Por: Fernando Velásquez

El populismo político no es un fenómeno nuevo, porque él surgió junto con el proceso de democratización en el siglo XIX y, desde entonces, sus caracteres y formas de manifestarse se reflejan en las organizaciones sociales contemporáneas; desde luego, lo que sí es novedoso es la intensidad y la simultaneidad con las cuales el asunto se manifiesta durante los últimos tiempos, en casi todos los países regidos por gobiernos constitucionales. Eso se percibe, de forma especial, a partir de los años ochenta del siglo pasado con el surgimiento de los partidos de ese cuño y la discusión propiciada en torno a ello, en cuya virtud se han publicado miles de libros, artículos, columnas y editoriales, que difunden una visión alarmante en la cual se muestra a estos movimientos como una amenaza a la democracia liberal y se le concibe como una forma patológica, pseudo y posdemocrática, producida por la corrupción de los ideales libertarios.

Por tal razón, ese fenómeno se ha convertido en una característica habitual de la política en las naciones occidentales; y, si bien se emplea en esencia por agrupaciones externas o rivales, los dirigentes de la corriente principal, tanto en el gobierno como en la oposición, también lo utilizan para tratar de contrarrestar los intereses de los populistas. Nuestro país, desde luego, está atravesado por esas manifestaciones y ellas han irrumpido con fuerza desaforada; obsérvese, no más, lo que sucede con el poder central y, en el plano local, con muchos de los alcaldes y sus equipos de gobierno que administran ciudades muy complejas y desiguales, erizadas de dificultades, sin poseer trayectoria ni tener ninguna experiencia en el manejo de la cosa pública.

Así las cosas, cuando ellos asumen el mando –ni cortos ni perezosos– empiezan a vociferar por la redes sociales, a ensayar, y a realizar prácticas nepotistas, aventureras y corruptas. Algunos se gastan los presupuestos en su propia imagen mientras otros entregan la burocracia y la contratación pública a sus aliados o a grupos criminales, con quienes comparten el poder. Y, por supuesto, pasado el lapso durante el cual terminan el muy costoso aprendizaje se lanzan como precandidatos presidenciales porque, en medio de su estulticia, se creen legitimados para regir los destinos del país así tengan que ponerse al servicio de la maquinaria descompuesta de turno; lo que hoy hacen varios exalcaldes de capitales importantes lo muestra con claridad.

Incluso, un camino parecido empieza a transitar Daniel Quintero Calle, actual mandatario de Medellín quien, hasta ahora, solo ha demostrado que es mal improvisador, incompetente, populista y sin ninguna formación ideológica. Lo sucedido con el manejo de EPM –tras la algarabía que armó– es apenas una de las muestras de que quien gobierna no tiene rumbo; allí ha volcado su falta de decoro cuando, en pocos meses, postuló a cuatro personas para intentar gerenciar el importantísimo y vital ente autónomo. Pero lo más grave es que uno de esos oscuros candidatos no hubiese pasado procesos previos de escogencia en otras empresas y que, incluso, exhibiera una hoja de vida mentirosa y maquillada, en la cual se atribuía títulos y/o experticias que no tenía; una conducta constitutiva de falsedad en documentos y que, añádase, tiene visos de fraude procesal porque con ese actuar engañoso buscaba obtener la expedición de un acto administrativo mediante el cual se le investía con esa dignidad, algo que castiga el Código Penal.

En conclusión, cuando los dirigentes improvisan se tornan en una amenaza social y si, además, son aprendices resentidos a quienes todo les queda grande, arruinan los procesos de transformación colectivos para ahogarse en la mediocridad; de esta manera (y quede bien claro: no injerimos en los debates electoreros propiciados por quienes abanderan la revocatoria del mandato), a la mayor brevedad y antes de que acabe hasta con el nido de la perra, el bocón Quintero Calle debería elegir el mismo camino que su gerente descabezado: ¡¡¡Renunciar!!!