Contexto

 El problema de las drogas está desbordado:

 

  • El creciente consumo de sustancias psicoactivas está acabando con las vidas de niños y jóvenes de todo el país y afecta en general a todos los colombianos.

 

  • En 2017, Colombia alcanzó 171.000 hectáreas de cultivos de coca. Un incremento del 17% (25.000 ha) con respecto a 2016 y el máximo histórico en el área sembrada.

 

  • El crimen organizado se ha transformado y está en manos de estructuras criminales que ejercen control territorial en áreas rurales, poseen una gran capacidad de intimidación a través de la violencia con impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana.

 

  • En 2016 los ingresos del narcotráfico fueron aproximadamente equivalentes al 2% del PIB del país. Para 2017, equivalían al 5% del PIB del país.

 

  • Los municipios afectados con cultivos ilícitos registran mayores niveles de pobreza que los demás y existe una mayor brecha en las necesidades básicas insatisfechas.

 

  • Ruta Futuro: Política integral para enfrentar el Problema de las Drogas comprende desde el problema del consumo hasta el lavado de activos, pasando por todos los cultivos ilícitos, el crimen organizado, la transformación de los territorios afectados históricamente y la cooperación internacional propositiva.

 

  • La Política se basa en 5 pilares fundamentales:
  1. Disminuir el consumo de drogas: Prevención y atención
  2. Atacar la oferta de drogas
  3. Desarticular las organizaciones criminales
  4. Afectar las economías y rentas del crimen organizado
  5. Transformar los territorios en el tránsito hacia las economías lícitas

 

Pilares de la Política integral para enfrentar el Problema de las Drogas

 

  1. Disminuir el consumo de drogas: Prevención y atención

El país cuenta con un problema creciente de consumo de sustancias psicoactivas que afecta a nuestros niños y jóvenes, y en general a toda nuestra población:

 

  • Entre 2013 y 2016, el porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años, con consumo reciente de drogas ilícitas incrementó de 4.3% a 8%.
  • Para el caso de la población universitaria (18-24) la proporción de consumidores pasó del 8.21% en 2013 al 20.77% en 2016.
  • Entre 2013 y 2016, el porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años, consumidores de cocaína de manera habitual en el último año, pasó de 0.3% al 2.6%.
  • En la población universitaria, este hábito de consumo pasó del 1.9% en 2013 al 2.7% en 2016.
  • 1 de cada 5 escolares reporta que le han ofrecido probar alguna sustancia psicoactiva ilícita
  • El inicio de consumo alcohol se presentan en promedio a los 13 años y de drogas ilícitas a 14 años.

Existe también un consumo considerable de Nuevas Sustancias Psicoactivas, específicamente de drogas sintéticas, que ha fortalecido un nuevo mercado de importación ilegal y consumo de este tipo de drogas.

 

  • De acuerdo con los estudios disponibles, la última encuesta nacional de consumo (2013) la sustancia más usada en Colombia es la marihuana, seguida por la cocaína, basuco, éxtasis e inhalantes.
  • El consumo de drogas sintéticas está aumentando y en el país se han identificado ya 32 nuevas sustancias psicoactivas, donde la mayoría son drogas sintéticas.

 

La política emprende una fuerte estrategia de prevención dirigida a padres, docentes y jóvenes, que incluirá múltiples componentes para reducir la vulnerabilidad y promover la inclusión social, desde un enfoque de salud pública. Esto implica uso adecuado del tiempo libre, deporte, cultura y vida en familia. También advierte los graves efectos de las drogas en la juventud y en la población en general.

 

Las acciones están dirigidas a fortalecer el papel de los jóvenes, las familias, la escuela, la sociedad civil, la iglesia, las comunidades y la sociedad en general como actores claves de la prevención.

 

  1. Atacar la oferta de drogas

 

En 2017, Colombia alcanzó 171.000 hectáreas de cultivos de coca que representa un incremento del 17% (25.000 ha) con respecto a 2016 y el máximo histórico en el área sembrada. Se estima que a nivel nacional 119.500 familias están involucradas en el cultivo de hoja de coca.

En materia de cultivos ilícitos, se ha emprendido una lucha decidida para su inmediata reducción, dadas las preocupantes cifras encontradas.

 

  • A finales de 2017, se identificaron alrededor de 79.000 hectáreas de hoja de coca en resguardos indígenas, consejos comunitarios, parques nacionales y reservas forestales.

 

  • También existe afectación en zonas de interés estratégico (por ejemplo, fronteras terrestres) y en localidades donde antes no ha habido intervención.

 

  • Para alcanzar el potencial de exportación de clorhidrato de cocaína se necesitan aproximadamente 7.461 carrotanques de 65 metros cúbicos cada uno, para transportar las sustancias químicas líquidas utilizadas en el proceso. En cuanto a las sustancias químicas sólidas se necesitan 1.884 tractocamiones de 52 toneladas para transportar este tipo de sustancias químicas.

