• Comunicado sobre paro camionero

    El Centro Democrático se permite comunicar a la opinión pública que:

    Bogotá, 12 de julio de 2016 (CD). 1. Los congresistas y el Director del Partido han sostenido un diálogo público en algunas ciudades del país, escuchando las preocupaciones y las justas aspiraciones de los camioneros, como lo es la puesta en marcha efectiva del Fondo de Chatarrización que se creó a finales del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe.

    2. Incluso, desde España, el expresidente y senador Álvaro Uribe publicó en su cuenta de twitter: “Camioneros son laboriosos, integran una estructura democrática, necesitan soluciones no que los derroten por hambre”.

    3. La colectividad ha expresado a los transportadores de carga su deseo de que lleguen a un acuerdo rápidamente con el Gobierno Nacional porque el país lo necesita, debido a la afectación que hay en el abastecimiento de alimentos y la carestía que afecta el bolsillo de los colombianos.

    4. Las acusaciones de algunos sectores políticos de señalar al partido de estar “detrás del paro” son otra de las acostumbradas ‘cortinas de humo’ del Gobierno par distraer la atención de la ciudadanía sobre el daño tan grave que hace a la democracia y, en mediano plazo, a la economía, la desatención del Ejecutivo a los sectores productivos del país, en este caso a los camioneros que llevan más de un mes protestando, lo que representa el paro más largo de la historia.

    5. El Centro Democrático mantiene un diálogo permanente con todos los sectores legales del país y con la ciudadanía en general. Se ha reunido con los transportadores en el Congreso, en eventos y en distintas circunstancias, y no lo va a dejar de hacer porque el diálogo público es uno de los pilares de la colectividad.

    6. A cambio de lanzar cortinas de humo para atacar al partido, el Gobierno Santos debe atender los problemas reales de los camioneros.

    (FIN)

  • Congresistas del CD piden a mandatarios de Antioquia oponerse a zonas de concentración

    De no ser así, Holguín, Hoyos y Ramos plantearon al Gobernador y a los alcaldes de Remedios, Ituango, Dabeiba y Vigía del Fuerte otra opción: exigir una consulta ciudadana

    Medellín 30 de junio de 2016: A través de una carta, los congresistas del Centro Democrático Paola Holguín, Federico Hoyos y Alfredo Ramos les pidieron a cuatro mandatarios de Antioquia oponerse de manera rotunda a la instalación de las denominadas zonas veredales transitorias de normalización, o exigir una consulta popular para autorizarlas.

    El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y los alcaldes de Dabeiba, Vigía del Fuerte, Remedios y de Ituango, recibieron el documento que aclara que “el hecho de que se decida de manera impositiva la ubicación de criminales en territorios como los que usted gobierna, pone en alto riesgo la seguridad de las comunidades más vulnerables”.

    Por consiguiente, “conociendo su compromiso con sus ciudadanos y con el cumplimiento del mandato legal de preservar la vida y la libertad de su pueblo, lo invitamos a solicitar a que se consulte a la comunidad de manera democrática, sin el influjo de las armas y del dinero producto del crimen, en especial, del narcotráfico, la extorsión y la minería criminal”.

    La petición de los legisladores obedece a lo dicho por el Ministerio de Defensa el pasado 24 de junio, cuando informaron que dentro de los acuerdos anunciados en La Habana se incluía el establecimiento de 23 zonas veredales transitorias de normalización, y que, para el caso de Antioquia, corresponderían: Remedios, Ituango y Dabeiba, así como que Vigía del Fuerte sería uno de los ocho campamentos especiales.

    La misiva fue radicada y puesta en conocimiento ante los respectivos despachos este jueves 30 de junio.

    (Fin)

  • Comunicado CD sobre proyecto para salario de congresistas

    El Centro Democrático se permite comunicar a la opinión pública lo siguiente:

    1. Por iniciativa de la senadora Paola Holguín, el Centro Democrático radicó, el 9 de septiembre de 2015, el proyecto de Acto Legislativo N° 03 de 2015 Senado, por medio del cual se pretendía congelar -por el término de 4 años- el salario de los congresistas.

