La Bancada PROVIDA del Congreso de la República de Colombia rechaza la decisión de la Corte Constitucional, dada a conocer a la opinión publica en el comunicado de fecha 22 de julio de 2021, atenuando el artículo 106 del Código Penal (homicidio por piedad), y permitiendo practicar la eutanasia cuando el sufrimiento físico o psíquico provenga de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incluso cuando las enfermedades no sean terminales.
Por: Paola Holguín
La dantesca espiral de violencia asociada a lo que se ha denominado “paro nacional”, y que inició el pasado 28 de abril, ha tenido como denominador común, sumamente preocupante, las manifestaciones de desprecio hacia las instituciones, en especial la policial y militar. El secuestro, tortura, agresión sexual, linchamiento público y asesinato de nuestros Policías, refleja lo que resultade la instigación al odio, sistemática y generalizada, por parte de mezquinos líderes políticos e influenciadores de opinión.
Al 10 de junio, dos policías habían sido asesinados, uno a puñaladas en Soacha y otro con arma de fuego en Cali; 11 secuestrados en el Valle del Cauca; 1.343 lesionados con elementos y armas de todo tipo (elementos contundentes, armas cortopunzantes, explosivos incendiarios y armas de fuego o traumáticas), 60 de ellos son mujeres (una de ellas agredida sexualmente). Además, el reporte actual da cuenta del ataque, y en la mayoría de los casos destrucción, a 709 bienes policiales, entre ellos, 116 CAI, 560 vehículos, 3 distritos, 14 estaciones, 4 subestaciones, 2 oficinas, 1 comando, 2 edificios de especialidades, 2 instituciones educativas y un dispensario médico.
Esta absurda realidad nos debe llevar a la reflexión sobre cuestiones básicas, como el derecho absoluto a la dignidad y a la vida de estos servidores públicos, el supremo valor de la institucionalidad como condición para el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas, así como el sentido social y constitucional de la Fuerza Pública.
Sobre este último punto, vale la pena recordar y destacar que, como concepto e institución, la Fuerza Pública constituye uno de los más importantes logros de nuestra República, en la medida en que representa la unidad nacional y presupuesto de la estabilidad democrática.
Desde las Constituciones Granadinas (1830, 1832, 1843 y 1853), en las que se configuró como una institución no deliberante y fundamentalmente obediente, sujeta a la autoridad central y provista de un fuero especial, la Fuerza Pública ha simbolizado los ingentes esfuerzos de la sociedad colombiana por dotarse de un instrumento público de protección, que, entre otras cosas, pusiera fin a la dispersión total del poder militar que propició los continuos ciclos de violencia interna que vivió el país hasta la Guerra de los Mil Días (1899-1902), y asegurara el monopolio estatal de las armas.
La Constitución Política de 1991, inspirada en el carácter público y unificador del término, ya empleado en la Constitución centralista de 1886, configura la Fuerza Pública como una institución en la que convergen las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículos 216- 223), encargada de la defensa de la Nación y el aseguramiento de las condiciones que demanda el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Ante una situación tan dolorosa de irrespeto y violencia en contra de nuestros Policías, tan humanos y ciudadanos como cualquiera de nosotros, debemos volver a lo fundamental: la Fuerza Pública simboliza la unidad de la Nación y la solidaridad entre los colombianos; el ataque contra ella y la instigación al odio, no es otra cosa que un vil golpe a las nobles aspiraciones de unidad y de paz de nuestra sociedad.
Como lo expresó el Libertador “la energía de la fuerza pública es la salvaguardia de la flaqueza individual, la amenaza que aterra al injusto, y la esperanza de la sociedad. Considerad, que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad, que sin fuerza no hay virtud; y sin virtud perece la República. Mirad, en fin, que la anarquía destruye la libertad, y que la unidad conserva el orden”
La Senadora del Centro Democrático Paola Holguín, interpuso denuncia penal y queja disciplinaria contra Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar, Senadores de la República.
El pasado 26 de mayo, en su intervención en la Comisión Segunda, la Senadora Paola Holguín utilizó el refrán “Dejen de llorar por un solo ojo”, para reclamar mayor objetividad por parte los Congresistas de la oposición a la de hablar de las situaciones generadas por el paro nacional y las víctimas.
Los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar, se valieron de la expresión para descontextualizar y tergiversar el mensaje en sus redes sociales, asegurando que la Senadora Holguín se refería a los jóvenes que han sufrido lesiones oculares durante los desmanes.
