agosto 2020

Por: Paola Holguín 

Esta semana ocurrió un episodio en redes con un meme de Star Wars, que me llevó a hacer varias reflexiones. Primero les cuento la historia; -el concejal del alcalde de Medellín, Alex Flórez, un cartagenero bastante virulento y ofensivo, creó un meme con los malos de la saga de Star Wars, caricaturizando a un grupo de contradictores de Quintero (Álvaro Uribe, Federico Gutiérrez, Alfredo Ramos, Luis Alfredo Ramos, Juan David Valderrama, Daniel Duque y yo); yo tomé la imagen y le respondí: “la veeduría ciudadana tiene muy atormentado al señor Quintero y a su séquito… dicen en mi tierra el que nada debe, nada teme o si no estoy haciendo nada malo, porqué estos nervios?… y la “liga de la justicia” también los asusta”. Ellos usaron ese trino y lo enviaron a medios y a su bodeguita, para que me atacaran por usar a los villanos, pero omitieron que la imagen y el rótulo de “liga de la justicia” era de ellos, y yo simplemente hice lo que me enseñaron desde pequeña, reírme de mi misma y no dejarme acomplejar por quienes tienen como única arma ridiculizar…     

Ahí entendí varias cosas, el poder manipulador en medios y redes de Quintero y su bloque, pues dicen que detrás están unos asesores traídos desde Bogotá (Juan Mesa, Camilo Cano, y Marilyn López); pero más allá de eso, lo que preocupa es que todos repliquen cosas sin investigar, ni ir más allá, y especialmente, que traten de trivializar lo importante y de dar importancia a lo trivial. 

La estrategia de Quintero y su séquito, ha sido ridiculizar, perseguir y estigmatizar a sus contradictores, lo hicieron con la veeduría ciudadana recientemente creada “Todos por Medellín”, conformada por alrededor de 50 personas naturales y jurídicas, entre organizaciones sociales, cívicas y ciudadanas, corporaciones, fundaciones, sindicatos, gremios y ciudadanos; que se reunieron preocupados por lo que estaba sucediendo en la Ciudad, especialmente en EPM, y el pasado 22 de agosto, aprobaron estatutos, eligieron a un Consejo Asesor y produjeron un manifiesto, que deja claro su labor de señalar prioridades, orientar y vigilar la gestión pública local, su carácter NO político, y su protección de los intereses colectivos. 

A pesar del reconocimiento que tienen muchos de sus integrantes, por ejemplo, Analdex, ANDI, Cotelco, Asocolflores, las cinco Cámaras de Comercio seccional Antioquia, Fenalco, la Cámara Colombiana de Infraestructura, la SAI, la Federación Nacional de Cafeteros, la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, Augura, la Lonja de Propiedad Raíz, Confiar, Proantioquia, entre tantos otros, desde la Alcaldía se han proferido constantes ataques y descalificaciones a esta veeduría que es legítima, un derecho constitucional consagrado en el artículo 270. 

Pero además de la Veeduría, ahora tratan de proceder igual con los sectores políticos que abiertamente nos declaramos contradictores de la administración, por la preocupación que nos genera la ruptura que están creando en nuestra institucionalidad y en todo el proceso de buen gobierno corporativo que se ha desarrollado en entidades emblemáticas como EPM y Ruta N; nos preocupan los escándalos de corrupción en contratación, nepotismo, y una serie de denuncias que se vienen haciendo desde diferentes sectores. 

Los antioqueños estamos preocupados, porque sabemos que hay muchos bloques empecinados en el fracaso de Hidroituango, en la destrucción de EPM y de todo lo que hemos construido gracias al trabajo mancomunado de la sociedad, los sectores públicos y privados; nosotros siempre hemos estado orgullosos de lo que con tanto esfuerzo hemos logrado; pero hoy vemos que sectores políticos dentro y fuera del territorio, están aliados con Quintero, para tratar de derribar el muro de contención que hemos sido para el avance de esa izquierda radical y esos sectores corruptos que quieren acabar nuestra Ciudad y nuestro Departamento.

