Por: Paola Holguín

El pasado 2 de octubre se cumplieron cuatro años del plebiscito sobre el Acuerdo de La Habana, una fecha que para bien y para mal, marcó la historia de Colombia. 

Para bien, porque la ciudadanía demostró en las urnas que tenía claridad sobre las implicaciones de la negociación entre Santos y la organización narcoterrorista Farc; porque demostró que, ante chantajes, presiones y publicidad engañosa, es capaz de responder con valor civil; porque con el no, abrió la posibilidad para que tarde o temprano, se exija la revisión de esos acuerdos que tenían el compromiso de implementarse sí y solo sí contaba con la refrendación popular.

Recordemos que, en mayo de 2016, ante la Corte Constitucional, Juan Manuel Santos afirmó: ¿Por qué he insistido en someter el acuerdo de paz a la refrendación del pueblo a través de un plebiscito si –como Presidente– tengo las facultades de negociar y firmar? La respuesta es la siguiente: Quiero entregarle la paz al pueblo para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido… “En este sentido, la refrendación popular es una garantía de transparencia y legitimidad política y jurídica –tanto a nivel interno como a nivel externo– para iniciar una transición hacia a la paz” …

Y las propias Farc afirmaron en igual sentido en el documento que en septiembre de 2016 salió de la X Conferencia en los Llanos de Yarí. Los actos de refrendación del Acuerdo Final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que se pueda surtir el trámite y la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y de Tratamientos Penales Especiales” … “Tenemos el convencimiento de un potente acto de legitimación política del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano” …

A pesar de esto, el 2 de octubre pasó a la historia para mal, porque aunque era un compromiso de las partes, ellos se burlaron del 50,23% de los colombianos (6.424.385) que dijimos NO al acuerdo; y, a pesar de la generosidad de los voceros del NO que se sentaron con el Gobierno para buscar un gran acuerdo nacional, lo único que lograron fue que el mismo acuerdo rechazado en las urnas por el constituyente primario, se impusiera a través de una proposición en el Congreso -valga recordar que las proposiciones tienen algún valor político y ninguno jurídico-.

Hoy, ha quedado en evidencia que todo lo que se denunció durante la campaña del plebiscito era cierto, por ejemplo, que:

1. Sería un acuerdo de impunidad: cuatro años después de la firma, la JEP, tribunal diseñado y creado por las propias Farc, no ha dictado una sola sentencia condenatoria, y en cambio, se ha convertido en un foco de corrupción, una lavandería de crímenes de esa organización, y una maquinaria de venganza criminal contra quienes legal y legítimamente los combatieron.

Recordemos que entre los funcionarios y contratistas de la JEP investigados en la Fiscalía por corrupción, obstrucción a la justicia y favorecimiento a integrantes FARC, entre otros delitos, están: Néstor Raúl Correa, Martha Lucía Zamora, Luis Ernesto Caicedo, July Milena Henríquez y Juan Carlos Bermeo. Además, la JEP en un claro prevaricato, impidió la extradición de alías Santrich, pedido por el Gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, cometidos con posterioridad a la firma final del Acuerdo (es decir; por fuera del periodo en que tiene competencia ese tribunal). 

2. Las víctimas no eran el centro: le han negado sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y muy por el contrario han sido humilladas y revictimizadas por los criminales de las Farc.

3. Tendrían curules a dedo sin pagar por sus crímenes: hoy tienen 10 curules ocupadas por integrantes de la estructura criminal que no han pagado un solo día de cárcel por sus delitos, y que, en las urnas, a pesar de ser el partido con mayor financiación estatal, no obtuvieron votos ni para la personería jurídica (un poco más de 85 mil). 

Basta ver criminales de lesa humanidad como Benkos Biohó o Israel Zúñiga, el asesino de Bojayá, -responsable de unos 79 muertos, la mayoría menores de edad y más de 100 heridos sólo en esa masacre-, posando de político desde su curul en el Senado.

4. Sería el mayor lavado de activos en la historia de Colombia:  De los $12.070 millones que reportó las FARC que entregaría, solo se recibieron $2.114 millones; de los 319 vehículos reportados, se identificaron 268, pero no entregaron ninguno; de hecho, el 45% de los bienes de las FARC verificados por la Sociedad de Activos Especiales no tienen vocación reparadora.

5. No se desmovilizarían todos, ni entregarían todas las armas: no se desmovilizó un solo miliciano, ni todos los guerrilleros en armas; y de los 13.510 desmovilizados, un importante grupo escapó y se rearmó como Santrich e Iván Márquez que fueron negociadores en La Habana. 

De las armas, solo entregaron 8.994 y poco se sabe de las 1.027 caletas reportadas.

6. Favorecerían el narcotráfico: a pesar de que el NO ganó en las urnas derrotando al cartel de la droga más poderoso de América, con el acuerdo de La Habana convirtieron al narcotráfico en delito conexo al delito político para el caso Farc, bloquearon toda posibilidad de fumigación con glifosato, están demandando para parar la erradicación manual forzosa y evitaron la extradición de muchos narcos; como consecuencia tenemos más de 200 mil hectáreas de coca y fortalecidas las estructuras criminales financiadas con este negocio maldito.

En resumen, estos y muchos de los puntos que nos llevaron a oponernos al Acuerdo de La Habana, se hicieron realidad para dolor de los colombianos; pero el voto digno de los colombianos se dio y sigue siendo una herramienta, para que, con voluntad política, se puedan hacer tarde o temprano los ajustes que los colombianos exigieron en las urnas y que nos permitan rescatar a Colombia de este debilitamiento democrático e institucional en el que está sumida.