De manera malintencionada, los Senadores publicaron un aparte del video de la intervención, junto con la imagen de un joven que perdió uno de sus ojos en las manifestaciones, Juan Fonseca, quien participó en la sesión Plenaria el día martes 25 de mayo sobre la moción de censura al Ministro de Defensa, desinformando al aseverar que con la expresión se refería a él.
El mensaje desató todo tipo de ataques personales y amenazas en contra de la Senadora Holguín, por lo que hoy fue presentada la denuncia penal por los delitos de injuria agravada y hostigamiento agravado en contra de los citados Congresistas, así como una queja disciplinaria ante la Procuraduría General Nación para que se les investigue por el incumplimiento de deberes y prohibiciones, constitutivos de falta gravísima.
Por: Paola Holguín
Esta semana experimenté en carne propia, como se construye la posverdad o mentira emotiva y sus consecuencias. Un sector de izquierda radical manipuló un video con una intervención que hice en Comisión II, donde estaba hablando del doble racero que usan los Congresistas frente a las “movilizaciones pacíficas” en Colombia.
En la intervención expresé: …“Ustedes no hablan de las estructuras gubernamentales incendiadas, como el Palacio de Justicia ayer en Tuluá; Ustedes no hablan de todos los bienes de colombianos que han sido afectados; Ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y de la gente que se está quedando sin empleo, por los bloqueos; ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de la medicina y de oxigeno por sus bloqueos.
¡No engañen más! Y no engañen a los colombianos y a la comunidad internacional, dejen de estar llorando por un solo ojo; porque Ustedes además, están inflando las cifras, Ustedes además están condenando sin debido proceso”…
…“Ustedes han dado todos los debates que han querido y los van a seguir dando seguramente, y van a seguir dando audiencias; y lo hicieron en la moción de censura, donde, además, ni siquiera permitieron que se oyeran todas víctimas, solo las que a Ustedes les gustaba, porque les encanta llorar por un ojo; porque Ustedes creen que los derechos humanos no son para todos los seres humanos, sino solo para los que a Ustedes les interesa”…
Y a pesar de la evidencia, porque la Comisión se transmitió en directo y el video quedó colgado en diferentes redes; unos sectores radicales de izquierda, liderados por los Senadores Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, lograron distorsionar de manera deliberada la realidad, manipulando el video y la información, tergiversando los hechos y apelando a las emociones y al resentimiento, con el fin de crear y modelar la opinión pública, afirmando que me había burlado de la víctimas, y generando una rabia generalizada en redes que llevaron a graves amenazas en mi contra.
A raíz de estos hechos, recordé el artículo “Los cerebros ‘hackeados’ votan” de Yuval Noah Harari en el diario El País de España en enero de 2019, donde describe como el gran reto de las democracias liberales son los descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos, por la manera en que corroen la libertad humana desde adentro. Aunque suena extraño, gracias a los conocimientos de biología, la cantidad de datos y la gran capacidad informática, se puede piratear o hackear el cerebro de los seres humanos. Como lo escribió Harari “algunas de las mentes más brillantes del mundo llevan años investigando cómo piratear el cerebro humano para hacer que pinchemos en determinados anuncios y así vendernos cosas. El mejor método es pulsar los botones del miedo, el odio o la codicia que llevamos dentro. Y ese método ha empezado a utilizarse ahora para vendernos políticos e ideologías”.
Por eso, si queremos salvar la democracia liberal, debemos tomar en serio el debate sobre la manipulación del pensamiento, los sentimientos y el comportamiento, gracias a los avances científicos y tecnológicos; debemos plantar el debate sobre la ética en el manejo de la información y la desinformación (entendida de manera sistémica), especialmente a través de las redes para causar graves alteraciones de seguridad, tal como ha sucedido en Colombia y diferentes países del hemisferio, donde por medio de estrategias sistemáticas, se ha generado caos, pánico e intolerancia social; se debe evaluar la capacidad de gestión de crisis institucional para contrarrestar contingencias cada vez más recurrentes y de mayor intensidad y la necesidad de mayor articulación, cooperación y complementariedad. En fin, el reto es enorme y parece que por ahora no estamos listos para afrontarlo.
Por: Paola Holguín
Hace unos días, un empresario me envió una miniserie por WhatsApp, “Buena Data” de Hilda Molina, una historia sobre Fidel Castro y su revolución. Me impactó muchísimo y días después tuve la oportunidad de escuchar a la autora en una conferencia; ella, médica cirujana cubana, una de las fundadoras del Centro Internacional de Restauración Neurológica y Diputada de la Asamblea Nacional, rompió con el Gobierno en 1994 y como disidente, soportó 15 duros años, hasta que pudo salir de la Isla hacia Argentina, donde actualmente reside.
