Por: Paola Holguín

A pesar de las afirmaciones de Juan Manuel Santos, el Magistrado Eduardo Cifuentes y otros, la JEP sí se puede derogar o modificar, así la hayan incluido en la Constitución contra la voluntad popular, que le dijo no al acuerdo de La Habana en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

De hecho, derogar la JEP es posible, legal, legítimo y urgente, porque así forme parte de la Constitución, la propia Carta establece cómo puede modificarse. De hecho, mientras la Constitución de 1886 alcanzó 70 reformas en 104 años de vigencia, la Constitución de 1991, en sus casi 30 años, suma más de 53 reformas. 

El título 13, sobre reforma de la Constitución establece en los artículos 374 a 380 los mecanismos para hacerlo que son: el Congreso a través de Acto Legislativo, la Asamblea Constituyente o el pueblo mediante referendo. 

Es legítimo porque es un derecho en democracia, en especial de un pueblo que le dijo no a ese tribunal en el plebiscito y que en la elección presidencial refrendó su deseo cuando ganó el presidente Duque, único de los candidatos que prometía reformar el acuerdo entre Santos y las FARC.

La JEP es ilegítima desde el origen, porque es inaudito que los victimarios participen directa o indirectamente en la formulación, diseño y elección del tribunal que va a juzgarlos, y eso sucedió con la JEP, como lo afirmó el propio Timochenko en su momento. Además, como ya lo mencioné, el constituyente primario a través de plebiscito dijo NO a ese tribunal.

Adicionalmente, la JEP ha sido cuestionada por: permitir la salida del país de los más temibles asesinos de las FARC, como lo hizo en 2018 Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, con 12 terroristas, entre ellos, Fernando Arellán, autor material del atentado en el Club El Nogal; otorgar la libertad a criminales, como los tres irlandeses que vinieron a instruir a los terroristas en fabricación de explosivos, igual lo hicieron con el narcoterrorista Santrich, quien era solicitado en extradición por narcotráfico y otros delitos ocurridos con posterioridad a la firma del acuerdo final y que por lo tanto no eran competencia de la JEP, por ello, yo misma instauré denuncia ante la Comisión de Acusaciones contra los Magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murilño Granados, por prevaricato en un proceso que continúa.

Además, existen numerosos escándalos de funcionarios y contratistas de la JEP, investigados por la Fiscalía General por corrupción, obstrucción a la justicia y favorecimiento a integrantes FARC, entre otros delitos, como: Néstor Raúl Correa, Martha Lucía Zamora, Luis Ernesto Caicedo, July Milena Henríquez y Juan Carlos Bermeo. 

La JEP a pesar de lo costosa, no ha logrado en estos años entregar una sola condena, pero ha permitido abusos como que miembros de las FARC continúen delinquiendo, no hayan entregado todas las armas, ni todos los bienes, ni los menores forzosamente reclutados, ni siquiera la verdad; y a esto se suman las sesgadas sentencias, como la que legitimó el carro bomba contra la Escuela de Policía del norte de Bogotá o el recientemente denunciado montaje del Magistrado Ramelli sobre el caso de Dabeiba, que sacaron a la luz pública Salud Hernández y la Comisión Civil de la Verdad. 

En fin, razones de sobra hay para derogar la JEP, por ejemplo, el respeto a las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; porque si no logramos un mínimo de justicia, no tendremos paz y porque no tenemos miedo a la verdad, sino a la mentira y a la deconstrucción de la historia que están haciendo sectores de la izquierda radical aliados con las FARC.

Lo cierto y paradójico, y contrario a lo que afirman muchas voces, es que al final, no fuimos los críticos del acuerdo de paz los que minamos la credibilidad de la JEP, sino sus propios magistrados y funcionarios con la ineptitud de su gestión; la arrogancia de sus declaraciones y la arbitrariedad de sus sesgadas decisiones.