Por Paola Holguín – @PaolaHolguin
La Constitución Política de Colombia es muy clara cuando establece en el artículo 189 que el Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, dirige las relaciones diplomáticas; también lo es cuando, en el artículo 226, ordena que la internacionalización de las relaciones se hagan sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, y al elevar a rango constitucional la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (artículo 225), como órgano consultivo del Presidente.
Queda claro entonces que, aunque las relaciones internacionales las define el Presidente, no puede ser el capricho del gobernante de turno el que establezca los parámetros del relacionamiento con otras naciones, y que la Comisión Asesora, reglamentada en la Ley 68 de 1993, y que debe ser convocada por lo menos cada dos meses para reuniones informativas y para ordinarias cuando lo determine el primer mandatario, debería estar al tanto de temas tan delicados como la ruptura de relaciones con Israel.
Llama la atención que el Gobierno de Colombia tome una postura tan activa frente al conflicto entre Israel y Palestina, omitiendo pronunciarse sobre el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, que fue el origen de esta nueva confrotación; también es extraño que se sustente la ruptura en las supuestas violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional por parte del Estado de Israel, cuando nada se ha dicho sobre el ataque de Rusia a Ucrania o las investigaciones que se adelantan en Organizamos y Cortes Internacionales contra Venezuela, Irán o Cuba por razones similares.
La ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, aliado estratégico de Colombia desde el 1º de julio de 1957, puede acarrear la suspensión de negociaciones o relaciones económicas, de cooperación y de asistencia, afectando nuestra ya golpeada economía, en la medida en que impacta el flujo de bienes y servicios hacia uno de los mercados más influyentes a nivel global, con el que hemos logrado una balanza comercial positiva (entre 2022 y 2024, las exportaciones colombianas alcanzaron USD 27.087.126, en tanto que las importaciones fueron por USD 6.004.605).
Esta decisión unilateral llega justo cuando la integración económica entre ambos países experimenta un renovado impulso, en virtud de la entrada en vigor desde agosto de 2020 del Tratado de Libre Comercio, y trunca la oportunidad de cooperación en áreas como innovación, desarrollo tecnológico, industrial y sector agropecuario. Pero lo preocupante es la manera en que se afectarán las capacidades del país en materia de seguridad y defensa, dado que, el Estado de Israel es un proveedor fundamental de tecnología, equipos y experiencia en la lucha contra el terrorismo, la criminalidad organizada y múltiples factores de riesgo para nuestra integridad territorial. Particularmente preocupa la operatividad de equipos provistos y asistidos por Israel, como los aviones Kfir, misiles Spike y Nimrod, el sistema de cañón autopropulsado Atmos, vehículos militares de artillería como el M-463, las baterías antiaéreas Eagle Eye, los aviones no tripulados Hermes, así como la producción y el desarrollo de los fusiles Galil y el rifle X95.
Por último, ¿qué pasará con el contrato firmado por la Fuerza Aérea Colombiana con Israel en diciembre de 2022, para adquirir el sistema de defensa antiaérea Barak MX, cuya entrega está prevista para el 2026, por valor de USD 131,2 millones?