Cuando empecé a ver la mencionada miniserie, me sorprendieron muchas cosas; la primera, fue que ella afirmara que no tuvieron quien les avisara, y es verdad, muy pocos advirtieron lo que viviría Cuba. Uno de ellos fue Rafael Díaz- Balart, quien con un magistral discurso, en 1955, se opuso desde la Cámara a la amnistía de Castro y su grupo, porque consideraba que ellos no querían la paz, ni una solución nacional; no querían democracia, ni elecciones, ni confraternidad; sólo querían el poder, y el poder total, que les permitiera “destruir definitivamente todo vestigio de Constitución y de ley en Cuba, para instaurar la más cruel, la más bárbara tiranía, una tiranía que enseñaría al pueblo el verdadero significado de lo que es tiranía, un régimen totalitario, inescrupuloso, ladrón y asesino que sería muy difícil de derrocar”… lo que no presintió Díaz- Balart, es que duraría lo que ha durado, más de seis décadas y contando…
Castro, como todos los tiranos, prometió una “revolución democrática y humanista”, afirmaba entonces que no era comunista. La estrategia era despojar a Cuba de sus valores fundacionales y usar la Isla como laboratorio social y político de un modelo que buscaría expandir por la “Patria grande Latinoamericana antiimperialista”. Destruyeron la familia, privilegiando el Estado; eliminaron la religión; convirtieron toda la educación en pública, para adoctrinar; acabaron las instituciones de la sociedad civil; se valieron de la violencia, el odio y el resentimiento. La suya, fue también la batalla de las ideas, la revolución silente basada en antivalores; se ocuparon de la deconstrucción histórica, de la elaboración de discursos y consignas épicas para manipular, del daño antropológico, a través del quebrantamiento de la dignidad humana de los cubanos.
Todo este proceso se buscó exportar a partir de 1966, cuando se realizó la Conferencia Tricontinental, en la que participaron más de 500 delegados de 82 naciones y que dio origen a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina. Ellos crearon unos campamentos de entrenamiento militar y otros de entrenamiento ideológico, para exportar la revolución. Años después crearon el Foro de Sao Paulo (1991) y más recientemente el Grupo de Puebla (2019).
Los lineamientos generales que imponen en los países aunque tienen particularidades, se guían por la llegada al poder mediante elecciones y una vez allí, reforman o suplantan la Constitución, sustituyen la institucionalidad republicana por la dictatorial, eliminan la independencia de poderes, erradican los valores, cambian o manipulan los procesos electorales, eliminan el honor al mérito, sustituyen la formación en valores por adoctrinamiento en antivalores, destruyen a los opositores, provocan el empobrecimiento colectivo y la eliminación de la clase media, expropian los empresarios, institucionalizan la corrupción, controlan medios y ONGs. En fin, el plan y las líneas son claras.
Les hago este recuento para advertir una de las vertientes que están involucradas en los eventos de las últimas semanas en Colombia; porque si no tenemos claro que aquí hay algo más que “marchas pacíficas” por “descontentos ciudadanos”, no vamos a salir de este espiral de violencia, y cuando despertemos, pueden ser que ya nos hayan arrebatado la democracia, la libertad y la Patria.
Nota final: si se animan, en nuestras redes pueden ver la miniserie.
Un total de 25 mil dólares fueron donados por el gobierno de la República China de Taiwán, a través de su Oficina Comercial en Colombia, para diez fundaciones antioqueñas.
El convenio de donación internacional fue firmado esta mañana por Francisca Yu-tsz Chang representante de la Oficina Comercial de la República China (Taiwán) y la senadora Paola Holguín, quien gestionó la donación que beneficia a los habitantes de municipios como Ciudad Bolívar, Abejorral, Caucasia, Girardota, Jericó, Yarumal y Santa Rosa de Osos, donde se encuentran ubicadas las fundaciones.
Con los recursos se adelantarán proyectos ambientales, educativos y sociales en favor de las comunidades.
De esta manera se profundizan los lazos de cooperación y amistad que por décadas han existido entre ambas Naciones.
Por: Paola Holguín
En las últimas semanas el país ha vivido días de verdadero terror y zozobra; en ciudades como, Bogotá, Cali, Medellín, Popayán o Bucaramanga, se respira un ambiente de hostilidad sin precedentes ni racionalidad alguna. Del 28 de abril al 13 de mayo el país llevaba 6.419 actividades, entre concentraciones, bloqueos, marchas, movilizaciones y asambleas. En las calles, valerosos Policías, habían tenido que intervenir en 858 casos; ellos, que a la vez son padres, hermanos e hijos como cualquier otro ciudadano, han intentado controlar la violencia que los ha desbordado tras más de 15 días de vandalismo y terrorismo dirigidos a la desestabilización institucional y social, de la que millones de colombianos somos víctimas.
