• “Miente Sergio Jaramillo. En El Centro Democrático lo que hemos pedido es un tratamiento justo para nuestras Fuerzas Armadas”: Uribe

    Miente Sergio Jaramillo, nosotros en el Centro Democrático lo que hemos pedido, reiteradamente, en el discurso, en el diálogo y en proyectos de ley y de Acto Legislativo, es un tratamiento justo para nuestras Fuerzas Armadas, democráticas y no dictatoriales, que incluya, entre otros, los siguientes puntos:

    1. No igualarlas con el terrorismo;

    2. Dar libertad condicional a quienes hayan cumplido 5 años de detención, por imputaciones o condenas por hechos que se comprendan entre determinadas fechas;

    3. Permitir una instancia o un tribunal para revisar sentencias condenatorias ejecutoriadas, a fin de que puedan defender la honra;

    4. Eliminar la norma de la JEP que crea el riesgo de que los integrantes de las Fuerzas Armadas tengan que admitir delitos no cometidos para garantizar su libertad;

    5. Siempre hemos repetido que la responsabilidad de los comandantes militares y de policía no se puede igualar a la de los cabecillas del terrorismo; en las Fuerzas Armadas debe partirse del principio de que su misión es el cumplimiento de la ley, lo contrario del terrorismo cuya tarea es el delito, así lo llamen derecho a la insurgencia. Esto hace que en la institución armada se deba presumir que el comandante ordena cumplir la ley, y en el terrorismo el cabecilla ordena violarla;

    6. Nos oponemos a que a los integrantes de las Fuerzas Armadas les apliquen un concepto sesgado de culpa que se quiere tipificar como delito.

    Álvaro Uribe Vélez

    Medellín, 21 de febrero de 2017

    (FIN)

  • El Centro Democrático no propondrá revocar los acuerdos con Farc, pero luchará para introducir los ajustes que taponen el camino castro-chavista

    (Apoyo a desmovilizados de base y a víctimas
    Pero: impunidad y elegibilidad de delitos atroces, riesgo castro-chavista, precedente de desconocimiento del plebiscito y abuso de Fast Track: conductas que invitan a la corrupción).

    Que quede claro: apoyamos la reinserción generosa de los guerrilleros de base.

    “Qué peligro el Centro Democrático que quiere revocar el acuerdo con Farc”, es la advertencia del Gobierno y del doctor De la Calle, uno de sus candidatos.

    Parecen especializados en la arquitectura de destrucción del Estado Democrático. Que la Constitución de 1991 trajo aspectos positivos, no se puede negar, y también malos como el gigantismo burocrático, la atomización politiquera de la justicia, la profesionalización económica de la política, los derechos de prestaciones económicas que parecerían, según algunos intérpretes, no tener topes de costos, y otros.

    No olvidaré que Carlos Gaviria, mi admirado profesor y respetado contradictor, dijo a algunos de mis compañeros, que no aceptaba ser candidato a la Constituyente por la manera como se había convocado y porque la Constitución de 1886 estaba sin aplicar.

    La Constituyente fue convocada por un decreto de Estado de Sitio, finalmente declarado exequible por la misma Corte que había decretado la inexequibilidad de la Constituyente del Presidente López Michelsen, que debió reformar la justicia y el régimen territorial, y de la Reforma Constitucional del Presidente Turbay, que anticipó algunos aspectos de la Constitución de 1991. Todavía asombra que el Decreto de Estado de Sitio pasara el examen de constitucionalidad y no así lo aprobado juiciosamente por los congresos de la época.

    Con el Decreto de Estado de Sitio se creó un precedente de riesgo a la democracia, mitigado por el buen juicio de la mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

    Los arquitectos del riesgo institucional de entonces son los mismos que ahora, en asocio con Farc, se han inventado la manera de conceder impunidad y elegibilidad política a los responsables de delitos atroces, han convertido al narcotráfico en delito político, han inspirado el desconocimiento del Plebiscito y quieren hacer del Fast Track un poder para dictar normas sobre lo humano y lo divino.

    Estos arquitectos del riesgo institucional han tenido la ayuda de la Corte Constitucional, que les dijo que no necesitaban otro plebiscito, sentencia que a los del No también nos alegró el oido con la sugerencia de que se podía convocar.

    El Centro Democrático tiene claro que hay que proteger y dar todas las oportunidades a los guerrilleros de base desmovilizados, además que la protección de las víctimas quedó a medio camino.

