• “Angustia nuevo cierre arbitrario de la frontera” Senadora Paola Holguín

    Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2016. En sesión de la Comisión Segunda la senadora Paola Holguín manifestó preocupación por el nuevo cierre en la frontera con Venezuela, dijo: “vemos con angustia este nuevo cierre arbitrario por 72 horas donde no solo se están vulnerando los derechos de los venezolanos sino de un montón de colombianos que supuestamente ya van a ser delincuentes por haberles vendido a los venezolanos”.

    Hizo un llamado para reactivar la comisión especial que se había creado para el tema fronterizo. Sostuvo que es muy grave el silencio que guarda el Gobierno y la Cancillería, y pidió a la Canciller que “cumpla su misión y haga respetar los derechos de los colombianos que han sido vulnerados de manera sistemática durante los últimos años por el régimen venezolano”.

    Holguín insistió en que “una cosa son las buenas relaciones con los vecinos, y otra cosa es la debilidad para cumplir la obligación y la misión que tenemos de hacer respetar los derechos de los colombianos. Aquí el silencio ha sido cómplice y la postura ha sido vergonzosa, hiriendo a nuestros connacionales que han estado desprotegidos”.

    Para finalizar sugirió que se revise si el esfuerzo se está haciendo mal “porque el problema de fondo, que es violentar la soberanía, maltratar y desconocer los derechos de nuestros conciudadanos, sigue dándose”.

    (Fin)

  • Mis errores son las excusas del Gobierno que esgrime la paz para anular la democracia

    Tienen la tendencia a justificar sus errores con el cuento “es que Uribe también lo hizo”.

    Y lo han dicho en muchos casos y varias personas. Y lo escribe un contratista del Gobierno, muchos de cuyos artículos son dictados desde la Presidencia de la República. Acusa que mi discurso sobre el balance entre Paz y Justicia, pronunciado en la ONU en 2003, es contrario a lo que hoy digo, nada más inexacto. Lo que hemos pedido de amnistía para los guerrilleros de base y sentencias reducidas para cabecillas responsables de delitos de lesa humanidad, es coherente con aquel discurso. Incluso, tampoco es contradictorio, que en aras de facilitar acuerdos de paz, hayamos sugerido colonias agrícolas pero con condiciones de reclusión penitenciaria, que el Gobierno ni consideró. O que en contra de lo que consideramos más conveniente hayamos sugerido que la elegibilidad se condicione al previo cumplimiento de la pena.

    Y pasando al Gobierno nunca pudimos que entendiera que nuestro llamado al Pacto Nacional sobre la Paz, llevaba la oferta de la búsqueda compartida de opciones.
    La respuesta del Presidente, manida y apurada, es que yo ayudé en lo del M19 y en estos tiempos me opongo al acuerdo con Farc. Veremos.

    Mi participación ocurrió en el Congreso post Constitución de 1991, en efecto pedí, en público como suelo hacerlo, en la plenaria del Senado, que cumplieran lo acordado con el M19, esto a raíz de una noticia de reapertura de causa judicial contra sus integrantes. Antes se había hecho la paz con esta organización, sus miembros habían entregado las armas, pedido perdón, habían recibido el beneficio del indulto, habían estado en el gabinete ministerial, participaron con la tercera parte de la Constituyente de 1991 y se encontraban en ese Congreso de 1992. Consideré grave ese cambio judicial no obstante que nada tuve que ver con los acuerdos. No existía el limitante de la Corte Penal.

    Confieso que no sé si me equivoqué o acerté, pero lo hice abiertamente, de cara al país, de buena fe.

    Desmovilizados de varios grupos trabajaron conmigo en la Gobernación de Antioquia y en la Presidencia de la República. Reclaman mis críticos la elección en nuestras filas de Everth Bustamante, también fue colaborador de mi Gobierno, nunca responsable de delitos atroces.

    Lo cierto es que la impunidad total, que es contraria al balance entre Paz y Justicia, ha sido creadora de más violencia en Colombia, y en el futuro tiene serios riesgos jurídicos.

    Confieso también que pensando en el futuro del país he sido incapaz de aceptar impunidad total para las atrocidades de Farc.