Las cifras que ha dado a conocer el Ministerio de Defensa, dan cuenta, por sí solas, de la gravedad del caos que se ha impuesto por quienes coordinadamente se han tomado la “protesta social”; desde el inicio del paro y hasta el 13 de mayo: 1 oficial de la Policía ha sido asesinado, el Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, 864 más han resultado heridos, 422 sedes de bancos y 409 cajeros destruidos, más de mil vehículos y 155 estaciones de transporte público vandalizados, más de 300 establecimientos comerciales saqueados, 80 Comandos de Atención Inmediata de la Policía Nacional y 28 peajes atacados salvajemente. A estas cifras, habrá que sumarle, entre otros, la destrucción de otros bienes públicos y privados, la parálisis y quiebra de empresas de todos los tamaños, la pérdida de empleos y una larga lista de daños conexos.
Entretanto, el auspicio de esta situación de caos por parte de organizaciones armadas ilegales, como las FARC y el ELN, así como del régimen venezolano, se hace cada vez más evidente, al tiempo que explica la sistematicidad y su vertiginoso escalamiento. Para nuestra desgracia y tristeza, la protesta social está sirviendo de excusa para justificar el terrorismo.
Ahora bien, como lo he afirmado en distintos escenarios, institucionales, de opinión y académicos, el carácter constitucional y fundamental de la protesta social pacífica, la libertad de reunión (Art. 37 CP), asociación (Art. 38 CP) y de expresión (Art. 20 CP), están fuera de toda duda y discusión, encauzada dentro de los límites que suponen el alcance y el ejercicio de los derechos y libertades de los demás; pero cualquier tipo de vía de hecho que afecte el ejercicio de los derechos y libertades públicas, no puede ser concebida como manifestación legítima de dicho derecho, y por tanto debe ser judicializada (Código Penal, artículos 103. Homicidio; 239. Hurto; 265. Daño en bien ajeno; 350. Incendio; 340. Concierto para delinquir; 343. Terrorismo; 351. Daño en obras de utilidad social; 353. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; 353A. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público; 357. Daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles; 358. Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; 364. Obstrucción de obras de defensa o de asistencia; 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; 368. Violación de medidas sanitarias; 429. Violencia contra servidor público; 469. Asonada).
En suma, la protesta social pacífica es un derecho; el vandalismo y terrorismo son crímenes, por lo que la contención y la judicialización de estas expresiones violentas no implica criminalizar el derecho, sino que es un imperativo moral y constitucional de las autoridades.
Por: Paola Holguín
Como demócratas tenemos que separar el derecho constitucional a la protesta y la marcha pacífica, el derecho a disentir y a la oposición democrática, de la conducta criminal. La violencia, el vandalismo y el terrorismo, no son derecho de nadie.
En Colombia, en las marchas del 28 de abril al 6 de mayo se habían presentado 782 bloqueos, afectando la vida e integridad de la ciudadanía y el abastecimiento de ciudades -comida, medicina, oxígeno, combustible, etc; 769 policías habían sido lesionados y 2 asesinados, 387 civiles heridos; 75 instalaciones policiales afectadas, vandalizados 199 vehículos de transporte público, 99 bancos, 254 establecimientos de comercio, 27 peajes, 97 estaciones de transporte, 43 cajeros, 1 hotel incendiado; se habían presentado 582 capturas y 56 aprehensiones a menores de edad.
Las marchas pacíficas, como informaron la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, fueron infiltradas por seis grupos criminales -Movimiento Juventudes M19, Grupo Luis Otero Cifuentes, Movimiento Bolivariano de Disidencias de las FARC de Gentil Duarte, Escudos Azules, Escudos Negros, y células urbanas del ELN-, y han contado con la injerencia criminal de la narcodictadura venezolana, como lo denunció internacionalmente el presidente de Ecuador, Lenín Moreno y lo reconoció en su cuenta de twitter Diosdado Cabello, el 2 de mayo.
Entonces, ¿qué hay detrás de estas marchas? No podemos olvidar que en 2018, una vez perdió las elecciones, Gustavo Petro advirtió que nos veríamos en las calles, y casi desde el primer día del gobierno de Duque empezaron, movilizaciones, paros y marchas, que cesaron temporalmente por la pandemia, pero que, incluso antes de que se conociera la Reforma Tributaria, anunciaron que reiniciarían.
