• Comunicado de la precandidata María del Rosario Guerra

    Bogotá, 29 de noviembre de 2017

    En el día de hoy y siguiendo el acuerdo entre los precandidatos del 16 de noviembre del presente año, he sido informada por el comité garante del proceso, que obtuve el menor puntaje en la primera encuesta realizada por el Partido Centro Democrático para la escogencia de candidato a la Presidencia de la República. Acepto la regla y no continúo siendo parte del proceso.

    Reafirmo mi inmensa gratitud al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por haberme invitado a participar como uno de sus precandidatos.

    Con orgullo, alegría y espíritu constructivo recorrí gran parte del país en estos ocho meses, manteniendo un diálogo permanente con los ciudadanos, con nuestros líderes y nuestras bases. Estructuré un programa de gobierno que dejo al servicio de mi partido.

    Invito a los precandidatos que siguen en este proceso a que pongan los intereses del país y de este proyecto político por encima del anhelo de ganar la candidatura.

    A los militantes del partido, a los seguidores, los invito a la unidad, a defender el legado del Presidente Uribe y a materializar los principios del Centro Democrático, de fe y esperanza en Colombia. Tenemos que mantenernos unidos alrededor del candidato escogido, para conseguir el fin último que es ganar la Presidencia de Colombia.

    Mi gratitud a mi equipo de colaboradores, congresistas, diputados, concejales, ediles y miembros de los diferentes directorios, que me acompañaron en este proyecto con el propósito de enarbolar las banderas de este partido y dirigir la Nación.

    Inicié mi precandidatura encomendándome a Dios y hoy le pido que siga protegiendo a nuestra Patria y a este proyecto político. Colombia tiene que recuperar el rumbo con Mano Firme Otra Vez.

    María Del Rosario Guerra
    Senadora de la República

    (Fin)

  • ALCANCE RESTRINGIDO DE LA CONCILIACIÓN: JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

    Al parecer, en el Congreso se está abriendo paso el criterio según el cual las comisiones de conciliación pueden adoptar decisiones de fondo, e inclusive introducir normas que han sido negadas en los debates adelantados en comisiones y plenarias de las cámaras.

    Se trata de un grave error, que implica, ni más ni menos, convertir el trámite de la conciliación en un nuevo debate, además de los previstos por la Carta Política.

    Las comisiones de conciliación no son comisiones permanentes en el Congreso. Son comisiones accidentales, que se desintegran una vez han cumplido su tarea, consistente en acordar un texto de los artículos integrantes de un proyecto de lEy o de acto legislativo, para ser llevado a las plenarias, con miras a su adopción. Para que no haya textos diferentes en el contenido final del proyecto que habrá de convertirse en ley o en acto legislativo.

    Dice, en efecto, el artículo 161 de la Constitución, reformado en 2003:

    “Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría.

    Previa publicación por lo menos con un día de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Si después de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considera negado el proyecto”.

    Eso es todo. Se trata de una tarea orientada únicamente a redactar, para el posterior estudio y decisión de las plenarias, textos unificados de artículos en los que la redacción aprobada por la Cámara es distinta de la aprobada en el Senado.

    Es evidente que esas comisiones no pueden “resucitar” normas ya negadas, ni crear nuevos artículos, ni excluir disposiciones sustanciales ya aprobadas por las cámaras. Y, además, entre un texto aprobado en una cámara pero negado en otra, de tal manera que no existe, la conciliación no puede ser la oportunidad de reabrir debates ya cumplidos o de provocar la rehabilitación del texto negado por una de las cámaras. En tales casos, sencillamente, el artículo correspondiente quedó “hundido”. Se estima que fue negado, y no puede “revivir”.

    Entender esto es muy importante, para evitar vicios de inconstitucionalidad.

  • Con la palabra paz Santos ha tenido engañados a los colombianos y a la comunidad internacional: Paola Holguín 

    Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2017. En plenaria del Senado de la República, la senadora Paola Holguín dejó la siguiente constancia:

    “El pasado 16 de noviembre, tuve la oportunidad de reunirme en Bilbao con el Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del País Vasco Jonan Fernández, ex concejal de Herri Batasuna (antiguo brazo político de ETA, declarado ilegal en 2003), promotor del diálogo, el acuerdo y la reconciliación desde el movimiento social Elkarri y la fundación Baketik.

