Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad y de las decisiones judiciales; pero nos reafirmamos la inocencia del Presidente Uribe, sustentada en hechos y pruebas presentadas durante el larguísimo proceso.
Si bien esta decisión no es definitiva, porque aún hay recursos legales pendientes y por lo tanto el Presidente conserva plenamente su presunción de inocencia, tengo que manifestar la enorme preocupación por la decisión proferida por la Juez Sandra Heredia. Un fallo visiblemente influenciado por sesgo ideológico, político e incluso de género, incompatible con el deber de imparcialidad que exige la correcta administración de justicia.
La declaración inicial en realidad pareció una proclama política con la que anticipaba el sentido adverso de la decisión que estaba a punto de comunicar. Pocas veces, si no es que nunca, un juez de la República ha expresado con tanto desparpajo sus convicciones íntimas sobre asuntos completamente ajenos a los hechos y al derecho que debía juzgar.
La extensa lectura de las razones jurídicas que le siguió, puso de manifiesto una alarmante cadena de errores que distorsionaron tanto la adecuada fijación de los hechos como la valoración objetiva del acervo probatorio.
Entre otras cosas, validó como pruebas interceptaciones telefónicas ilegales y conversaciones del expresidente Uribe con su abogado.
Aunque debió excluir o desestimar la grabación hecha por el condenado Juan Guillermo Monsalve al abogado Diego Cadena en la cárcel La Picota por problemas de audio, incompleta y con indicios de edición, la Juez determinó que una “falla informática como esas no daba para descartarla”. Ojalá con ese mismo racero se hubiera valorado la aptitud probatoria del computador de Raúl Reyes o el video donde aparece Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes.
La credibilidad de los testigos, además, fue examinada de forma asimétrica. La Juez desechó el testimonio de alias Cadavid por un cambio de versión, pero no aplicó ese mismo criterio a otros testigos clave de la acusación.
Ni qué decir del indignante momento en que exaltó el “valor civil” de Monsalve, condenado a 44 años de prisión por gravísimos delitos, ignorando la gravedad de sus antecedentes, las inconsistencias de su relato y las ilegalidades de su actuación durante el proceso.
Llama la antención que calificara como sobornos las acciones o promesas del abogado Diego Cadena a Monsalve, mientras los mismos ofrecimientos y beneficios efectivamente otorgados por Iván Cepeda al mismo testigo constituían “actos humanitarios”
La lista es mucho más larga frente al prodigio de una sentencia de más de mil páginas sobre 27 mil grabaciones y unos 90 testigos, que fue redactada en 17 días.
Pero la reflexión no debería ser solamente sobre la actuación de la Juez, sino sobre quienes hoy se rasgan las vestiduras aplaudiendo supuesta justicia, cuando han sido adalides de la impunidad para criminales atroces y de lesa humanidad.
Sobre quienes se envalentonan contra las declaraciones del Secretario de Estado de EEUU y otros líderes mundiales que han hecho seguimiento al proceso y temen por su parcialidad, porque saben que “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”, como dijo Montesquieu y porque reconocen en el presidente Uribe un baluarte de la democracia y las libertades en el Hemisferio.
Hablan de indebidas injerencias, cuando en reiteradas ocasiones han acudido a aliados extranjeros y han opininado sobre temas de la justicia de otros países como en el caso de corrupción de Cristina Kirchner en Argentina o de abuso y trata de Evo Morales en Bolivia o de corrupción de Lula en Brasil o del golpista Castillo en Perú.
El presidente Uribe ha sido ejemplo de integridad y siempre ha dado la cara a la justicia, fueron otros quienes debieron rodear a los hoy prófugos Carlos Ramón González, Juan Carlos Montes o Jaime Ramírez Cobo.
No van a poder engañar más a los colombianos, ellos saben quienes son Barceló, Montealegre, Del Río Malo, Cepeda y los muchos herederos del M19, el ELN y las Farc. Ellos saben la diferencia entre el delito político y los delitos de violar, obligar a abortar, traficar droga, secuestrar, poner bombas, reclutar menores forzosamente y desplazar masivamente.
Una pequeña claridad para el embustero, las Convivir las creó César Gaviria a través del Decreto Ley 356 de 1994 y las mantuvo el aliado de este Gobierno, Samper, no Uribe; y los colombianos si que saben lo que representó para el país la Seguridad Democrática y el suplicio que hoy viven de cuenta de la falaz Paz Total; los colombianos tambien recuerden quienes ganaron con un millón de votos en cárceles, a quienes dijeron que apoyaron el ELN, Iván Mordisco y el Clan del Golfo. Los colombianos saben quienes sacan ilegalmente a traquetos de las cárceles para hacer proselitismo. No señores aquí está muy claro quienes son los aliados de los bandidos…
Viene una segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, donde esperamos se haga justicia. Nos corresponde a nosotros mantener la lucha por Colombia, por la democracia y por la institucionalidad.