Por: Jorge H. Botero

Se requiere una extraordinaria movilización de recursos estatales para enfrentar la situación, pero, también, buen juicio para no destrozar la economía

El gobierno despliega una estrategia correcta para afrontar la pandemia: ha modificado la utilización de ahorros públicos que estaban destinados a otros propósitos; podría, hasta cierto punto, aumentar el gasto público colocando más deuda en el mercado; y ha recibido un cuantioso crédito del Fondo Monetario que será de mucha utilidad.

Es afortunado que a las empresas se les ofrezcan apoyos crediticios para que puedan continuar operando. Pero cabe preguntar si ellos serían suficientes; si llegarían a tiempo para evitar el inminente colapso empresarial;  y si, en todos los casos, la oferta de nuevos créditos es el camino adecuado: muchos empresarios, ante la incertidumbre reinante, no quieren endeudarse más aunque fuere sin intereses.

La magnitud del problema es esta: las empresas vulnerables, que son aquellas afectadas por el confinamiento, generan aproximadamente 3.5 millones de empleos. Salvarlos es una tarea apremiante. No puede ser que cuando la pandemia termine -porque terminará- y deba iniciarse el proceso de reactivación, constatemos que muchas han colapsado y que sus empleos se han perdido.

En el contexto de los múltiples problemas que la pandemia suscita, y ante la evidente insuficiencia de los recursos presupuestales disponibles, se ha propuesto una idea simple y popular: convertir la emisión monetaria en un mecanismo para financiar, sin restricciones, el gasto público. Éste no es tiempo para la ortodoxia, se nos dice. Al diablo con el principio de la moneda sana. Acudamos a la helicopter money” que en 1969 Milton Friedman hizo famosa. La mejor política social consiste en imprimir billetes de banco para repartirlos entre la gente, tal vez arrojándolos desde helicópteros, o, lo que hoy es posible,  abonándolos en las cuentas de ahorro de los beneficiarios por medio de la telefonía celular.

Suponiendo que ese proceder tenga sentido, el único país del mundo que de veras puede hacerlo es Estados Unidos gracias a que el dólar es, de hecho, el patrón monetario mundial. No hay “corridas” contra la divisa estaounidense; las reservas internacionales de muchos países, incluido China,están invertidas en esa moneda. Quienes lo intenten, si ella se deprecia, se harían daño a si mismos.

No les preocupa a quienes entre nosotros proponen aquella iniciativa radical  sus efectos inflacionarios; los daños que se causarían al valor de los títulos de deuda emitidos por el  gobierno; la devaluación del tipo de cambio y los posibles transtornos en la balanza de pagos.

El Banco Central Europeo no puede efectuar créditos directos a los gobiernos de los países miembros. Su mandato único consiste en preservar la estabilidad de los precios, lo cual hace graduando la liquidez de la economía. El nuestro financia al gobierno mediante operaciones de mercado abierto, que son las que versan sobre títulos de deuda pública en circulación.

Esto significa que antes de que el Emisor los adquiera, inversionistas privados los han tenido en sus portafolios, lo cual significa que un amplio número de agentes han medido con antelación el riesgo de inversión y la rentabilidad ofrecida. Esa suerte de auditoría colectiva sobre el gobierno es de enorme utilidad: no puede actuar sin que el mercado valide sus aspiraciones.

No obstante, con el voto unánime de los directores del Banco, es posible efectuar prestamos al gobierno. Nunca se ha hecho, por los efectos colaterales dañinos antes mencionados, pero en las graves circunstancias actuales cabría hacerlo. La cuestión, entonces, cambía de naturaleza. ¿Cómo proceder preservando instituciones y evitando un desborde de los precios?

En el documento que Eduardo Lora y yo hemos liberado el pasado viernes se propone subsidiar parcialmente a las empresas catalogadas como vulnerables para facilitarles el pago de salarios, a condición de que mantengan los empleos que tenían al momento de desatarse la crisis. La fuente de pago para esta operación  serián recursos de emisión monetaria suministrados por el Banco de la República, que, por ser de rápido desembolso, son cruciales.

La fórmula que planteamos se desenvuelve en dos etapas. En una primera se crearía un derecho de crédito colectivo a favor de la Nación derivado de un empréstito forzoso a cargo de todos, o algunos contribuyentes, al impuesto de renta. Las obligaciones así impuestas no serian exigibles sino a partir de cuando la crisis se supere. En la segunda, el gobierno acudiría, con el respaldo en el flujo de ingresos futuros derivados de ese instrumento, o de títulos de deuda pública que lo representan, al Banco de la República a solicitar un préstamo que le permitiría anticipar esos recursos. Con ellos que se puede instrumentar la urgente tarea de protección de empleos formales que se persigue.  

Es interesante anotar, por último, que esta estrategia se utilizó en 1932 para financiar la guerra con el Perú. La ley 12 de ese año definió la arquitectura de la operación, que fue muy exitosa, como lo informó el Ministro de Hacienda Estéban Jaramillo al Congreso pocos años después.

Briznas poéticas. Oportuna la Iliada para tiempos como éste: “Como dañino león acomete un rebaño de muchas vacas que pasen a orillas del extenso lago y son guardadas por un pastor que, no sabiendo luchar con las fieras para evitar la muerte de alguna vaca de retorcidos cuernos, va siempre con las primeras o con las últimas reses; y el león salta al centro, devora una vaca y las demás huyen espantadas: así los aqueos todos fueron puestos en fuga por Héctor”.