 

  • Las sustancias químicas son desviadas, ingresadas al país por contrabando o producidas de manera clandestina.

 

  • En el procesamiento de la hoja de coca se utilizan grandes cantidades de gasolina, entre otros componentes, que posteriormente se desechan en las fuentes hídricas, afectando gravemente el medio ambiente.

 

Para combatir la oferta la política incluye estrategias que abordan de manera integral el mercado de sustancias químicas, mediante su control en la importación, venta y uso en el territorio nacional y en puertos de entrada. Por primera vez la DIAN hará parte de esta lucha.

 

En este mismo sentido, a nivel internacional, se promueve un marco de corresponsabilidad con los países productores de estas sustancias, con el fin de fortalecer los mecanismos de control y el intercambio de información estratégica a través de canales de cooperación bilateral y regional.

 

Se incrementaron los Grupos Móviles de Erradicación, con lo cual entre agosto y octubre se erradicaron forzosamente 17.968 hectáreas de hoja de coca. También se disminuyeron 4.000 hectáreas bajo el esquema de erradicación voluntaria durante los meses de agosto y septiembre.

 

Además de las estrategias de erradicación tradicionales, la Política Integral Contra las Drogas promueve la investigación, creación y desarrollo de nuevos mecanismos para la reducción de la oferta de drogas, incorporando estrategias de I+D (modificaciones genéticas, alteración de moléculas, etc.).

El estado cuenta con una gran experiencia acumulada en la lucha contra las drogas, sin embargo tenemos grandes retos en materia de coordinación y trabajo en equipo que consideramos se superan con la Política propuesta.

 

Es una Política que fortalece el trabajo en equipo, además integra a las entidades territoriales, a través del trabajo que se viene realizando con los Consejos Seccionales de Estupefacientes de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital de Bogotá.

  1. Desarticular las organizaciones criminales

 

El crimen organizado en Colombia se ha transformado y su caracterización se ubica en tres tipos A, B y C.

  • Organizaciones tipo A, ejercen control territorial en áreas rurales e influencia urbana a través de redes de crimen para sus negocios ilícitos, tienen incidencia nacional con alcance transnacional, fundamentada en el tráfico de drogas ilícitas, se han identificado 3 Grupos Armados Organizados – GAO: Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Puntilleros

 

  • Organizaciones tipo B, tienen incidencia a nivel regional y/o local, poseen capacidad de intimidación a través de la “práctica de violencia” instrumental, de estas organizaciones se han priorizado 23 para la operación policial.

 

  • Organizaciones tipo C, son grupos de Delincuencia Común Organizada con impacto local en la seguridad y convivencia ciudadana, se han identificado más de 300 a nivel nacional.

 

La desarticulación de organizaciones criminales es una prioridad y por eso se enlaza con esta política para afectar el negocio del narcotráfico de esas organizaciones que están operando bajo esquemas de redes que van desde el microtráfico hasta el crimen trasnacional.

 

Se fortalecerán los mecanismos de extradición con especial énfasis en los cabecillas de estas organizaciones y los principales actores del narcotráfico.

 

Es una Política con estrategias diferenciadas para desarticular organizaciones criminales que están generando entornos violentos con afectación constante a la población.

 

  1. Afectar las economías y rentas del crimen organizado

 

En 2016 el valor de ingresos del narcotráfico fue aproximadamente del 2% del PIB del país. Para 2017, el valor del capital acumulado con los ingresos generados por el narcotráfico representó el 5% del PIB del país, por encima de sectores como el café que participan con el 1% del PIB.

La industria del narcotráfico no solo genera considerables rentas para sus integrantes sino fuertes patrimonios de ilegalidad.

Uno de los aspectos novedosos de la Política Integral contra las Drogas, es sin duda que uno de los pilares está dedicado exclusivamente a la afectación de las finanzas ilícitas, con estrategias para contrarrestar la amenaza del lavado de activos y delitos fuente, lo cual constituye un avance importante para el Sistema Antilavado y contra la Financiación del Terrorismo del país, al contar con lineamientos específicos de lucha contra estos fenómenos, enmarcados en una estrategia integral de lucha contra el tráfico de drogas.

La acción de extinción de dominio se fortalecerá para quitarles los bienes a los criminales, y que esto permita generar recursos para combatir la criminalidad y hacer más fuerte nuestro aparato de justicia.

  1. Transformar los territorios en el tránsito hacia las economías lícitas

Los municipios con afectación de cultivos ilícitos registran un índice de pobreza multidimensional rural de 54.7%, un 15% mayor al promedio registrado por los municipios no productores de coca.

También existe una brecha en las necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 22% entre las cabeceras municipales y las zonas rurales de los municipios afectados por coca.

Esta política descansa sobre un pilar fundamental y es la transformación del territorio; para crear oportunidades de desarrollo, en un tránsito hacia la legalidad y las economías lícitas.