• “Venta de Isagen es un detrimento patrimonial para Colombia”: Paola Holguín – Caracol Radio

    En Medellín la senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín, aseguró que la venta de Isagen que se tiene prevista para este miércoles, se convertirá en un detrimento patrimonial para los colombianos.

    “Aquí se está dando un detrimento patrimonial y en cualquier momento puede ser demandado, así lo subasten y hay que decirle al gobierno Santos que una subasta requiere la puja de varios, aquí hay un solo oferente y eso desvirtúa el carácter de subasta, que escuchen el clamor nacional”, aseveró la señora Holguín.

    La senadora además criticó que la subasta se cumpla con un solo oferente e indicó que se trata de un procedimiento que ‘carece de legitimidad’.

    “No todo lo legal es legítimo, si bien el decreto permite que haya un solo oferente, el hecho de hablar de subasta donde solo uno va a ofrecer ya genera vicios en este procedimiento”, consideró la política.

    Concluyó que la venta que será para financiar las vías de cuarta generación no puede ser vista como el cambio de un patrimonio por otro porque ‘no son iguales los ingresos’.

  • Venta de Isagén en TeleMedellín

    La senadora Paola Holguín estuvo en Noticias TeleMedellín hablando de la postura del Centro Democrático sobre la venta de Isagén.

  • 17 agencias del Estado manejan $5 billones – El Colombiano

    POR MARÍA VICTORIA CORREA | PUBLICADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2015

    De las 17 agencias del Estado que en la actualidad funcionan, 14 fueron creadas en el periodo 2010-2015, es decir, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.Es más, tan solo en una semana, Santos le dio vía libre a cuatro: la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Renovación del Territorio y la de Seguridad Vial.

    Es de anotar que todas estas entidades manejan un presupuesto cercano a los 5 billones de pesos. ¿Cuál es el afán del Presidente para crear agencias? ¿Son efectivas?

    Pues bien, esta semana durante la creación de la agencia de Seguridad Vial, Santos lo reconoció y dijo que esta figura ha sido impulsada durante su gobierno. “Hemos desarrollado las agencias porque así hacemos énfasis en una entidad eminentemente ejecutora y técnica, esas dos palabras son mágicas cuando uno quiere resultados. Se genera transparencia y efectividad”, dijo.

    Destacó que un ejemplo de la experiencia que ha desarrollado el Gobierno sobre este concepto de las agencias es lo que ha venido pasando con la Agencia Nacional de Infraestructura —tiene un presupuesto cercano a los 2,8 billones de pesos—, que está cargo de la estructuración y adjudicación de las vías de Cuarta Generación. “Si no existiera la combinación de capacidad de ejecución y nivel técnico y transparencia, no estaríamos viendo la gran revolución que se está dando”.

    Otro caso de agencia, dijo Santos, es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica —tiene un presupuesto cercano a los 40.000 millones—, con la que se protegen los intereses de la Nación en pleitos multimillonarios. “Se calcula que ya el Estado se ha ahorrado más de 220 billones de pesos a todos los contribuyentes por una mayor efectividad en la defensa de los juicios contra el Estado. Otra agencia es Colombia Compra Eficiente, a través de la cual las compras del Estado se están estandarizando, los pliegos de las licitaciones, sobrecostos que hayamos descubierto y está generando unos ahorros inmensos de los recursos públicos”.

    ¿Para qué?

    La abogada Consuelo Sarria, expresidenta del Consejo de Estado, en su texto ¿Las agencias son unidades administrativas? advierte que a nivel constitucional dicha denominación, la de agencia, se lee, solamente, en el artículo 211, en el que se enumeran las funciones del presidente, podrá delegar, entre otros, ministros, directores de departamentos administrativos, alcaldes y agencias del Estado.

    Señaló Sarria que “es la única norma de rango constitucional en la cual se incluye dicha denominación de ‘agencia’ del Estado, pero como es claro, sin atribuir ninguna característica propia o naturaleza específica, sino para hacer referencia a cualquier clase de entidad de la administración, para evitar limitaciones en materia de posibles delegatarios de las funciones presidenciales”.

    Hernán Olano, profesor de derecho administrativo de la Universidad de La Sabana, indicó que en efecto se crearon en el Ministerio de Agricultura tres agencias la semana pasada. “Puedo afirmar, sin mentir, que cuando Santos sancionó la Ley 1444 de reestructuración del Estado, dijo ‘esta reforma no es para ahorrar’ y lo ha cumplido pues pasamos de 13 a 16 ministerios, de 5 a 9 departamentos administrativos y ni se diga del número de entidades creadas desde ese año con cargo a los planes de desarrollo. Por ejemplo, al Consejo de Ministros también acuden los 20 altos consejeros presidenciales”.

    Destacó que anteriormente para eso existían las direcciones generales de los ministerios, pero al crear una agencia del Estado, “el director pasa, por ser de un ente descentralizado, de ganar cerca de diez millones a ganar lo que gana el respectivo ministro que es jefe de él y fuera de eso a manejar presupuesto y nombrar subdirectores. Ese nivel de descentralización genera costos mayores”.

