Por: Mary Anastasia O’ Grady
El Departamento de Estado colabora con la persecución política de Colombia a Andrés Felipe Arias
La Administración Obama fue notoriamente complaciente con los izquierdistas de América Latina. Por eso no causó sorpresa, en 2016, cuando los departamentos de Estado y de Justicia de Obama se alinearon con la decisión del presidente JM Santos para extraditar al antiguo ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien había huido a la Florida para escapar de las acusaciones de sus enemigos políticos.
El único crimen del señor Arias, de centro derecha, fue su candidatura para presidente en 2009, cuando el Sr. Santos aspiraba al cargo y los terroristas de las Farc querían a alguien como él en la presidencia. El Sr. Arias está todavía luchando contra la extradición y los departamentos de Justicia y Estado, llenos de veteranos de Obama, están aún en el lado equivocado del caso.
Si el Secretario de Estado, Mike Pompeo, no interviene, un hombre inocente, con dos niños pequeños, puede terminar pagando una sentencia de 17 años en una prisión colombiana, por un crimen que no ha cometido.
Olvidemos que los asesinos en Colombia no son condenados a 17 años; olvidemos así mismo que el juicio contra Arias fue seguido únicamente por la politizada Corte Suprema de Justicia de Colombia, sin derecho a apelación, una violación de las leyes internacionales sobre derechos humanos.
El meollo de este asunto reside en saber si Washington tiene Tratado de extradición con Bogotá. Ambos países firmaron uno en 1979, pero, como la Corte Suprema de Colombia ha dicho, el país no lo ratificó.
El presidente Santos rehusó extraditar muchos sospechosos solicitados por los EEUU, diciendo que no existe Tratado. Uno de ellos era el narcotraficante Walid Makled, que Colombia capturó en 2011, pero que fue enviado a Venezuela, donde sus secretos serían protegidos. El Sr. Santos dijo que él no tenía opción distinta a cumplir la Constitución y las leyes, añadiendo: “Nosotros tenemos un Tratado de extradición con Venezuela y no con los EEUU”.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en una declaración juramentada ante una corte en los EEUU, también ha dicho que no existe Tratado. Colombia utiliza la ley interna para enviar sospechosos a los EEUU.
En una solicitud, el jueves, en la 11a Corte de Circuito de Apelaciones, en Atlanta, los abogados del Sr. Arias insistieron nuevamente en ese punto. “La legalidad de la orden que busca la permanencia de Arias en EEUU, depende de si el Tratado, que Colombia insiste en que no fue ratificado y que nunca fue obedecido, tiene vigencia”. El Tratado dice en su Artículo 21 (1): “Que está sometido a ratificación”.
En 2017 y 2018 Colombia rechazó solicitudes de extradición de los EEUU contra sospechosos requeridos por secuestro, tráfico de drogas y posesión de cohetes lanzagranadas.
El Sr. Arias, por el contrario, fue acusado de la firma de un contrato ilegal con una dependencia de la Organización de Estados Americanos, y de ayudar a gentes inescrupulosas a defraudar el Estado. Un tribunal administrativo en Colombia determinó que el contrato con la OEA era legal, y la Procuraduría de Colombia encontró en su investigación que era inocente de la desviación de fondos públicos. Durante su juicio en la Corte Suprema no se presentaron pruebas de fraude, sobornos o enriquecimiento personal.
El caso era tan absurdo y político, que la Embajada de los EEUU en Bogotá le expidió visa, permitiéndole volar a Miami, en 2014. El Sr, Arias presentó testimonio de esto al juez John O´Sullivan, en junio de 2017, en la Corte Federal de Miami.
Sin embargo, el Departamento de Justicia lo persigue y cita contra él al Departamento de Estado, reclamando la existencia del Tratado. Su petición dice: “Ambas, la Corte de Extradiciones y la Corte de Habeas, sostienen que deben aceptar el punto de vista del Departamento de Estado, a pesar de los hechos que constan en el expediente”. Esas Cortes, “juzgaron solamente basadas en la declaración no sustentada del abogado del Departamento de Estado. Él arguyó que el Tratado está vigente, pero se negó a aparecer para explicar su razonamiento de manera personal”.
Un Tratado bilateral, del que una parte niega que exista y rechaza su cumplimiento, es inaudito. Sin embargo, el Departamento de Justicia está utilizando la ridícula afirmación del Departamento de Estado. Por eso, la Corte ha aceptado ese punto de vista.
El Sr. Santos hizo al hampa el inmenso favor de enviar al Sr. Makled a Venezuela, ofreciendo una pista de la razón por la cual el Tratado nunca fue ratificado. Los capos de la droga, que tienen poder político en Colombia, se oponen a ese Tratado. ¿Es súbitamente válido cuando se usa contra uno de sus enemigos?
El presidente colombiano Iván Duque tampoco es un dechado de coraje. Ha dicho que el Sr. Arias “nunca se robó ni siquiera un peso. Fue excesivamente perseguido”, y que su condena fue una “gran injusticia”. Ningún colombiano ha firmado una solicitud de extradición, porque nadie en Colombia puede jurar que el Tratado exista. Sin embargo, el Sr. Duque no tiene la entereza de decir que no hay Tratado.
El Sr. Arias, ahora, se presenta a una Corte Federal de Apelaciones en Atlanta: “Si el panel de tres jueces decide el asunto basado en los méritos, en lugar de ceder simplemente a los departamentos de Estado y Justicia, el Sr. Arias ganará”, como me lo dijo la semana pasada uno de sus abogados, David Óscar Markus.
Aun en el caso de que esto ocurra, el malévolo papel del Departamento de Estado en esta trapisonda merece ser considerado por Mr. Pompeo