    2. Posteriormente, y por iniciativa de los congresistas Martiza Martínez, Jorge Eliéser Prieto, Jorge Iván Ospina, Roy Barreras, Angélica Lozano, Sandra Ortíz, Claudia López, Jimmy Chamorro, Juan Carlos Losada, Ángela María Robledo, Armando Benedetti y Heriberto Sanabria se radicó, el 16 de septiembre de 2015, el proyecto de Acto Legislativo N° 06 de 2015 Senado, por medio del cual se proponía fijar un límite de 30 SMMLV a la remuneración de los congresistas.

    3. Dada la unidad de materia, la Comisión Primera del Senado decidió acumular ambos proyectos. Fueron designados como ponentes los senadores Alfredo Rangel, Eduardo Enríquez Maya, Horacio Serpa Uribe, Roosvelt Rodríguez, Doris Vega, Claudia López y Alexander López.

    4. Los ponentes buscaron, además, alcanzar un consenso alrededor de una ponencia conjunta, lo cual no fue posible. Por esta razón, se radicaron tres ponencias diferentes, así: i) la ponencia principal del Senador Alfredo Rangel, en la cual se proponía que se le diera primer debate al proyecto, para congelar el salario por cuatros años; ii) la ponencia de la senador Alexander López, en la cual se pedía que la remuneración se fijara en 30 SMMLV iii) por último, la ponencia del senador Horacio Serpa Uribe pidiendo que el aumento de la remuneración de los congresistas sea el 75 por ciento de la inflación causada anual.

    5. Ambos proyectos de Acto Legislativo (acumulados) fueron archivados el 16 diciembre de 2015, por vencimiento de los tiempos para su trámite.

    6. El Centro Democrático volverá a insistir en la reducción del salario de los congresistas, y por eso, anuncia que el próximo ‪20 de julio radicará nuevamente el Proyecto de Acto Legislativo para congelar el salario de los congresistas.

    Bogotá, 28 de junio de 2016.

  • Procurador sobre acuerdos de La Habana

    DECLARACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, DOCTOR ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO 

    Bogotá D. C., 27 de junio de 2016 

    Con relación al Acuerdo del Gobierno Nacional y las FARC presentado el 23 de junio pasado, la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de sus obligaciones constitucionales y legales, señala: 

    Desde el inicio de las conversaciones con las FARC, la Procuraduría ha hecho advertencias para defender el ordenamiento jurídico, propugnar por la justicia, evitar la impunidad de tantas atrocidades y velar por los derechos de las víctimas.

    Tales observaciones tienen un solo propósito: que la paz quede bien hecha, se fortalezca el estado de derecho y no se vuelva a repetir la violencia y el crimen.

    El éxito de un proceso de paz depende de las garantías de cumplimiento de lo acordado.

    El Presidente Juan Manuel Santos le ha dado todo tipo de garantías de cumplimiento de los Acuerdos a las FARC, al punto de convertir a la Mesa de La Habana en una Constituyente. Nadie los eligió, ni les otorgo ese poder.

    Mientras a las FARC se le dan todas las garantías, ¿cuál es la garantía que las FARC dan a los colombianos de que no volverán a la violencia?

    ¿Cuál es la garantía de que las FARC no podrán rearmarse y de que se desmovilizará totalmente? Eso no puede depender de la buena fe de esa organización.

    Para la Procuraduría el Acuerdo sobre dejación de armas y de “zonas veredales transitorias de normalización” para la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC, es incompleto, absolutamente insuficiente y no es garantía de que las FARC se desmovilizarán integralmente y de forma definitiva.

    Tampoco ese Acuerdo es garantía de que nunca más podrán rearmarse.

    Las razones son las siguientes:

    Primero. El texto del Acuerdo publicado permite que más de la mitad de las FARC no se desmovilicen. No obliga a las FARC a disolver la totalidad de sus aparatos violentos. 

    El Acuerdo establece que a las zonas de ubicación de miembros de las FARC solo se desplazaran quienes hacen parte de “misiones, comisiones y unidades tácticas de los Frentes” de la organización, lo que deja por fuera a gran parte del “grupo armado organizado”, como son los integrantes de las milicias.

    Ese desplazamiento a dichas zonas tiene como objetivo el desarme de las estructuras de FARC e iniciar el proceso de reincorporación de los miembros del grupo armado a la sociedad, es decir, desmantelar el aparato violento.

