Por: Mauricio Vargas

El 12 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia tumbó la ley que había aprobado el tratado de extradición con Estados Unidos, y escandalizó a millones de colombianos, pues el fallo era el resultado de las presiones de los capos de la cocaína a los magistrados. El argumento del alto tribunal fue una tinterillada: la ley aprobatoria del tratado había sido firmada ocho años antes, no por el presidente de entonces, Julio César Turbay, quien estaba en el exterior, sino por el ministro delegatario Germán Zea. Y eso, según la Corte, viciaba de nulidad la ley y dejaba sin vigor el tratado.

Virgilio Barco, el más liberal de los presidentes liberales, no se quedó cruzado de brazos. En menos de 48 horas, firmó la ley del tratado que el Congreso había aprobado en 1980, alegando que con ello subsanaba el vicio por el que la Corte la había tumbado. Muchos abogados pusieron el grito en el cielo por la decisión presidencial, que a todas luces era una audacia de muy dudosa ortografía jurídica. La Corte volvió a tumbar la ley, pero se tardó varios meses y, entre tanto, la extradición operó y en buena hora Barco extraditó a docenas de capos, incluido Carlos Lehder. En agosto de 1989, tras el asesinato de Luis Carlos Galán, Barco volvió a mostrar su talante: por decreto de estado de sitio (la conmoción interior de entonces), estableció la extradición por vía administrativa –sin que tuviese que pasar por la Corte Suprema– y reactivó el envío a las cárceles de Estados Unidos de los capos que aterrorizaban el país.

Fueron movidas jurídicas mucho más audaces que las que el presidente Iván Duque pudo haber activado el miércoles, cuando, en una decisión de tres votos contra dos, la sala de revisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) atajó la extradición del capo de las Farc, el tristemente célebre alias Santrich. Como lo plantearon en sus salvamentos de voto las dos valientes magistradas que se opusieron al fallo, la JEP invadió la competencia de la justicia ordinaria ante la que debía responder Santrich por haber cometido delitos de narcotráfico después de la entrada en vigor de los acuerdos con las Farc.

Al revés de la ligereza cacareada por las autodenominados ‘pacifistas’, según la cual extraditar a Santrich era un golpe a los acuerdos, extraditar a ese capo era hacerlos cumplir, pues los acuerdos prevén que si un exguerrillero recae en el delito, pierde los beneficios, y ya no es procesado por la JEP sino por la justicia ordinaria, que bien puede extraditarlo. Los tres magistrados de la JEP que salvaron a Santrich del destino que merecía por negociar –después de los acuerdos– un cargamento de cocaína con delegados del cartel de Sinaloa se extralimitaron e invadieron competencias.

Con eso, con la nutrida información de inteligencia sobre cómo los capos han infiltrado la JEP y con el ejemplo de Barco, Duque debe dictar medidas de excepción y evitar el espectáculo de la liberación de semejante criminal, mientras se resuelve su recaptura ordenada por un juez de la República. Así lo entendió el fiscal general, Néstor H. Martínez: le propuso al Presidente algunas de esas medidas y renunció a su cargo para no asumir la deshonra de firmar la libertad del capo.

Hace unas semanas, cuando las cabezas más calientes de la derecha le pedían al Presidente que desalojara por la fuerza a los indígenas del Cauca que bloqueaban la Panamericana, respaldé la contención de Duque, quien levantó el bloqueo con una negociación poco costosa, y sin usar la Fuerza Pública, lo que habría podido desatar una masacre. Pero, a diferencia del asunto del Cauca, en esta ocasión no ha habido contención sino inacción, como lo ilustra el lánguido discurso presidencial del miércoles en la noche. Ojalá la recaptura de Santrich cambie el panorama.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

Fuente: El Tiempo