Paola Holguín
Tras unas pocas semanas de la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, muy cerca de la ciudad de Neiva, más de dos mil personas irrumpieron indebidamente en un predio privado para ocupar unas cincuenta hectáreas. En pocos días, el predio fue parcelado y se denominó por los propios invasores como “Asentamiento Petro”.
La revista Semana entrevistó a algunos de los ocupantes, dejando evidencia de lo que sin duda alguna es el motivo de que esta problemática se haya agravado en el último año. Uno de ellos, John Mosquera, manifestó: “antes de ser presidente (Gustavo Petro), él dijo que había muchos predios haciendo nada, muchas fincas grandes haciendo nada y él dijo que cuando fuera presidente les iba a dar uso a esas tierras, bien sea para cultivar o hacer viviendas y se dio la oportunidad de estar acá”. En el mismo sentido, otro de los invasores sentenció: “acá estamos porque el presidente había dicho que los baldíos y las tierras de los narcotraficantes se las iban a dar a los pobres, y yo voté por él, porque él nos prometió una vivienda a nosotros los pobres”.
Entretanto, en el departamento del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización que, a propósito, movilizó a miles de indígenas el 27 de septiembre de 2023 tras la convocatoria del Gobierno Nacional y que, junto con la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), han recibido contratos en el último año por valor superior a los $110.000 millones, emitía un comunicado en el que anunciaban el “proceso de liberación de la madre tierra”, que no es otra cosa que la invasión violenta, masiva y sistemática de predios privados. Pronto, esta práctica ilegal se extendió a departamentos en los que nunca se habían presentado esta clase de vías de hecho tan organizadas y ambiciosas.
Lo cierto es que el discurso sectario, populista y cargado de odio de clases de Petro no ha hecho más que escalar la problemática, al punto de que hoy, según la Defensoría del Pueblo, 26 de los 32 departamentos del país se han visto afectados, lo que supone un riesgo serio para la estabilidad y la seguridad jurídica de quienes ejercen la posesión o la propiedad legal y pacífica de miles de predios en el territorio nacional, así como para la seguridad alimentaria y el empleo en el país.
El Departamento del Cauca, por mucho, es en el que se concentra el mayor porcentaje de casos, con 36%; otros departamentos gravemente afectados son Antioquia, Atlántico, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada. Al mes de agosto de 2022, empresarios del Cauca y del Valle del Cauca habían presentado cerca de 640 denuncias por actos violentos relacionados con la invasión de tierras, que, a esa fecha, habían afectado la productividad de aproximadamente 6.000 hectáreas.
Paradójicamente, la invasión de tierras, en estos departamentos, ha violentado gravemente los intereses y los derechos de productores independientes, esto es campesinos y pequeños propietarios involucrados en la cadena de producción de derivados de la caña de azúcar, a quienes corresponde el 75% de las tierras afectadas (de las 241.000 hectáreas sembrada); pues solo el 25% de las tierras son propiedad de ingenios azucareros, y más de 180.000 hectáreas cultivadas son propiedad de cerca de 4.500 agricultores, de los cuales 1.100 tienen menos de 10 hectáreas, y el 65% menos de 60 hectáreas.
Según PROCAÑA, hasta el mes de octubre de 2022, se había registrado invasiones en 31 predios, con pérdidas superiores a los $100.000 millones, 3.500 empleos perdidos, así como varias personas muertas y heridas.
El más reciente evento de invasión, denunciado por FEDEPALMA, se presentó en el municipio de Turbo, Antioquia, en el que un colectivo violento de personas se instaló forzosamente en la finca Buenos Aíres, predio de aproximadamente 100 hectáreas dedicadas al cultivo de palma de aceite, afectando gravemente su actividad productiva, debido a la destrucción de maquinaria y de la infraestructura de procesamiento. La Federación hizo un angustioso llamado al gobierno Petro para que adoptara medidas de protección de la propiedad y la producción agroindustrial que se ha visto afectada.
La gravedad del problema, la pasividad del Gobierno y el llamado angustioso de los sectores; nos llevó a radicar en el Congreso de la República una iniciativa legislativa que tiene como propósito reforzar la protección de la propiedad privada, especialmente de inmuebles rurales.
Este proyecto de ley, que fue idea de Camilo Manrique, un empresario amigo, se estructura en tres ejes fundamentales: 1. La prohibición a la Agencia Nacional de Tierras de adquirir terrenos invadidos y la pérdida de beneficios para el acceso y formalización de tierras de los invasores, 2. La creación del Registro de Ocupantes Indebidos de Inmuebles Rurales y 3. La orden al Gobierno Petro para que diseñe e implemente una política pública de alcance nacional que promueva la cultura de la legalidad, el respeto a la propiedad privada y se abstenga de incentivar este tipo de vías de hecho.
En un país que en el índice de derecho de propiedad ocupó en 2022 el puesto 74 entre 129 países examinados, con 4,64 puntos de 10, y con un fenómeno con las dimensiones que ha adquirido éste, urge la adopción de medidas que promuevan la promoción y el respeto al goce pacífico y libre de la propiedad. Esperemos que el Congreso tramite con celeridad y sin contratiempos esta iniciativa.