    En términos estrictamente funcionales, el ala militar de las FARC no son únicamente los guerrilleros que hacen parte de estructuras permanentes que constituyen “misiones, comisiones y unidades tácticas de los Frentes”. 2

    Teniendo en cuenta los propios estatutos de las FARC y su forma de actuar en los territorios, las personas que han asumido una función continua para ese grupo armado organizado y que comprende su participación directa en las hostilidades, son muchas más que los integrantes de las estructuras de guerrilla permanentes.

    El CICR ha señalado que “los individuos cuya función continua consista en la preparación, realización o comisión de actos u operaciones que equivalgan a una participación directa en las hostilidades asumen una función continua de combate”1.

    1 Nils Melzer. CICR. Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario. Ginebra. Suiza. Diciembre de 2010.

    Los organismos de inteligencia han informado en detalle al Gobierno Nacional sobre el hecho de que las FARC están integradas también por las milicias bolivarianas. Éstas son estructuras de carácter militar que actúan en zonas donde el grupo tiene influencia. Soportan las estructuras encuadrilladas, se camuflan en la población civil, ejecutan actividades de inteligencia de combate e incluso participan directamente de las hostilidades con atentados terroristas, francotiradores, instalación de minas antipersonales o uso de artefactos explosivos improvisados.

    Las milicias están conformadas por personas reclutadas, formadas y equipadas por el grupo armado organizado de las FARC para participar de forma continua y directa en las hostilidades. Sus miembros están sujetos a una organización jerárquica y vertical, al igual que a un régimen disciplinario.

    Las milicias han sido en el último tiempo más relevantes en las hostilidades contra la fuerza pública que las unidades de guerrilla, son además instrumento de coerción sobre la población civil y de control del territorio a través de la amenaza y el uso de la fuerza.

    Los informes de conteo del enemigo del Ministerio de Defensa de los últimos años registran un número mayor de miembros de milicias que de integrantes encuadrillados en estructuras de guerrilla permanentes.

    Existen también personas vinculadas a las FARC que han recibido entrenamiento militar y están en capacidad de planear y ejecutar actos violentos, así hayan participado directamente en las hostilidades de forma temporal, en acciones concretas. Entre estas personas están militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano PC3, que en algunas zonas han estado involucrados también en actos de terrorismo y masacre de soldados e infantes de marina.

    El Acuerdo presentado no se refiere a ninguna de estas personas, solamente a quienes hacen parte del componente uniformado y armado permanente.

    ¡Es claro! El documento convenido por el Presidente Santos y Timochenko no obliga la desmovilización total de las FARC. 

    El hecho de que más de la mitad de sus integrantes no se vayan a concentrar en las zonas de ubicación se ratifica en el Acuerdo, al indicarse que las armas de las milicias serán transportadas junto a las “armas de acompañamiento”, “las granadas y municiones”, hacia las veredas donde se ubicaran los miembros de “misiones, comisiones y unidades tácticas de combate”. Mientras que los guerrilleros sí arribaran a dichas zonas con el “armamento individual”, los milicianos no. 

    La sociedad debe tener la garantía de que las FARC se desmovilizarán completamente y que se identificarán plenamente la totalidad de los integrantes de sus aparatos violentos. 3

    Segundo. El Acuerdo anunciado el 23 de junio de 2016 no garantiza la disolución definitiva de las FARC como aparato violento. 

    Para que el desarme de las FARC sea cierto, permanente y definitivo, se requiere el desmantelamiento de la infraestructura económica del grupo y la desarticulación de sus redes de criminalidad organizada, particularmente las relacionadas con el narcotráfico. Al respecto no se hace ninguna referencia en los anuncios.

    De nada vale el desarme, si a las FARC se les permite conservar la riqueza ilícita con la cual se pueden rearmar en cualquier momento y atacar nuevamente a la población civil y a la fuerza pública. Los millones de dólares acumulados por el narcotráfico, la extorsión y la minería criminal, y el hecho de que no se exija su entrega, les permitirá mantener reservas financieras para volver a la violencia, si así lo decidieran.

    Insisto, un Acuerdo no se puede basar en la buena fe de las FARC, se requiere que existan garantías ciertas que impidan que las FARC puedan rearmarse. Tales garantías no existen en los Acuerdos hasta ahora presentados.

    Tercero. El mecanismo de monitoreo y verificación no tiene mandato para establecer la verdad sobre el total de armas de las FARC. 