    Comparto algunas conclusiones del encuentro:

    1. Desde 1988, España vivió seis intentos de negociación con ETA, que fracasaron por la visión maximalista que esta organización terrorista planteó todo el tiempo.
    1. El proceso de cese al fuego y desarme que se dio en los últimos años de manera unilateral, se debió a la presión de todos sectores sociales que proscribieron el uso de la violencia y el terrorismo, como herramienta política.
    1. Hoy ETA mantiene unos 350 presos, aproximadamente 80 de ellos en Francia, quienes han salido en libertad, lo han hecho por pena cumplida. La única concesión que se les otorgó por temas humanitarios es la reclusión en cárceles cerca de sus familias, pero aún no se ha materializado la medida.
    1. De las 1.100 víctimas que dejó el enfrentamiento con ETA, sólo 20 casos aproximadamente, están sin esclarecer y 300 parcialmente esclarecidos.
    1. Hoy se busca acompañamiento para el proceso de reinserción de quienes manifiesten arrepentimiento y se busca una reflexión crítica y explicita de la violencia de ETA.
    1. Contrario a lo que establece la Constitución colombiana, en España, quienes son condenados a penas privativas de la libertad, recuperan sus derechos políticos una vez cumplida la condena -TODOS, no solo etarras-; salvo que se les inhabilite explícitamente en la sentencia, como sucedió en el caso de Arnaldo Otegi.
    1. Cada vez que se reflexiona con extranjeros sobre el proceso de La Habana, se confirma que con la dulce palabra paz, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha mentido sistemáticamente, no sólo a los colombianos, sino a la comunidad internacional.
    1. Algunos Gobiernos, como el de Mariano Rajoy, que han apoyado el proceso de La Habana, jamás estarían dispuestos a adelantar una negociación en las condiciones y con las concesiones que se otorgaron en Colombia, cabe preguntar si sus víctimas valen más que las nuestras y si su democracia y sus instituciones merecen más respeto que las colombianas.
    1. Las lecciones que quedan de lo ocurrido con ETA, son:
    • El diálogo debe venir precedido de la renuncia a la violencia y el terrorismo.
    • Las condiciones no las imponen los criminales, sino la institucionalidad.
    • La motivación política a la hora de cometer delitos, no exime ni atenúa la culpa.
    • Cuando la sociedad en su conjunto cierra filas contra la violencia y el terrorismo, los criminales no tienen otra vía que el sometimiento a la justicia. Son ellos quienes deben reinsertarse a la sociedad y no al contrario.
    • No se pueden permitir falsas simetrías, entre los que trastornan el ordenamiento constitucional y legal, y la sociedad que vive en democracia respetándolas y acatándolas.
    • Se requiere arrepentimiento de los victimarios, reconocimiento de su error, justicia y proscripción pública del uso de terrorismo o cualquier forma de violencia.”

     

    (Fin)

  • QUÓRUM Y MAYORÍAS

    La voz del Derecho

    Por: José Gregorio Hernández Galindo
    8 de noviembre de 2017

    A propósito del trámite que se sigue en el Congreso con el objeto de aprobar la ley estatutaria para la Justicia Especial de Paz (JEP), el Presidente del Senado confunde dos conceptos que la Constitución distingue claramente: quórum (que puede ser deliberatorio o decisorio) y mayorías (que pueden ser ordinarias o calificadas).

    El quórum es el número mínimo de miembros de la respectiva comisión o cámara, o del Congreso pleno, que deben estar presentes para que esa comisión o cámara, o el Congreso en pleno, puedan entrar a deliberar o a decidir. Según el artículo 145 de la Constitución, para deliberar se debe reunir un quórum (congresistas presentes en el recinto) de por lo menos la cuarta parte de los miembros de la comisión o cámara. En el caso del Senado, de 102 senadores, se requiere, entonces, un número de 27, cuando menos. Para decidir, el artículo 145 constitucional exige la mayoría de los miembros de la corporación o comisión, es decir, la mitad más uno de los miembros. En el Senado, se requieren, por lo menos 51 senadores presentes para poder entrar a votar. A menos que la Constitución exija un quórum diferente.

    La mayoría es distinta. Es el número mínimo de votos requerido para que un proyecto o proposición se entienda aprobado. La mayoría ordinaria, es decir el número de votos que por regla general se requiere, es, según el artículo 146 de la Carta Política, de la mayoría de los asistentes. Esto es, la mitad más uno de los presentes, sobre la base de que haya quórum decisorio. Es una mayoría relativa.