La Reforma fue una excusa para exacerbar el descontento ciudadano, pero es evidente que ese no era el motivo, la reforma se retiró, el Ministro de Hacienda renunció y continúan en las calles.
Este proceso que se vivió de manera similar en Chile y otros países del Hemisferio, se conoce como Revolución Molecular Disipada, estrategia basada en la destrucción de infraestructura crítica para el país, interrupción de la vida diaria de los ciudadanos y activación de grupos vandálicos. Las fases son escalamiento, copamiento y saturación, y los objetivos son derrocar, destituir y juzgar al Presidente (como lo pide la Minga y algunos marchantes), convencer a la gente de que el Presidente y su gobierno “no dan la talla”, y crear división en todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.
Esta estrategia, nos devolvió el terrorismo urbano, que lamentablemente ya habíamos sufrido en décadas pasadas, y se sumó esta vez la ciberguerra, mensajes cifrados, hackeo de páginas institucionales, creación de una narrativa que distorsiona deliberadamente la realidad y acude a emociones y creencias, manipulan imágenes y videos, presionan influenciadores y artistas a través de bots, adelantan campañas como la de “nos están matando”, para debilitar a nuestra Fuerza Pública, una guerra que no conocíamos en estas dimensiones.
Hoy la pregunta que nos tenemos que hacer ante este escenario, es si tendremos la capacidad, la responsabilidad y la grandeza para entender qué hay de fondo, para poder construir una salida colectiva, porque esto ya no es un tema de gobierno, ni de partidos, es un tema de País.
Ex servidores públicos manifiestan su apoyo al Presidente Duque en el retiro de la reforma tributaria y lo alientan a construir el gran acuerdo nacional.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
Mayo 2 de 2021
Como ciudadanos que hemos sido servidores públicos, respaldamos la decisión del Presidente Iván Duque de retirar el proyecto de reforma tributaria. Es una decisión correcta que resalta su talante democrático.
La grave situación económica y social que atraviesa Colombia por la pandemia del COVID-19, unida a las múltiples manifestaciones padecidas por varias regiones durante los últimos días, señalan con nitidez la urgencia de construir un gran consenso nacional conjuntamente con todas las fuerzas políticas y sociales respetuosas de la institucionalidad colombiana, para redefinir la forma en que se conseguirán los recursos necesarios para atender la crisis social, sin sobrecargar a los ciudadanos, en especial a los colombianos de menores ingresos. Se trata de definir la hoja de ruta de la gran empresa colectiva de atender las necesidades de las personas y de los emprendedores afectados, así como reconstruir y reactivar la economía solidaria y sostenible. Ese acuerdo se convertiría en la gran convergencia que se necesita para unificar a los colombianos. Es el momento de construir desde las diferencias en favor de los más altos intereses de la Nación.
Expresamos nuestro respaldo a las autoridades del Gobierno Nacional, de los gobiernos locales y, en especial, a los miembros de las FFMM y de la Fuerza Pública por la labor cumplida en la protección y defensa de la sociedad. Cuentan con el apoyo y la gratitud de la enorme mayoría de los colombianos. De la misma manera, manifestamos nuestro total rechazo a la violencia y a las vías de hecho, como medios para expresar las inconformidades.
Alentamos al presidente Iván Duque a construir el gran acuerdo nacional y a ejecutar el último tramo de su gobierno, fortalecido por el respaldo y el compromiso de los colombianos que se quieran unir a la causa suprema de superar los enormes retos presentes y de recuperar las rutas del crecimiento, el bienestar y la sostenibilidad para el país sin acudir a la violencia.
(En orden alfabético de los apellidos)
Roberto Arango
Fernando Araujo
Luis Ernesto Araujo
Jaime Bermudez
Héctor José Cadena
Elvira Cuervo
Andrés Fernández
Elvira Forero
Juan Carlos Grillo
Claudia Jiménez
José Félix Lafaurie
María Claudia Lopez
Manuel Fernando Maiguashca
Viviana Manrique
Hernán Martinez
Luis Ernesto Mejía
Francisco Miranda
Alberto Montoya
Camilo Ospina
Mateo Restrepo
Juan Ricardo Noero
Diego Palacio
Martha Pinto
Gustavo Valbuena
Fabio Valencia
Fuad Velasco
Isaac Yanovich
Por: Paola Holguín
No es fácil escribir cuando duele la Patria; pero como decía Voltaire “debemos amar a nuestro País, aunque nos trate injustamente”, por eso, con amor infinito por este suelo, invito a hacer cinco reflexiones sobre las marchas de los últimos días: