Por: José Gregorio Hernández Galindo

El caso «Santrich» no es otra cosa que un ejemplo -un deplorable ejemplo- de cómo evadir las responsabilidades y de cómo burlarse de la Justicia, aprovechando las debilidades y equivocaciones de quienes la administran.

«Santrich» hizo mofa de todo el sistema jurídico, usando a su favor las ambivalentes posiciones de los tribunales. Durante más de un año desde su captura con fines de extradición el 9 de abril de 2018, la JEP – que, a la luz del artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 1 de 2017, sólo tenía competencia para decidir la fecha exacta del posible delito por el cual se lo reclamaba, para establecer si había tenido lugar antes o después del 1 de diciembre de 2016- vaciló y hasta expidió un «protocolo» sobre el procedimiento aplicable,  invadiendo la órbita del Congreso. Después solicitó pruebas, que la Corte Constitucional declaró que sí podía pedir para tal efecto.

La carta rogatoria de las pruebas -dirigida a las autoridades norteamericanas-  se perdió -inexplicablemente llegó a Panamá- y una vez recuperada y vuelta a enviar, como los Estados Unidos no enviaron pruebas por considerar que ellas debían ser examinadas en el proceso -en ese país y no en Colombia-, la JEP decidió en primera instancia que Santrich gozaba de la garantía de no extradición y ordenó su libertad. El Procurador General apeló de la decisión y todavía no se ha resuelto al respecto. El Fiscal General, por su parte, renunció a su cargo con carácter inmediato e irrevocable.

Vino después -al salir de la cárcel Picota- la recaptura por orden de la Fiscalía, a lo cual siguió la decisión del  Consejo de Estado que negó la pérdida de investidura de «Santrich» porque la no posesión como congresista (una causal señalada en la Constitución) obedecía a «fuerza mayor» (estar privado de su libertad).

Con base en lo resuelto por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia -aunque en agosto de 2018 había estimado lo contrario-, reconoció a favor de «Santrich» el fuero de congresista sin que se hubiese posesionado, y, en consecuencia asumió la competencia exclusiva prevista en el los artículos 186 y 235 de la Constitución y lo dejó de nuevo en libertad. Días después, el señor Hernández -contra quien no se dictó medida de aseguramiento- se posesionó como representante a la Cámara, para finalmente, evadir la vigilancia del esquema de seguridad asignado. Este 9 de julio, cuando había sido citado en la Corte Suprema para indagatoria, no se presentó.

En fin, una burla en toda la línea, que además golpea y desacredita no solo a las autoridades judiciales que han intervenido, sino la eficacia del proceso de paz y las normas dictadas en su desarrollo.

Desapareció «Santrich» y ahora -cuando ya es demasiado tarde- los magistrados se acordaron de proferir una orden de captura. Veremos si esa captura se logra. Y si alguien responderá por lo ocurrido, aunque sabemos que no.

 

Fuente: La Voz del Derecho – Punto de Referencia