La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en calidad de apoderados legales en lo internacional de Martha Inés Leal Llanos, Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina, exfuncionarios del DAS, se permite informar a la opinión pública que hoy se radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda y solicitud de medidas cautelares en favor de estas personas, por lo siguiente:

1) Los señores Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares, durante sus procesos judiciales y posterior a sus condenas, fueron víctimas de violaciones flagrantes y protuberantes a las garantías judiciales, non bis in ídem, presunción de inocencia, honra y dignidad, recursos legales efectivos en relación con las obligaciones de respeto y garantía.

2) Los señores Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares, denunciaron ante la CIDH cómo fueron víctimas de recibir coacciones y presiones indebidas, por parte de la Fiscalía de ese entonces, de otras personas y/o factores, para incriminarse y declararse culpables teniendo la convicción de ser inocentes y no haber participado en ninguna activad delictiva o ilícita.

3) La anterior Fiscalía, en los primeros meses del 2016, trató de acercarse a Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares, después de que cumplieron condenas de más de ocho años de prisión efectiva, con el propósito de coaccionarlos y presionarlos indebidamente, para que estos se incriminaran y sirvieran como testigos en otros proceso judiciales, a cambio de no perder nuevamente su libertad. Con ello la Fiscalía buscó violar el principio del non bis in ídem, tratando de condenar por los mismos hechos y delitos a Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares.

4) Se le entregaron a la CIDH un total de 3959 folios que contienen pruebas documentales, testimonios, audios, entre otros, que son pertinentes y conducentes a demostrar todas estas violaciones de las que fueron víctimas Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares.

5) Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares solicitaron ante la CIDH medidas cautelares, por cuanto lo narrado y probado en las denuncias revelan asuntos que pueden poner en peligro su vida, integridad personal y libertad.

Washington D.C., 29 de Agosto de 2016

(FIN)