Por: Paola Holguín

En 1955 cuando en Cuba la Cámara de Representantes decidió amnistiar a Fidel Castro, su cuñado, Rafael Lincoln Díaz- Balart, pronunció un discurso memorable para explicar su voto en contra de ese perdón a quienes habían participado en el ataque al cuartel Moncada, …“ellos no quieren paz. No quieren solución nacional de tipo alguno, no quieren democracia ni elecciones ni confraternidad. Fidel Castro y su grupo solamente quieren una cosa: el poder, pero el poder total, que les permita destruir definitivamente todo vestigio de Constitución y de ley en Cuba, para instaurar la más cruel, la más bárbara tiranía, una tiranía que enseñaría al pueblo el verdadero significado de lo que es tiranía, un régimen totalitario, inescrupuloso, ladrón y asesino que sería muy difícil de derrocar por lo menos en veinte años”…

Para dolor de los cubanos, no fueron veinte años, el Castrismo ha gobernado la Isla desde hace seis décadas. Una dictadura que algunos, por comodidad, ingenuidad o afinidad ideológica que convierten en complicidad criminal, no quieren ver, y si la ven, no la quieren denunciar. Pero el tema no es Cuba, es Colombia, porque aquí pareciera estar sucediendo algo similar, a raíz del proceso de claudicación –porque de paz no tuvo nada-, entre el Gobierno Santos y las Farc.

Hago esta afirmación, porque en el fondo, ellos, las Farc, tampoco quieren la paz, quieren la toma del poder para destruir la democracia desde adentro. Nosotros pasamos de tener unas Farc, reconocida como estructura narcotraficante que estaba en la lista de grupos terroristas de varios países, a tres Farc; una en el Congreso, que aunque cambie de nombre, es la misma; otra, denominada disidencia, que se mantuvo en armas o que incluso, siendo negociadores del acuerdo, regresaron a las armas (Santrich, Márquez, el Paisa…), y unas milicias de las que ni se habló en el momento de la negociación y firma del Acuerdo.

El partido de las Farc, tiene curules sin votos. Mientras los partidos políticos y movimientos ciudadanos en Colombia, deben luchar por obtener el apoyo popular en las urnas que les permita ocupar las curules, las Farc, el partido con mayor financiación estatal, las ostenta otorgadas a dedo por el Acuerdo de la Habana. Así, en las elecciones de 2018, según el reporte oficial de la Registraduría Nacional, las Farc obtuvo solo 52.532 votos al Senado (0,34%) y 32.636 a la Cámara (0,21%), es decir, ni siquiera los necesarios para mantener la personería jurídica; pero les entregaron diez curules.

Durante la segunda asamblea nacional de las Farc, decidieron que el partido pasaría de llamarse Farc (Fuerza Revolucionaria Alternativa) a Comunes. Lo primero que llama la atención, es que ellos hubiesen conservado la sigla de la organización criminal, primera muestra de no arrepentimiento y de humillación a las víctimas, y hoy, no cambian el nombre porque estén penitentes, sino por estrategia, como lo dijo el propio Timochenko la práctica, la realidad, demostró que no fue lo más acertado”, para ellos, la apuesta con este cambio, es porque creen que llamándose Comunes, se sintonizan más con la gente.

Otro punto tiene que ver con que en Colombia, según la propia Constitución en el artículo 179, no pueden ser congresistas “quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”, sin embargo, entre los congresistas de las Farc están por citar algunos ejemplo, alias Pablo Catatumbo, con 70 procesos judiciales, 51 órdenes de captura, 16 medidas de aseguramiento y 3 sentencias por más de 80 años de prisión; alias Antonio Lozada, con 2 procesos judiciales y 2 órdenes de captura, señalado de ser el responsable del atentado a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2002, que costó la vida de 23 personas y dejó 56 heridos; alías Benkos Biojó, condenado por la masacre de Bojayá, donde fueron asesinadas 74 personas -45 de ellos, eran niños- y fueron heridas otras más de cien; para citar algunos casos; sin contar a alias Santrich que era Representante a la Cámara hasta que decidió fugarse y hoy amenaza con fusil en mano a los colombianos. 

Estos son algunos ejemplos de cómo se debilita la democracia y la institucionalidad con las concesiones que se hicieron a las Farc, enviando el mensaje de que ser delincuente paga, y de que importan más los victimarios que las víctimas, a quienes se les niegan todos sus derechos –verdad, justicia, reparación y no repetición-. Adicionalmente, si se evalúan las declaraciones y los proyectos de las Farc en el Congreso, se ve una intención en ocasiones abierta y otras soterrada de debilitamiento de la democracia y las instituciones. 

Todos sabemos que los procesos que denominan de paz, y que solo buscan desmovilizar estructuras criminales, exigen sacrificar algo de justicia, pero la negación completa de justicia, no solo da mal ejemplo, sino que incentiva nuevas violencias, como está sucediendo en este caso.

Finalmente, como señala el exministro español, Jaime Mayor Oreja, haciendo un paralelo entre el caso ETA y Farc, los acuerdos marco, siempre son oscuros, sinuosos, y nunca se entiende su naturaleza, porque son a largo plazo, porque van más allá de los firmantes, de la comunidad internacional y del Gobierno de turno; esperemos que las consecuencias de este Acuerdo, no terminen siendo las mismas de Cuba, cuando se amnistió a Castro y que predijo Díaz- Balart, “creo que esta amnistía tan imprudentemente aprobada, traerá días, muchos días de luto, de dolor, de sangre y de miseria al pueblo cubano, aunque ese propio pueblo no lo vea así en estos momentos”