• Carta a la Cámara de Representantes

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  • Comunicado sobre el anuncio de la desvinculación de menores de 15 años de las filas del grupo terrorista Farc  

     

    Bogotá, 17 de mayo de 2016 (CD). 

    1. Los menores de edad que han sido reclutados forzosamente por el grupo armado organizado al margen de la ley, Farc, son víctimas. En tal virtud, ellos deben ser considerados como desvinculados y no como desmovilizados, de acuerdo con lo que se lee en el literal d del numeral 1 del acuerdo en mención.
    1. Al reconocerse la condición de víctimas de los menores en poder de las Farc, queda establecido que, para todos los efectos, el victimario es esa organización al margen de la ley, que de manera sistemática ha incurrido en el delito de reclutamiento forzado, conducta tipificada en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
    1. A la luz del Estatuto de Roma,el reclutamiento forzado de menores, considerado éste como una forma de esclavitud, es un delito de lesa humanidad, razón por la que se trata de una conducta imprescriptible, que no puede ser cobijada por amnistías o indultos.
    1. Al incorporarse un enfoque diferencial, con especial atención a los derechos de las niñas que han sido víctimas de reclutamiento forzado, debe establecerse responsabilidades penales adicionales por constreñimiento para la planificación no consentida y la práctica de abortos contra la voluntad de las menores.
    1. La Constitución Política de Colombia establece la mayoría de edad a los 18 años, razón por la que el acuerdo no debió limitarse a los niños menores de 15 años.
    1. De acuerdo con cifras proveídas por distintas entidades y fundaciones que han trabajado el fenómeno del reclutamiento forzado de menores de edad, las Farc tienen en su poder entre 2 mil y 3 mil niños. El Gobierno está en la obligación de impedir que la guerrilla evada su responsabilidad por la totalidad de esos casos, presentando cifras que resultan inverosímiles.
    1. La condición de víctimas trasciende a los menores que fueron sometidos al reclutamiento forzado. Sus familias deben ser incluidas en el listado de víctimas y como tales deben ser reparadas plenamente por las Farc.
    1. Desde hace más de un año las Farc se comprometieron a cesar el reclutamiento forzado de menores. Entidades como la Defensoría del Pueblo, han documentado casos de niños que han sido llevados a la fuerza a los campamentos terroristas desde que se dio ese anuncio.
    1. Para efectos de darle credibilidad y generar confianza en el acuerdo celebrado en La Habana el 15 de mayo del presente año, debe crearse una misión de observación imparcial, preferiblemente internacional, que acompañe el proceso de desvinculación de los menores en poder las Farc y ejerza control y vigilancia para evitar que se presenten nuevos casos.

    (Fin)

  • “No queremos, que los temas de la Fuerza Pública estén supeditados a los que pase con las Farc” Senadora Paola Holguín    

    Bogotá D.C, 17 de mayo de 2016. En Comisión Segunda inició el debate del Proyecto de Ley 129 de 2015 Senado que busca dar un trato diferencial a nuestra Fuerza Pública. Este Proyecto fue presentado por la bancada del Centro Democrático y liderado por la Senadora Paloma Valencia.

    La senadora Paola Holguín, como una de las ponentes de dicho Proyecto, expuso que éste “busca un trato diferenciado para nuestra Fuerza Pública en temas de libertad condicional y de detención preventiva domiciliaria, tanto para quienes han sido condenados como para quienes están siendo investigados, cuando tenga que ver con conductas relacionadas con desarrollo de operaciones u operativos para mantener la seguridad, la convivencia y para cumplir con el mandato que se establece en los artículos 2017 y 2018 de la Constitución Política de Colombia para las Fuerzas Militares y de Policía”.

    Manifestó Holguín que “traemos este Proyecto de Ley al Congreso de la República porque si bien el articulo 221 de la Constitución establece la jurisdicción penal especial, nosotros hemos visto en los últimos años una grave reducción del fuero militar, y hemos estado viendo cómo se han vulnerado las garantías que deberían tener las Fuerzas Militares y de Policía, y que la propia Corte Constitucional lo ha reconocido por la especificidad de la labor que desempeñan”.

