En febrero de 2019 atestigüé directamente la brutalidad del régimen venezolano, en un suceso que terminó por servirle de justificación a Nicolás Maduro para romper relaciones diplomáticas y políticas con Colombia. Sí, fue Maduro quien las rompió, como también fue quien cerró abruptamente las fronteras entre ambos países, con las sabidas consecuencias sociales, económicas y políticas; no el Gobierno colombiano.

Miles de venezolanos refugiados, desterrados y exiliados por el régimen, tras largos meses de esfuerzos, intentaron llevar ayudas humanitarias a sus compatriotas en su tierra natal, a través de las fronteras con Brasil y Colombia; sin embargo, no les fue posible hacerlo debido a que Maduro había ordenado el cierre y repeler, en el sentido literal y más brutal del término, el ingreso de las ayudas.

Aquel sábado 23 de febrero, acompañé personalmente la jornada, como muestra de apoyo a quienes han sido despojados de su elemental derecho a vivir en su propia tierra sin miedo al terror y a las dificultades propias de un modelo político- económico fallido, que se ha podido sostener por la fuerza de las armas y la complicidad de otros regímenes antidemocráticos. Las fuerzas de seguridad venezolanas, obedeciendo las órdenes del déspota, dieron como resultado durante las 12 horas de la caravana humanitaria, dos personas asesinadas -incluido un niño-, y por lo menos, 60 personas heridas de bala, e incontables afectados por los gases lacrimógenos; hechos a los que tienen acostumbrados a sus opositores y, que dicho sea de paso, han motivado la apertura de una investigación formal por delitos de lesa humanidad, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde diciembre de 2021.

Ahora que Petro y el régimen venezolano hacen ingentes esfuerzos por restablecer relaciones, preocupa que empiece una auténtica cacería de la oposición refugiada en nuestro país; así como un camino que irremediable y trágicamente acerque a Colombia a regímenes autoritarios y antidemocráticos, violadores de los Derechos Humanos. Porque a pesar del trino de Petro donde afirma que Colombia garantiza el derecho de asilo y refugio, preocupa hasta dónde llegue la presión de Diosdado Cabello para que se extraditen opositores venezolanos, y la reciente orden de captura emitida por el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, contra los directivos de Monómeros en Colombia.

A esto se suma la ausencia de Colombia el pasado 12 de agosto del Consejo Permanente de la OEA, cuando se votaba la resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y la aceptación del  designado Embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, diplomático de carrera cercano a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez desde los años 90, quien como Canciller se encargó de afianzar los lazos de Venezuela con China, Turquía, Irán y Rusia, y de adelantar una campaña para negar las violaciones a los Derechos Humanos en el vecino país.

Obras son amores y no buenas razones. Veremos qué pasa, pero hasta ahora todo parece mal augurio sobre lo que significará para el país la normalización de relaciones con un régimen investigado por crímenes internacionales, causante de la crisis de refugiados más grave no asociada a una guerra. Que la diplomacia no se convierta en complicidad criminal.

Nota al margen. A pesar de que el Canciller de Petro aseguraba que los puestos diplomáticos no estaban hechos para hacer política, las designaciones de Armando Benedetti, León Fredy Muñoz y Camilo Romero, dicen otra cosa; esperemos que estos nombramientos en países afines ideológicamente al Gobierno, no tengan además, objetivos judiciales.