    Pero la Constitución también exige mayorías calificadas, para algunos temas, en que ella quiere superar el número de votos. Así, la mayoría absoluta, en que se cuentan los votos, no sobre el número de los asistentes sino sobre el número total de los miembros. Y hay casos en que se exigen las dos terceras partes de los asistentes o de los miembros.

    Una norma aprobada en el Acto Legislativo 2 de 2015, hoy incluida en el artículo 134 de la Carta, dice:”Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas”.

    Es decir, cuando se trate de establecer el número de miembros que deben estar presentes para deliberar o para decidir, del número total de miembros se disminuirá el de los afectados por la denominada “silla vacía” -que no pueden ser reemplazados, según las nuevas normas- y el de los congresistas a quienes les haya sido aceptado un impedimento o a cuyo respecto haya prosperado una recusación. No pueden votar en el asunto respectivo y no se tienen en cuenta para el quórum -número de individuos presentes-, sencillamente porque no pueden estar presentes.

    Pero, como ha habido dificultad en alcanzar las mayorías calificadas para aprobar la ley estatutaria, ahora se quiere aplicar a las mayorías requeridas esa regla excepcional, prevista en la Constitución sólo para efectos de quórum.

    Lo están interpretando para disminuir la mayoría requerida, restando a los de la silla vacía y a los congresistas cuyos impedimentos han sido aceptados. En el caso de una ley estatutaria la mayoría es mayoría absoluta de los miembros del Congreso, según el artículo 153 de la Constitución.

    Dice la norma especial en la parte pertinente, sobre leyes estatutarias, que consagra una mayoría calificada, más exigente que la ordinaria y, por tanto, obligatoria:

    “ARTICULO 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura”.

    Y no se puede disminuir esa mayoría calificada aplicando una regla relativa al quórum. Confunden así quórum con mayorías para disminuir el número de votos requeridos. La norma se refiere a quórum, no a mayorías.

    Grave error, que, si la Corte Constitucional atiende a su propia y reiterada jurisprudencia, llevará a una inexequibilidad de cuanto se apruebe bajo esa equivocada interpretación.

  • Centro Democrático lamenta fallecimiento de su Director Honorario, Dr. Fabio Echeverri Correa

    El Centro Democrático lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Fabio Echeverri Correa, quién se destacó por su gran valor patriótico y su influyente papel en la vida política y productiva del país.

    El Partido acompaña el dolor que embarga a la familia del doctor Echeverri, a su esposa Helena, su hijo Luis Guillermo y sus nietos.

    Echeverri Correa, quien nació en Medellín el 20 de abril de 1933, fue el primer economista que graduó la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fue supernumerario del Banco de Colombia en Bogotá y luego, gerente de la regional de Antioquia. Después estuvo en el Banco Comercial Antioqueño y en su filial Almagrán.

    Gerenció las Empresas Varias de Medellín, Simesa (Siderúrgica de Medellín) y Holasa (Productora de láminas de aluminio), y fue Senador de la República.

    Su emprendimiento y carácter lo llevaron a ser uno de los grandes líderes en el progreso socioeconómico del país y la región: durante 17 años fue Presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), desde donde marcó una historia en la dirigencia gremial empresarial; también jugó un papel importante en el Pacto Andino y en la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Industriales.

    Siempre fue un fervoroso apasionado por el campo colombiano, vinculado al sector lechero.

    A lo largo de más de 25 años, estuvo estrechamente relacionado con la Fundación Clínica Shaio, primero como asesor y luego como miembro de junta directiva de la cual fue su presidente durante los últimos 18 años.

    Echeverri Correa gerenció las dos campañas presidenciales del doctor Álvaro Uribe Vélez, gestión transparente y exitosa que siempre es destacada en todos los escenarios por el expresidente de la República; así mismo fue asesor suyo durante sus dos gobiernos e hizo parte de la Junta de Ecopetrol por años.

    Ayudó en la constitución del Partido Centro Democrático, del cuál era Director Honorario y desde donde contribuyó al compromiso con la defensa de los valores democráticos.

    La Bancada de Senadores, Representantes a la Cámara, diputados, concejales y ediles, la Dirección Nacional, los Directorios Departamentales y Municipales y todos los miembros del partido expresamos nuestro sentimiento de tristeza y solidaridad a toda la familia Echeverri Correa y pedimos a Dios, con nuestras oraciones, por el eterno descanso del doctor Fabio.

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