Paola Holguín – @PaolaHolguin
En 2011, mediante el Acto Legislativo 003 se adicionó al artículo 334 de la Constitución Política, relativa a la dirección de la economía nacional, el criterio de sostenibilidad fiscal que debe “orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público”, y que, según la Corte Constitucional, constituye un parámetro “instrumental que emplaza a las autoridades públicas a valorar, discutir y tomar las medidas que se requieran para evitar un desequilibrio entre los gastos e ingresos públicos que pueda afectar la vigencia de la cláusula de Estado Social”.
Ese mismo año se promulgó la Ley 1473, que estableció la regla fiscal, para fijar un límite a la deuda con miras a asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de largo plazo a las finanzas del Estado; medida que se sumó a las ya adoptadas para racionalizar el gasto público en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003. El fin de estas medidas es sencillo, que el Estado no gaste más de lo que le ingresa y que no termine más endeudado de lo que puede.
En la actualidad, cerca de 106 países han adoptado este tipo de reglas de equilibrio presupuestario, incluso a través de acuerdos internacionales como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica Monetaria (Pacto Fiscal Europeo).
Pues bien, Gustavo Petro ha resuelto desconocer deliberadamente los límites que la Constitución y las leyes han fijado para evitar el desbarajuste de la economía nacional. Tal como lo había alertado a finales del año anterior la calificadora de riesgos Fitch Ratings, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), tras el estudio del Plan Financiero de Petro 2024, advirtió que el Gobierno no cumplirá con la regla, con las nefastas repercusiones macroeconómicas que supone, y a pesar de que en septiembre del 2023, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había asegurado que el Gobierno la respetaría.
De acuerdo con el CARF, dicho Plan incrementa el gasto público primario del Estado en un 1,3% del PIB, a pesar de que a duras penas los ingresos crecerán un 0,4%, elevando el déficit fiscal hasta el 5,3% del PIB, cuando lo proyectado era que no superara el 4,4%; este desface arrastrará al país a un ciclo de endeudamiento de tal dimensión en el corto plazo, que seguramente llevará al Gobierno Petro a castigar de nuevo a los colombianos con otra reforma tributaria, como ya lo ha anunciado.
Además de hipotecar a varias generaciones de colombianos por el aumento del gasto público, el desconocimiento de las reglas fiscales vigentes acarreará la pérdida de confianza en la economía nacional, el aumento de los costos del endeudamiento para el Estado, la caída de la inversión y, al final, más decrecimiento económico.
Ante este panorama, y a pesar de que el ministro Bonilla advirtió sobre posibles dificultades de caja en el último trimestre de este año, llama la atención que el Gobierno Petro insista en reformas como la de la salud, que tiene un alto impacto fiscal y que agravarían la situación actual. Parece que la economía no es lo de Petro, por la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, porque parecen considerar que todo gasto es inversión y por la irresponsabilidad frente a los costos de sus decisiones.
(Fin)