    Sin embargo, la opinión pública debe considerar que hay reparos muy importantes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Procuraduría y de la Fiscalía, que se suman a los puntos fundamentales que le desconocieron a los votantes del No.

    Según el Gobierno y el doctor De la Calle tendremos que aceptar la sustitución de la justicia por magistrados de su militancia política; que sus fallos no se puedan revisar por la justicia ordinaria; que para los cabecillas de Farc, el narcotráfico sea delito político a pesar que a futuro se le legisle como delito atroz; que para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como el secuestro de menores, las sanciones sean risibles, peor que simbólicas, e inaplicables debido a la elegibilidad simultánea; que jueguen con el respeto a los niños; que la farc-política quede impune y los extorsionados del paramilitarismo en la cárcel; que se nieguen los derechos a nuestras Fuerzas Armadas democráticas; que se desconoció el Plebiscito pero que todo el acuerdo sea Bloque de Constitucionalidad durante tres gobiernos; que en nombre de la paz con Farc nos vayan conduciendo a una economía privada anémica, de grados chavistas; que los inventos del Fast Track y las excusas para desconocer el Plebiscito, además del grave precedente que generan, sirvan de soporte para cambiar cuanto se les ocurra del ordenamiento estatal. Etc…

    Y el Gobierno y sus asesores, tan temerosos de la Farc como de Maduro, en lugar de introducir ajustes, de aceptar reclamos lógicos, pretenden crear pánico contra el Centro Democrático.

    Nunca se pensó en la disminuida Farc, que el Gobierno que en 2010 se eligió para completar su desarticulación y la del narcoterrorismo, procediera como su escribano.

    El Centro Democrático no propondrá revocar los acuerdos con Farc, pero luchará para introducir los ajustes que taponen el camino castro-chavista.

    Álvaro Uribe Vélez

    Medellín, Febrero 19 de 2017

  • El Centro Democrático no propondrá revocar los acuerdos con Farc, pero luchará para introducir los ajustes que taponen el camino castro-chavista

    (Apoyo a desmovilizados de base y a víctimas
    Pero: impunidad y elegibilidad de delitos atroces, riesgo castro-chavista, precedente de desconocimiento del plebiscito y abuso de Fast Track: conductas que invitan a la corrupción).

    Que quede claro: apoyamos la reinserción generosa de los guerrilleros de base.

    “Qué peligro el Centro Democrático que quiere revocar el acuerdo con Farc”, es la advertencia del Gobierno y del doctor De la Calle, uno de sus candidatos.

    Parecen especializados en la arquitectura de destrucción del Estado Democrático. Que la Constitución de 1991 trajo aspectos positivos, no se puede negar, y también malos como el gigantismo burocrático, la atomización politiquera de la justicia, la profesionalización económica de la política, los derechos de prestaciones económicas que parecerían, según algunos intérpretes, no tener topes de costos, y otros.

    No olvidaré que Carlos Gaviria, mi admirado profesor y respetado contradictor, dijo a algunos de mis compañeros, que no aceptaba ser candidato a la Constituyente por la manera como se había convocado y porque la Constitución de 1886 estaba sin aplicar.

    La Constituyente fue convocada por un decreto de Estado de Sitio, finalmente declarado exequible por la misma Corte que había decretado la inexequibilidad de la Constituyente del Presidente López Michelsen, que debió reformar la justicia y el régimen territorial, y de la Reforma Constitucional del Presidente Turbay, que anticipó algunos aspectos de la Constitución de 1991. Todavía asombra que el Decreto de Estado de Sitio pasara el examen de constitucionalidad y no así lo aprobado juiciosamente por los congresos de la época.

    Con el Decreto de Estado de Sitio se creó un precedente de riesgo a la democracia, mitigado por el buen juicio de la mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

    Los arquitectos del riesgo institucional de entonces son los mismos que ahora, en asocio con Farc, se han inventado la manera de conceder impunidad y elegibilidad política a los responsables de delitos atroces, han convertido al narcotráfico en delito político, han inspirado el desconocimiento del Plebiscito y quieren hacer del Fast Track un poder para dictar normas sobre lo humano y lo divino.

    Estos arquitectos del riesgo institucional han tenido la ayuda de la Corte Constitucional, que les dijo que no necesitaban otro plebiscito, sentencia que a los del No también nos alegró el oido con la sugerencia de que se podía convocar.

    El Centro Democrático tiene claro que hay que proteger y dar todas las oportunidades a los guerrilleros de base desmovilizados, además que la protección de las víctimas quedó a medio camino.

    Sin embargo, la opinión pública debe considerar que hay reparos muy importantes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Procuraduría y de la Fiscalía, que se suman a los puntos fundamentales que le desconocieron a los votantes del No.

    Según el Gobierno y el doctor De la Calle tendremos que aceptar la sustitución de la justicia por magistrados de su militancia política; que sus fallos no se puedan revisar por la justicia ordinaria; que para los cabecillas de Farc, el narcotráfico sea delito político a pesar que a futuro se le legisle como delito atroz; que para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como el secuestro de menores, las sanciones sean risibles, peor que simbólicas, e inaplicables debido a la elegibilidad simultánea; que jueguen con el respeto a los niños; que la farc-política quede impune y los extorsionados del paramilitarismo en la cárcel; que se nieguen los derechos a nuestras Fuerzas Armadas democráticas; que se desconoció el Plebiscito pero que todo el acuerdo sea Bloque de Constitucionalidad durante tres gobiernos; que en nombre de la paz con Farc nos vayan conduciendo a una economía privada anémica, de grados chavistas; que los inventos del Fast Track y las excusas para desconocer el Plebiscito, además del grave precedente que generan, sirvan de soporte para cambiar cuanto se les ocurra del ordenamiento estatal. Etc…
    Y el Gobierno y sus asesores, tan temerosos de la Farc como de Maduro, en lugar de introducir ajustes, de aceptar reclamos lógicos, pretenden crear pánico contra el Centro Democrático.

    Nunca se pensó en la disminuida Farc, que el Gobierno que en 2010 se eligió para completar su desarticulación y la del narcoterrorismo, procediera como su escribano.

    El Centro Democrático no propondrá revocar los acuerdos con Farc, pero luchará para introducir los ajustes que taponen el camino castro-chavista.

    Álvaro Uribe Vélez
    Medellín, Febrero 19 de 2017

  • “Acompañamos la lucha de los venezolanos y de la oposición” Senadora Paola Holguín

    Bogotá D.C., 14 de febrero de 2017. Tras duro mensaje del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, contra el régimen de Nicolás Maduro en la plenaria del Senado de la República de Colombia, la senadora Paola Holguín manifestó:

    “Nosotros tenemos la obligación como demócratas, como hijos de una historia común con el pueblo venezolano, y como miembros de la OEA, de acompañar en este momento la lucha del pueblo de Venezuela y la oposición contra un régimen antidemocrático, mafioso y corrupto.

    Desde el Centro Democrático hemos apoyado la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática basados en un informe de esa organización, 132 páginas que reflejan la grave crisis que hoy enfrenta Venezuela, y donde se busca intervenir desde las herramientas que nos da la democracia.

    Nosotros también nos hemos sumado a las voces de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Right Watch sobre la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano y las violaciones a miles de nuestros conciudadanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

    Coincidimos con el Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en que nuestra democracia, que es la más antigua y solida de América Latina, no puede tener a un enemigo de la democracia, y a un aliado histórico del terrorismo, posando de garante de paz.

    Nosotros desde Colombia queremos reiterar el llamado a los organismos de justicia y a la Fuerza Pública venezolana para que estén del lado del pueblo, de la Constitución y la Ley, y no de la dictadura.

    Reiteramos nuestra invitación a la comunidad internacional para que acompañe a Venezuela en la necesaria transición a la democracia. Celebramos las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el vicepresidente venezolano, a quien se le culpa de lavado de activos, de tráfico de droga a Estados Unidos y México, y de alianza con una organización criminal como los Zetas.

    Sabemos de la complicidad de miembros del narcorégimen con miembros de las Farc, y lo que queremos decir hoy desde el Centro Democrático, desde este Congreso, al pueblo venezolano es que tenemos con ellos y con la oposición toda la solidaridad”.

    (Fin)

  • Comunicado de la dirección

    La directora y representante legal del partido Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, ratificó este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la solicitud formulada a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la investigación que lleve a esclarecer las supuestas declaraciones del publicista brasileño, Duda Mendoza, conocidas en días pasados a través de la Revista ‘Veja’, de Brasil.

    Igualmente, reiteró estar dispuesta a colaborar para que se esclarezcan los hechos y el país tenga la tranquilidad de la trasparencia en las actuaciones de todos los militantes que tienen interés en participar en futuras contiendas electorales.

    (Fin)

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