BOLETÍN DE PRENSA
Bogotá D. C.; 9 de agosto de 2018- Durante la sesión plenaria del Senado, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín presentó los fundamentos jurídicos que hacen inviable la llamada Consulta “Anticorrupción”, de la que afirmó; “también es corrupción invertir entre 250 y 310 mil millones de pesos en esta consulta”.
Holguín expresó a los Senadores que “cinco de los siete puntos que se someterán a consideración de los colombianos, ya hacen parte del ordenamiento jurídico y los otros dos, no pueden reformarse a través de ese mecanismo porque se trata de reformas constitucionales”, pues la Consulta Popular no tiene poder vinculante y no puede usarse para modificar la Carta Política.
Holguín explicó que los puntos que ya son Ley de la República son:
1- No conceder subrogados ni prisión domiciliaria o algún otro beneficio a corruptos, está consignado en el artículo 13 de la 1447 de 2011.
2- Obligación de utilizar pliegos tipo está en el artículo 4 de la ley 1882 de 2018
3- Rendición de cuentas de los servidores públicos, es una obligación legal, consignada en el Código Disciplinario y Conpes 3645 de 2010.
4- La declaración de renta, bienes y patrimonio es el artículo 13 de la ley 190 de 1995.
5- Terminar los contratos con quienes hayan incurrido en actos de corrupción está expresamente prohibido en el literal J numeral 1 artículo 8 de la ley 80 de 1993, en el artículo 34 de la ley 1447 de 2011 y en el artículo 91 de la ley 906 de 2004.
La senadora Paola Holguín dio a conocer que junto con el Representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, pedirán mediante comunicación al Consejo de Estado, que haga claridad sobre el tema jurídico y fiscal de la consulta “anticorrupción”, que sometería al país a un enorme gasto público sin que haya certeza de sus efectos jurídicos.
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