    Se refirió también a la crisis penitenciaria y carcelaria como uno de los motivos para la presentación de este Proyecto de Ley. La senadora Holguín resaltó que “la Corte Constitucional en 1998 y en 2013 ha insistido en la inconstitucionalidad de la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia, tenemos un grave problema de hacinamiento y estamos violando derechos humanos en los centros penitenciarios y carcelarios. Además, estamos incumpliendo algo que establece la Ley y es que las cárceles son para sindicados y las penitenciarias para condenados, hoy hay una mezcla por un problema de infraestructura y hacinamiento. Asimismo aseguró que “se viene presentando un abuso en la prisión preventiva, y estamos viendo como muchas personas pasan muchísimos años en prisión sin haber sido condenados, este es otro elemento que nos lleva a presentar este Proyecto de Ley”.

    Holguín insistió que lo que buscan es defender un tratamiento diferenciado para las Fuerzas Militares y de Policía partiendo de un marco constitucional y legal, partiendo de la presunción de inocencia. Sostuvo que “este Proyecto de Ley no es ni una amnistía ni un indulto, este Proyecto busca que puedan defenderse en libertad y cumplir penas impuestas por una vía alternativa”.

    Por otra parte, la Congresista afirmó que “hoy el Gobierno Nacional y las Farc están discutiendo en La Habana una serie de beneficios para esta organización narcoterrorista, donde incluso en el marco de justicia transicional hay una especie de impunidad disfrazada que permite que la sola confesión de delitos atroces y de lesa humanidad exima de la pena carcelaria y se cambie por cosas como restricción de libertades”.

    Fue enfática en decir que “el Proyecto lo que está buscando es que la suerte jurídica de nuestra Fuerza Pública no tenga que estar supeditada a lo que pase en La Habana o pase con las Farc, por una cosa muy simple, porque no son equiparables, porque los héroes de las Fuerzas Militares y de Policía de un país en democracia, con sus defectos y virtudes que es Colombia, no son equiparables a una organización narcoterrorista que tiene un designio criminal”.

    (Fin)

     

  • ¿Se negocia el tema de la Fuerza Pública en La Habana?

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  • Golpe, si, golpe

    Por: Paola Holguín

    Senadora República de Colombia

    ¿Por qué tantos colombianos nos hemos atrevido a denunciar que los anuncios del Gobierno y las Farc para blindar los acuerdos de La Habana son un Golpe de Estado a la democracia colombiana?

    Son muchos los elementos que se tienen que analizar. Enunciemos uno a uno algunos de los que es importante tener en cuenta:

    Primero, el Gobierno anuncia que va a introducir un artículo al denominado Acto Legislativo para la Paz que está en discusión en el Congreso. Se debe aclarar que los actos legislativos son para modificar, reformar, adicionar o derogar textos constitucionales y que requieren ocho debates y dos vueltas, y en la segunda vuelta deben ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros de la corporación.

    La Ley 5 de 1992, artículo 226, que tiene que ver con la reglamentación de estos debates, establece que “en la segunda vuelta sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en la primera”. Pero el Acto Legislativo para la Paz ya va para séptimo debate (segunda vuelta) y, por lo tanto, no se podría introducir un elemento nuevo.

    Aquí vale la pena recordar la sentencia 141 de 2010 de la Corte Constitucional, donde se habla claramente del principio de consecutividad, que establece “la obligación de que tanto las comisiones como las plenarias deban estudiar y debatir todos los temas que ante ellas hayan sido propuestos durante el trámite legislativo”. En ese caso específico, al igual que en el que estamos analizando, se califica de vicio insubsanable que acarrea inconstitucionalidad de la ley, el que se debata un tema en solo dos de los ocho debates.

    Segundo, el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, contrario a lo que afirman, no es un Acuerdo Especial Humanitario, tal como se define en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

    El artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra habla de la humanización de conflictos no internacionales y de los Acuerdos Especiales Humanitarios, como acuerdos que van más allá del mínimo contenido en el Derecho Internacional Humanitario, pero esto no quiere decir que puedan abarcar todo, su marco es el DIH.

    Elevar a la categoría de Acuerdo Especial, acuerdos con el grupo narcoterrorista Farc sobre tierras, participación política, cultivos ilícitos y un largo etcétera que se está negociando en La Habana, equivale a usar indebidamente las normas del Derecho Internacional Humanitario.

    Tercero, contrario a lo que pretenden el Gobierno y las Farc, lo acordado no puede entrar a formar parte del Bloque de Constitucionalidad, porque la Carta misma establece en los artículos 9, 53, 93, 94, 102 y 214 los parámetros de adopción de las normas internacionales como parte del Bloque.

    Tal como afirma el profesor Jorge Iván Cuervo, lo acordado entre Timochenko y Santos no es un tratado porque “las Farc no tiene personalidad jurídica internacional” y “un acuerdo con el estado no puede ser considerado un tratado”, además “no existe una costumbre internacional que permita asimilar Acuerdos Especiales de DIH con tratados internacionales”.

    Afirma el profesor Cuervo que “la integración de lo acordado en La Habana al texto constitucional no sólo sería el acuerdo final sino los acuerdos previos (el de tierras, el de víctimas, el de justicia), lo cual sería una especie de acto constituyente antidemocrático”.

    Cuarto, lo que se pretende desde La Habana es una reforma Constitucional, violando la propia norma de normas que establece en el Título XIII, artículos 374, 375, 376 y 377, los mecanismos para ser reformada.

    Como escribe el Procurador General de la Nación, Gobierno y Farc están revistiendo la Mesa de La Habana de poderes constituyentes que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les han otorgado, en un acto inconstitucional e incompatible con cualquier régimen democrático.

    Quinto, se establece un trámite abreviado en el Congreso y un control único de Constitución que le quita al ciudadano la posibilidad de acción de inconstitucionalidad.

    Adicionalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz haría parte de la Constitución, con el agravante que ésta Jurisdicción pretende casi que sustituir la Rama Judicial en todo lo relacionado con el “conflicto”.

    Como ha afirmado el doctor Fernando Londoño, lo que Timochenko y Santos pretenden es convertir los acuerdos de La Habana en una norma supranacional que se antepone a la propia Constitución y dar un golpe de Estado violando la Constitución y la Ley, suplantando al Congreso y burlando la soberanía popular.

    Finalmente, para quienes dirán que estás letras son de una “enemiga de la paz”, debo advertir que incluso quienes han defendido el proceso habanero, hoy se niegan a permitir este terrible golpe a la democracia y a las instituciones.

    Claudia López ha dicho que los parámetros de Gobierno y Farc para blindar los acuerdos son un “irrespeto a los colombianos y sus instituciones”, “desconocen al Congreso”, son una “concesión unilateral del Gobierno a las Farc convirtiendo al Congreso en un hazme reír”, Farc “torcieron mano al Gobierno y … obtuvieron acuerdo y bloque de constitucionalidad sin ceder nada en refrendación popular ni desarme”

    El Magistrado José Gregorio Hernández afirma que “tiene dudas que el acuerdo con las Farc sea uno de los acuerdos especiales a que se refiere el Derecho Internacional Humanitario” y que “se está dando carta blanca a cualquier grupo guerrillero o criminal para reformar la Constitución”

    El exministro Juan Carlos Esguerra afirma que es un “acto de tremendismo constitucional por lo menos discutible”.

    Así las cosas aquí lo que nos están dando es un Golpe de Estado a la democracia y a las instituciones, y lo único que queda es, como dijo el ex presidente Uribe, “la resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente para defender la democracia”.

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