    Recuerdo que en 1991 se nos dijo que con esos procesos de paz se cerraba el ciclo de política armada en Colombia, que en adelante los grupos que lo intentaran serían tratados como terroristas. Los mismos actores oficiales, que dijeron aquello, en la actualidad califican al terrorismo de Farc como política con armas. Expresan que en 2016 es cuando se cierra el ciclo. Así las cosas ¡qué podemos esperar que les escuchemos en el futuro sobre disidentes de Farc, Eln, bandas criminales y otros!
    He repetido que las discusiones sobre ventajas electorales a delincuentes, que de manera pública permití en mi Gobierno, fueron simplemente eso, discusiones, que jamás cambié las restricciones de elegibilidad. Y he agregado que de no aceptar lo que tantas veces he explicado, tomen aquellas declaraciones como errores míos y no los repitan.

    Cada vez que este Gobierno me asigna un error, mi esperanza de que lo corrijan se torna en la tristeza de que lo usan para justificar su repetición.
    Claro que se les olvidó repetir la seguridad democrática, la lucha contra el narcoterrorismo, la confianza inversionista, la cohesión social, la austeridad, el diálogo afectuoso con la base popular de la Nación.

    Escribo estas líneas con la angustia democrática de temer al Fast Track, sin el plebiscito que el Gobierno perdió y después eludió, todo en beneficio del terrorismo, con anulación de debates y de procedimientos democráticos, como en nombre de la paz lo han hecho las dictaduras.

    Las escuelas democráticas de derecho enseñan que las normas jurídicas son para someter al poder, no para que el poder someta a las libertades, nunca para ayudar a los abusos del poder.

    He escuchado a muchos colombianos declarar que están fatigados, que quieren aceptar todo a regañadientes. Pero los dirigentes políticos no pueden renunciar a las nuevas y duras tareas, es un compromiso con la ciudadanía. Cuidado: la fatiga de los dirigentes es la rendición de los principios.

    Álvaro Uribe Vélez
    Rionegro, Antioquia, 11 de diciembre de 2016.

  • OJO A LA DEMOCRACIA

    Por: Diana Sofía Giraldo

    Las reacciones populares espontáneas, dolidas y furiosas que llenan las pantallas de la televisión disparadas por el crimen atroz de Yuliana Samboní, son apenas la cresta de una ola que le advierte al país: hay mar de fondo. Un tenso, profundo y bravío mar de fondo.

    Nadie convocó a los manifestantes que se congregaron para protestar con carteles improvisados y gritos adoloridos, con el ánimo exaltado y la indignación reflejada en el rostro, afanados por dejar su testimonio, acompañado de flores y de velas encendidas. Los había de todos los estratos sociales, incluyendo unos pocos que intentaban aprovechar la tragedia como un episodio de la lucha de clases.

    El crimen fue la chispa detonante de un estado de alma explosivo, que mezcla sentimientos de frustración, amargura, impotencia y un cansancio infinito de soportar una cadena de desengaños cuya repetición menosprecia la dignidad personal y colectiva.

    Valores comunes, que costó tanto tiempo y esfuerzo fortalecer, se desmoronan demolidos por los encargados de cuidarlos. Duramos dos siglos aclimatando la democracia y se gastan pocos minutos en demolerla, institución por institución. Se le dijo al pueblo que la democracia era la forma de gobierno que mejor consultaba las necesidades del país, y después de guerras civiles declaradas y luchadas valientemente y de conflictos internos que alcanzaron los peores abismos de degradación, la democracia quiebra su regla esencial, irrespeta las mayorías y les dice que ahora ganar es perder y que la propaganda lo puede todo.
    Se llama a los colombianos a un plebiscito para enseguida desconocer su resultado y poner al Congreso a decir que no quiere decir sí, forzándolo a jugar un papel que solo puede traerle desprestigio.

    Después el turno es para la justicia. Le exigen explicar que la nueva regla enseña que menos es más y que puede torcérsele el cuello a la Constitución sin que alcance a gemir ¡AY! ante fallos abiertamente contrarios a su letra, espíritu y tradición.

    Y, para seguir subestimándola, le sientan al lado consuetas extranjeros que ni queremos ni necesitamos, nombrados bajo la inspiración de quienes deben someterse a sus decisiones.

    Además, tendremos gobiernos extranjeros supervigilándonos en nuestro propio territorio, para que el mundo entero vea cómo somos incapaces de manejar nuestros asuntos domésticos.

