y la Corte en estos asuntos que son de competencia interna de cada país.  La Declaración establece claramente que la OEA no puede adelantar interpretaciones de la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos o de cualquier otro tratado interamericano que se aparten del texto de dichos acuerdos para adelantar una ideología particular. De igual manera, advierte que la OEA y sus organismos afiliados no puede entrar en asuntos relacionados a al derecho a la vida y la familia sobre los cuales no tienen competencia bajo tratado alguno.

    “Nos sentimos muy agradecidos con las atenciones brindadas a nuestra delegación por los colegas parlamentarios de las diferentes bancadas políticas del país y esperamos que este diálogo constructivo en aras del fortalecimiento de la soberanía, democracia y el respecto a los derechos humanos continúe.  Necesitamos una OEA, una Comisión Interamericana y una Corte fuertes para defender la democracia y los derechos humanos en la región, pero estas deben respetar la soberanía de los estados miembros en aquellos asuntos que son de su competencia exclusiva”, dijo la senadora Paola Holguín de Colombia quien encabeza la delegación de parlamentarios.

    “Nos preocupa sobremanera el hecho de que la OEA esté transgrediendo el orden constitucional de los países de la región para empujar una agenda ideológica en asuntos que tengan que ver con la dignidad de la persona y la familia.  Independientemente de las posturas que uno pueda tener sobre sobre estos controvertibles temas, debemos reconocer que es a los parlamentos de cada país -a los representantes electos por los ciudadanos de cada país- a quienes le compete debatir y decidir estos asuntos. La discusión con la OEA no es de tipo ideológico, es de exigencia de respeto a la soberanía de los Estados y sus Parlamentos”, aseguró el diputado Apolinar Casillas de México miembro de la delegación de Parlamentarios.

    La diputada Nidia Jiménez del partido Acción Ciudadana agradeció la visita de la delegación y se comprometió a firmar la declaración de México “Me uno como una voz más a decirle al mundo y a Costa Rica respeto a soberanía de los pueblos, respeto a la auto denominación de la persona humana respecto a la familia y a la persona humana”

    Los diputados Mario Redondo del partido, jede bancada de Alianza Democrática Cristina y Fabricio Alvarado jefe de fracción Restauración Nacional, acompañaron a la delegación durante la conferencia de prensa y expresaron su apoyo total a los objetivos del Congreso Hemisférico de Parlamentarios del cual ambos son miembros firmantes de la declaración de México.

     

    Legisladores del Hemisferio Denuncian Intervencionismo de la OEA en Asuntos Internos de los Países de la Región

  • “Arias víctima: Gobierno miente sobre extradición, corrupción en justicia y falta de doble instancia”, Uribe

    Miami, Estados Unidos, 28 de septiembre de 2017 (CD). A continuación, declaración y rueda de prensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de terminarse la audiencia en una Corte de la Florida, en la cual un juez del distrito de Miami decidió la extradición del exministro Andrés Felipe Arias.


    Pregunta. Presidente Uribe: ¿cómo se siente con la decisión que acaba de tomar el juez Sullivan?
    Álvaro Uribe Vélez: Pues muy triste y quisiera hacer estos comentarios:

    Primero, a mí me parece que la Cancillería colombiana, el Gobierno de Colombia, ha engañado a los Estados Unidos y a la opinión pública. ¿Por qué los ha engañado? Porque allá hemos sabido que nosotros no podemos aplicar tratado de extradición con los Estados Unidos, porque no hay ley ratificatoria.

    El presidente Santos, cuándo envió a (Walid) Makled a Venezuela, que muchos le pedimos que no lo hiciera porque a este señor Makled le iban a aplicar la modalidad cubana de cárcel, esto es, aflojarle o apretarle el encarcelamiento, dependiendo de lo que dijera del gobierno, el presidente Santos dijo que lo mandaba a Venezuela porque con Estados Unidos no había tratado de extradición, y ahora dicen que sí hay tratado, cuando todas las extradiciones nosotros las hemos hecho con base en el código de procedimiento penal.

    Lo segundo es que han aflorado unas denuncias de corrupción en un sector de la Corte Suprema, que hay que considerarlas, que las hicimos desde la época. Por ejemplo, la ponente del caso de Andrés Felipe Arias, la magistrada María del Rosario González, decía que el gobierno nuestro la estaba persiguiendo, que yo había mandado a que la asesinaran, presentó un impedimento y no se lo aceptaron, y en lugar de retirarse ella de la ponencia, fue la ponente que condenó a Arias, y varios de los magistrados que firmaron esa sentencia contra Arias están acusados hoy  por corrupción.

    Y la Corte ha negado un recurso universal, que es el recurso de segunda instancia. Inclusive nosotros teníamos la expectativa de que en una reforma que hay en el Congreso ahora se aprobara la segunda instancia retroactiva, y la Corte mandó una carta diciendo que por las actuales circunstancias pararan esa reforma.

    Entonces muy apreciados comunicadores, yo les confieso, estoy muy triste.

    Lo segundo es que el Gobierno de Colombia ha engañado a la opinión internacional, a los Estado Unidos, porque el gobierno de Colombia ha dicho que hay tratado de extradición cuando no lo hay, ¿por qué?, porque la Corte en 1986 declaró inexequible la ley colombiana que ratificaba el tratado. Las extradiciones, por ejemplo, que hizo mi gobierno las hizo basado en el código de procedimiento penal, no en tratado de extradición.

    Me parece sumamente grave que el Gobierno de Colombia diga esto.