    La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, advirtió que en Colombia se ha generado la mala costumbre de creer que cada problema se soluciona creando una entidad. “Eso no es cierto. Muchas de las funciones que tienen esas entidades las puede asumir personal técnico de los ministerios. El problema hoy no es de falta de gente, es falta de institucionalidad y de control para que las entidades cumplan las funciones que tienen”.

    Agregó que desde su lectura, estas agencias lo que generan es un exceso de burocracia. “Este es un Estado derrochón con la particularidad que hay muchas entidades que se empiezan a cruzar funciones y nadie responde por nada” .

  • Entrevista en La FM sobre ascenso del General Martínez

  • Plebiscito por la paz pasó debate en Senado – El Colombiano

    El plebiscito por la paz, con el que el Gobierno pretende tramitar la refrendación popular del Acuerdo Final con las Farc, ganó otra batalla en la arena política y superó el debate en la plenaria del Senado, con una votación mayoritaria (64 por el sí, 21 por el no).

    En la discusión de dos días, las partes hicieron énfasis en el umbral de sufragios necesarios para lograr la aprobación de lo decidido en la consulta, que al final pasó como la bancada oficialista lo propuso.

    Los artículos aprobados

    El proyecto de ley fue aprobado con cinco artículos. El primero define que para convocar el plebiscito, el Presidente tendrá que contar con la firma de todos los ministros.

    El segundo especifica las reglas de esa consulta: que el Presidente tendrá que informarle al Congreso su intención y la fecha para el evento electoral con mínimo un mes de antelación (inciso 1°); y que el Legislativo tendrá que pronunciarse sobre esa petición (inciso 2°). Su inciso 3° es el más polémico: “se entenderá que la ciudadanía aprueba el plebiscito en caso de que la votación por el ‘sí’ obtenga una cantidad de votos mayor al 13 por ciento del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el ‘no’”.

    Se trata de un punto crucial, porque la ley vigente dice que el umbral de aceptación es el 50 por ciento del censo electoral actual (hoy equivale a 16’873.531 votos); pero este proyecto lo reduce al 13 por ciento (4’387.118 de sufragios), para evitar que una campaña abstencionista de la oposición frustre la consulta.

    La senadora liberal Vivianne Morales propuso eliminar del todo el umbral, pero ello no fue aceptado por la plenaria. “Si no nos ponemos unos umbrales mínimos de decisión, no se podrá estimular la participación ciudadana”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

    El senador conservador Hernán Andrade sugirió que el umbral se elevara al 20 por ciento, y la parlamentaria liberal Sofía Gaviria pidió que la votación fuera obligatoria para los ciudadanos, aunque tampoco se los aprobaron.

    El tercer artículo dice que la decisión tomada en el plebiscito “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo” con las Farc.

    Los artículos cuarto y quinto se refieren a la remisión normativa y la vigencia: que para los detalles que no incluya esta ley se aplicarán las leyes vigentes (como la 1757 de 2015), y que el proyecto comenzará a regir a partir de su promulgación.

    A ese articulado inicial se le hizo una adición: garantías de equidad tanto para quienes defienden el “no” como para los del “sí” en cuanto a financiación de publicidad y acceso a medios de comunicación. Esto incluye que los colombianos que viven en el exterior puedan votar también.

    En contra y a favor

    Los delegados del Centro Democrático (CD) expusieron en sus curules un letrero con la frase “Plebiscito es una FARCsa” y de manera constante reiteraron que este proyecto de ley en “una trampa”.

    Jaime Amín, por ejemplo, cuestionó que si en tres años de diálogos de paz no se ha podido aprobar en su totalidad ninguno de los puntos de la agenda, “¿entonces cómo va a ser posible que el Acuerdo Final vaya a votarlo el pueblo con un ‘sí’ o un ‘no’? (…). Tenemos que abrirle los ojos al pueblo, de que este plebiscito es tramposo”.

    Su copartidaria del CD, Paola Holguín, resaltó que en esta discusión hay mucho más en juego, toda vez que en otra instancia del Congreso también se está debatiendo el proyecto de Acto Legislativo para la Paz, que incluye facultades extraordinarias para el Presidente. “Y el Gobierno está discutiendo con las Farc la política agraria, la participación en política y el futuro del país. La pregunta que nos hacemos es si en nombre de la paz hay que entregar el país”.

    También se refirió al inciso 3° del artículo 2 del proyecto, que reduce el umbral de votación. “Si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué no permitir que se utilice el umbral que establece la ley?”, preguntó.

    Al respecto, el senador Jorge Iván Ospina, del partido Alianza Verde, se declaró a favor del plebiscito, aunque afirmó que bajar el umbral “es una forma de desconfianza en los colombianos, es un poco miedoso. Ellos van a votar masivamente por la paz”.

    El senador Germán Varón, de Cambio Radical, acotó que su bancada apoya el plebiscito tal cual lo propuso el Gobierno, que “beneficiará al país”.

    Tras la votación en el Senado, el proyecto pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes para su discusión.

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