    A pesar de comprender al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación está restringido, limitado, reducido a lo que pacten las FARC y el Gobierno Nacional en el Acuerdo. Es decir, la ONU no es autónoma para llevar a cabo todas las acciones que considere necesarias para asegurar que en efecto el desarme sea total.

    El Acuerdo no señala procedimientos que permitan establecer el real número de armas que tiene ese grupo, tampoco si llegaren a existir armas que no se entregaron o si el grupo o facciones del mismo escondieron armas o las vendieron a otras organizaciones al margen de la ley, como el ELN o bandas criminales.

    La misión de la ONU además tiene un mandato de 12 meses, lo cual no le permitirá establecer si las FARC se quedaron con armas o si los integrantes de las milicias, que no se desmovilizarán, quedarán con alguna reserva de armas.

    El monitoreo y la verificación se hará sobre las armas que las FARC voluntariamente, repito, voluntariamente, quieran reconocer y entregar a la ONU. 

    Un Acuerdo de este tipo no se puede basar en la buena fe de las FARC y en la ingenuidad del Gobierno.

    No existe garantía de que el desarme será total.

    En conclusión, la Procuraduría llama la atención de la sociedad colombiana, la comunidad internacional y el Gobierno Nacional, sobre: 

    1. El Acuerdo publicado permite que más de la mitad de los integrantes de aparatos violentos de esa organización no se desmovilicen.

    2. El Acuerdo publicado no desmantela la infraestructura económica y de redes criminales que permiten que las FARC se rearmen y vuelvan a atacar en cualquier momento.

    3. El Acuerdo publicado limita a la Misión de la ONU a lo que pacten las FARC y el Gobierno. Además no la dota de mandato ni de mecanismos que garanticen que el desarme es total.

    4. No hay garantía de desmovilización total de las FARC. No hay garantía de desarme total de las FARC. Y no hay garantía de que las FARC no se rearmen y vuelvan a atacar.

    La Procuraduría solicita al Gobierno corrija los términos del Acuerdo presentado el 23 de junio para asegurar que realmente las FARC desaparecerán como organización armada. No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso desarme. El fin de las FARC debe ser para siempre. 

    Existen otras preocupaciones sobre el Acuerdo que serán expuestas posteriormente por la Procuraduría, especialmente, respecto a las zonas de ubicación de guerrilleros armados, los derechos de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y el derecho de los ciudadanos de esos municipios a expresarse en una consulta popular sobre si aceptan o no que se les impongan tales zonas.

  • “Con la paz herida no habrá ni paz imperfecta, sino semillas de nuevas violencias”: Uribe

    Rionegro, Antioquia, 25 de junio de 2016. A continuación declaración del expediente y senador Álvaro Uribe Vélez en la cual aseguró que “con paz herida no habrá ni paz imperfecta, sino semillas de nuevas violencias”.

    “En nuestro Gobierno cabecillas paramilitares y de las Farc fueron a la cárcel; ahora no tendrán los de las Farc un día de cárcel.

    En nuestro Gobierno se extraditaron 14 paramilitares y 4 de las Farc; ahora el cartel de cocaína más grande mundo, las Farc, no tienen extradición.

    En nuestro Gobierno no se permitió a los cabecillas del paramilitarismo elegibilidad política; ahora los cabecillas de las Farc tendrán elegibilidad política.

    En nuestro Gobierno no se negoció con el paramilitarismo la agenda nacional; ahora negocian con Farc el sector agropecuario, el modelo de desarrollo, los tratados de comercio.

    Ahora están convirtiendo a las Farc de grupo narcotraficante a “paraestado” porque el Gobierno acuerda con las Farc integrarse para combatir los residuos del paramilitarismo, las bandas criminales, la corrupción de los funcionarios y a los supuestos enemigos de la paz.

    Debo recordar algo muy grave, es el tema de ‘Don Berna’. Hubo un gobierno que se asoció con grupos criminales para perseguir a Pablo Escobar y de esa asociación surgió ese tenebroso criminal ‘Don Berna’, extraditado por nuestro Gobierno.

    Y también me parece muy grave, en este proceso, la validación por parte del chavismo y del castrismo que han oprimido y empobrecido a sus pueblos. Por fortuna está Almagro en la Secretaría de la OEA, porque la Secretaría de la OEA en 2004 lo que hizo fue validar el fraude de Chávez en Venezuela”.

    (Fin)

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