    Inclusive, cuando el presidente Santos tomó la decisión de mandar a Venezuela al narcotraficante Makled para complacer a Chávez, para que el narcotraficante Makled no acusara a las autoridades de Venezuela de narcotráfico, el presidente Santos dijo que con Estados Unidos no había tratado —que también había requerido a Makled —, que lo mandaba a Venezuela porque con Venezuela sí había tratado, y ahora cambia, ahora mandan un oficio diciendo que extraditen a Arias allá, que sí hay tratado, cuando Colombia no puede aplicar el tratado porque no hay ley ratificatoria en Colombia.

    Y es muy grave lo que ha pasado, ahora se conocen actos de corrupción de magistrados que firmaron la sentencia contra Arias, y la magistrada ponente, María del Rosario González, se quejaba de que el gobierno mío la perseguía, dijo que yo había mandado a asesinarla,  imagínense ustedes, y no le aceptaron el impedimento, y ella en lugar de retirarse del caso —que debió ser lo ético—, siguió como ponente y propuso la sentencia para condenar a Arias, y han negado el recurso de apelación que es un recurso universal.

    Nosotros teníamos la expectativa de que una ley que viene avanzando en el Congreso ordenara el recurso universal de segunda instancia de apelación retroactivamente, y ahora la Corte mandó una carta al Congreso diciendo que pararan esa reforma.

    O sea que el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del Gobierno de Colombia; el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una condena de una corte en la cual hay probados casos de corrupción, y el señor Arias vuelvo hoy a la cárcel en Estados Unidos cuando en Colombia no tiene la posibilidad de un recurso universal, que es el recurso de apelación.

    Pero seguimos en la lucha, con tristeza, pero seguimos en la lucha.

    Pregunta. ¿Presidente Uribe cuáles son las opciones ahora del ministro Arias? Usted que ha estado tan cerca de la defensa.

    Álvaro Uribe Vélez: Pues aquí hay recursos y los van incoar, a proponer, pero la orden del juez es que mientras eso se tramita tiene que estar en la cárcel.

    En Colombia nosotros vamos a seguir la lucha, nosotros vamos a insistir en que pueda haber una apelación retroactiva, que la Corte la ha negado, y por supuesto, yo llegué a las 3 de la mañana a los Estados Unidos, voy a devolverme ya por Panamá–Barranquilla porque tengo que estar en Santa Marta en un foro del partido a las 9 de la mañana.

    Vamos a seguir esta lucha, queridos comunicadores.

    Pregunta. Presidente Uribe, una última pregunta: la Fiscalía le recomendó al exministro Arias que se entregue a la justicia colombiana. ¿Usted está de acuerdo con eso?

    Álvaro Uribe Vélez: Si no tiene recursos, si tuviera recursos sí, pero no se los dieron y no hay posibilidades ahora que se los den. Estoy seguro que si al ministro Arias le dieran allá ese recurso universal, que es el recurso de apelación, el exministro Arias desistiría de avanzar en este procedimiento aquí, y estaría sometido allá a la Corte.

    Pero además del caso de corrupción, además de la opinión con la cual el Gobierno Nacional, sobre extradición, ha engañado a los Estados Unidos, además de todo eso, hay una negativa a que el ministro Arias tenga un recurso que debe tener cualquier persona en el mundo, que es el recurso de apelación.

    Pregunta. ¿Corre riesgo la vida del exministro Arias una vez llegue a Colombia?

    Álvaro Uribe Vélez: Mire, para no hacer especulaciones, hay un tema gravísimo en esto, que se lo repito: un gobierno que mintió, que dijo que hay extradición por tratado cuando no tenemos un tratado que sea aplicable. Segundo, casos probados de corrupción en un sector de la Corte Suprema. Y tercero, le han negado al exministro Arias, como a muchos de los colombianos y de mis compañeros, un recurso universal que es el recurso de apelación. Esto es lo fundamental

    (FIN)

  • Radicado comité promotor para derogar tres actos legislativos de los acuerdos de paz con las Farc

     

    Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2017. Ante la Registraduría General de la Nación, los congresitas Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada radicaron el comité promotor para recoger firmas que permitan derogar vía referendo tres actos legislativos que fueron aprobados por fast track en el congreso de la República, la Justicia Especial de Paz, el blindaje de los acuerdos y la participación política de las Farc.

    La senadora Valencia explicó que “usando el artículo 377 de la Constitución hemos radicado el comité promotor para recoger el 5% de firmas del censo electoral, para que nos convoquen a un referendo donde los colombianos podamos rechazar la incorporación de estos acuerdos, rechazar la Jurisdicción Especial para las Farc y rechazar que eso acuerdos entren en la Constitución y que los criminales de lesa humanidad puedan hacer política”.

    Aclaró que “el referendo del artículo 377 de la Constitución no tiene que pasar por el Congreso, ni tiene que pasar por la Corte Constitucional. Este es un referendo que le devuelve el poder constituyente al ciudadano la posibilidad de decidir si las reformas constitucionales pueden hacerse o no pueden hacerse. Estamos convocando es a la ciudadanía”.

    A su vez el representate Prada dijo que “esta es una consecuencia al conejo que le hicieron al pueblo colombiano cuando se robaron el resultado del plebiscito. El pueblo colombiano dijo no, ganamos las elecciones, sin embargo, el Presidente y las Farc impusieron un acuerdo. Ahora es el pueblo quien tiene la oportunidad de modificar sustancialmente el acuerdo porque este referendo derogatorio que estamos impulsando, es para modificar o para derogar la Justicia Especial de Paz, la incorporación del acuerdo en la Constitución y la participación de las Farc en política.

    La Registraduría tiene 15 días habiles para aceptar el comité y emitir los formularios, inmediatamente después se contaría con seis meses para recoger las firmas de los colombianos. Se calculan que serían alrededor de 1´785.000 firmas pero para un total exacto es necesario esperar que la Registraduría entregue datos del úlimo censo electoral.

     

    Colombia no se rinde; Resistencia Civil

     

     

    (Fin)

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