Pero las crisis son oportunidades, y hoy estamos desde diferentes orillas unidos para defender nuestra tierra y nuestro patrimonio; para no permitir que prospere esa división y odio de clases que está tratando de crear Quintero y su séquito; que no se equivoque diciendo que nuestra clase dirigente y empresarial ha sido corrupta, porque los hechos y lo que es Medellín y Antioquia, demuestran que aquí, en medio de la adversidad, hemos trabajado unidos con honradez para tratar de salir adelante. 

Mientras Quintero y otros gritan, ¡abajo los antioqueños!, nosotros respondamos como lo hizo en su momento Rafael Uribe Uribe, recordando a esos hombres y mujeres que nos han hecho grandes, y que los que hoy gritan abajo los antioqueños, después podrían gritar:  “abajo los boyacenses, abajo los caucanos, abajo los costeños”… en vez de dividirnos, hagamos esfuerzos por merecer nuestro gentilicio, y por hacer cada vez más grandes a nuestros departamentos, y con ellos a la Patria toda.

Por: Paola Holguín

Con la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul en el Senado el pasado 18 de agosto, el caso que actualmente adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pasa a la Fiscalía General de la Nación, dado que desde el año 2009, la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) en varias providencias, dejó claro que solo mantiene la competencia para seguir procesos contra aforados, en la medida en que el hecho guarde relación con la función como Parlamentario (Proceso 27032 de 2009). 

Es claro en la propia Constitución, que establece en el artículo 235 numeral 3, que la C.S.J tiene competencia para investigar y juzgar a los miembros del Congreso y se precisa en el parágrafo del mismo artículo que: “cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”; este texto se mantuvo en el Acto Legislativo 01 de 2018 que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución e implementó la doble instancia y la impugnación de primera instancia condenatoria.

La Sala de Casación Penal de la misma Corte (C.S.J), mediante Auto del 1º de septiembre de 2009, radicado 31653, advirtió que la “relación funcional” entre la calidad de Congresista y las funciones propias del cargo, comprende incluso aquellas conductas que tengan (i) Origen en la actividad Congresional, o (ii) Sea su necesaria consecuencia. Aquí es importante anotar que la Sala Especial de Instrucción, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto de 2020, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, contra el expresidente Uribe, pero no le suspendió de sus funciones Congresionales en la medida en que como reza en la página 1546 del Auto, “no se advierte entorpecimiento de la buena marcha de la administración”, es decir, que los supuestos comportamientos no tienen relación directa ni indirecta con su labor como Senador.

Y es claro, porque los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal, nada tienen que ver con la labor del Congreso, no son su consecuencia ni fueron usados para obtener la curul; por tanto al renunciar a su cargo de Parlamentario, el expresidente Uribe pierde el fuero y su caso va a la Fiscalía.

Esta es la razón en derecho, y más allá de eso, debería existir esa mínima garantía ante la enorme evidencia de la imposibilidad de lograr un juicio justo, un juez imparcial y un debido proceso ante una Corte que: nunca informó al Expresidente que era investigado, a pesar de que él había solicitado ser informado a través de derechos de petición; que no le permitió rendir versión libre, como parte del derecho a la defensa que asiste a cualquier ciudadano; que violó la presunción de inocencia y ordenó prisión domiciliaria, que muchos han calificado como una medida desproporcionada y carente de idoneidad; que aceptó pruebas ilícitas, como las 22 mil interceptaciones ilegales ordenadas por el Magistrado Barceló contra el Expresidente; que se ha negado a practicar pruebas de la defensa que había decretado, como escuchar Alias Mancuso, el Tuso Sierra o Monoleche; que apartó a la Magistrada Lombana por haber sido oficial del Ejército durante el Gobierno del expresidente Uribe, pero no obra igual con Magistrados como Alarcón o Reyes, que tienen claros impedimentos; que compulsó copias de la orden de detención contra el expresidente Uribe a varios testigos, en evidente presión y en una etapa procesal en que es ilegal; que ha permitido la violación de la reserva sumarial con un claro sesgo que vulnera derechos fundamentales del Expresidente y genera estereotipos en el imaginario colectivo, en fin, lo evidente es que hoy hay infinitas razones de peso para exigir que el caso del expresidente pase a la Fiscalía General de la Nación, con la esperanza de que de una vez por todas se obre en justicia, por el Expresidente y por Colombia, porque como decía el libertador, “la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”, por tanto, lo que nos estamos jugando son los pilares que nos sostienen como Nación.