    Estos dolores del alma acumulan una carga explosiva que en cualquier momento explota. El horror del crimen ha sido un detonante y las reacciones populares muestran un cansancio peligroso. Mientras el jefe negociador de la guerrilla descalifica la democracia, el comandante de las Farc notifica que vamos a un gobierno de transición, y los voceros oficiales hacen malabares interpretativos para demostrar que se puede violar jurídicamente la Constitución y amarrarla con leyes.

    No es raro, entonces, que quienes protestan por el crimen se armen con palos, botellas y cuanto objeto contundente encuentren a su paso, que pidan pena de muerte, cadena perpetua y castración química para los violadores y asesinos de niños. No confían en las instituciones, no creen en su eficacia, dudan de su solidez, quieren hacer justicia por su propia mano. La paciencia de la gente está llegando al límite. No aguanta una decepción más.

  • Centro Democrático solicita a la Corte Constitucional no aprobar ‘Fast Track’

    Bogotá, 9 de diciembre de 2016(CD). El Centro Democrático radicó ante la honorable Corte Constitucional un documento en el cual presenta sus consideraciones frente a la demanda de inconstitucionalidad que cursa en el alto tribunal contra el Acto Legislativo 01 de 2016 que entre otros, decidirá el futuro del llamado ‘Fast Track’.

    En la misiva, firmada por varios miembros de la bancada del Centro Democrático, se transmiten a la Corte fundamentalmente dos ideas. En primer lugar, que los acuerdos presentados por el Gobierno Nacional, producto de una supuesta renegociación, son estructuralmente los mismos, razón por la cual se está ignorando un pronunciamiento popular legítimo tal y como fue el del pasado 2 de octubre; y segundo, que la refrendación de los acuerdos llevada a cabo la semana pasada en el Congreso de la República a través de una proposición, no se adecúan a lo dispuesto en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2016 ni a lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-379 de 2016.

    “Como es bien sabido, la Corte Constitucional en sentencia C-379/16 (sentencia que aprobó el plebiscito por la paz) le otorgó fuerza vinculante a la votación desfavorable del plebiscito del 02 de octubre del presente año. En aquella oportunidad dispuso reglas jurisprudenciales claras sobre los parámetros que debían respetar los nuevos acuerdos, reglas que hoy no pueden ignorarse y/o cambiarse en virtud de un resultado desfavorable inesperado por el ejecutivo”.

    “No basta con reformas inocuas o superfluas, sino que su nueva forma debe responder a las exigencias populares que impidieron la continuidad del proceso. No hacerlo desagravia el poder soberano del pueblo, al sistema democrático y representa una burla a los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico colombiano”.

    Respecto de la refrendación por parte del Congreso de la Republica, se puede leer en el documento: “Lo pretendido por el Gobierno no es otra cosa que desconocer el principio de democracia participativa y soberanía popular, pues la imposición al Pueblo de un marco normativo que desaprueba no solo deslegitima su actuar y su gobierno, sino que también es una afrenta grave a los cimientos del constitucionalismo colombiano”.

    “El constituyente primario es la base de la estructura democrática, política y la fuente originaria de las instituciones jurídicas y gubernamentales de este Estado Social Democrático y de Derecho, por ende no debe desconocerse la real dimensión del daño que ocasionaría esta autoritaria y arbitraria decisión del Ejecutivo, auspiciada por las mayorías en el Congreso, lo cual no es otra cosa que un golpe de estado al reemplazar la estructura vigente por un régimen que desconoce los principios en que se funda la democracia”.

    “Como suprema guardiana de la Carta Política, rogamos a la Corte Constitucional valorar los argumentos que expresan las preocupaciones de millones de ciudadanos que, estupefactos, estamos asistiendo al desconocimiento flagrante del mandato popular que dentro de las reglas democráticas invalidó el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las FARC, y que la misma Corte Constitucional en sentencia C-379 de 2016 condicionó la firma y aprobación de un nuevo acuerdo a la refrendación popular por vía directa”, concluye la misiva.

    (Fin)

  • Más sobre Fast Track, otro golpe a la democracia

    Perdieron el plebiscito a pesar de las ventajas que se dieron, no introdujeron modificaciones sustanciales a los acuerdos, impusieron el texto final, negaron el Acuerdo Nacional, rechazaron la refrendación popular directa que habían propuesto y la sustituyeron por una proposición en el Congreso.

    No contentos con lo anterior quieren implementarlo todo a través del Fast Track, procedimiento extra rápido en el Congreso, que en la práctica prohíbe modificaciones y hace nulo el debate.

    El Fast Track abrevia el proceso de aprobación de reformas Constitucionales y de leyes, y otorga facultades extraordinarias al Presidente para adoptar por decreto, sin límite temático, las materias negociadas con Farc que fueran objeto de leyes ordinarias.

    Atemorizan a la ciudadanía diciendo que se les agota el tiempo para mantener el status de no violencia con Farc, no obstante que la ley vigente permite que Farc se concentre y que reciba todas las garantías en el desplazamiento y durante la concentración.

    Pactaron una ley de amnistía más amplia que la actual, el pueblo la negó con el resultado del plebiscito y quieren imponerla en el Congreso, a través del Fast Track, eludiendo el debate y la posibilidad de modificación. El Gobierno, con sus mayorías en el Congreso, podría tener esa amnistía en un tiempo muy breve por el trámite ordinario, sin el desafío a la democracia del Fast Track.

    El Congreso asumió la refrendación que él mismo había entregado al pueblo, avoca la implementación sin aprobación popular y con la posibilidad del Fast Track que el mismo Congreso condicionó a que el plebiscito tuviera mayoría.

    Argumentan que necesitan el Fast Track para aprobar la Justicia Especial; no es cierto, por via ordinaria se han aprobado leyes transicionales como la de Justicia, Paz y Reparación, y también Normas Constitucionales. Lo que quieren es no debatir, no modificar y anular posibilidades de acciones futuras de inexequibilidad.

    Solamente el pueblo o la Constituyente que él mismo elija, puede cambiar el procedimiento de reforma de la Constitución. Por eso la aplicación del Fast Track quedó condicionada a que el plebiscito tuviera mayoría.

    No puede entenderse que el Congreso modifique la Constitución a través del procedimiento abreviado del Fast Track, que él mismo estableció, pero con la condición no cumplida del plebiscito aprobatorio.

    Muchos congresistas expresaron que cuando votaron positivamente la proposición de refrendación de los acuerdos lo hicieron con conciencia del alcance político exclusivo, nunca con la pretensión de sustituir la aprobación popular necesaria para el Fast Track.

    Las leyes o Normas Constitucionales que se aprueben por Fast Track, tendrán control único Constitucional, esto es, se recorta la garantía ciudadana de demandar, una o varias veces, la inexequibilidad de estos textos jurídicos. Las acciones contra los decretos presidenciales tendrán escasos dos meses para presentarlas. Sin embargo, todo proyecto de decreto, ley o Norma Constitucional, deberá contar con el visto bueno previo de una comisión paritaria con Farc.

    Presionan a la ciudadanía con la tesis de que la paz está por encima de la democracia. Quieren tapar que la paz de los dictadores, como se ha recordado a raíz del reciente funeral, es simplemente la violencia del régimen. Ocultan que la paz estable es consecuencia de la democracia respetada, acatada y estable.

    Asumen que la paz es el desarme de 5.650 integrantes de Farc, sobre la base de conceder total impunidad y elegibilidad sin restricciones a las atrocidades y narcoterrorismo de los cabecillas.

    Entonces repetirán en el futuro que hay que desconocer la democracia para pactar la paz con los disidentes de Farc, con el ELN, bandas criminales u otros delincuentes que resulten de la mutación propiciada por la impunidad, partera de nuevas violencias.

    Y el Presidente de la República hace coro con el señor Rodrigo Londoño, Timochenko, para forzar el Fast Track, asignando a su eventual ausencia la culpa de nuevas muertes.

    Mientras egos y temores del Gobierno, con burla de la decisión popular, gestionan Fast Track, voceros de Farc amenazan con expropiación a la industria azucarera, campeona mundial de productividad, y anuncian que su Tribunal de impunidad encarcelará a quienes fueron sus extorsionados y secuestrados, y a quienes evitaron el triunfo de su narco terrorismo.

    Todos los días hacen más difícil desmentir el camino castro chavista por donde quieren llevarnos.

    Álvaro Uribe Vélez
    Washington, DC, 8 de diciembre de 2016.

    (FIN)

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