Carlos Enrique Moreno
13 de abril de 2025
En el sector privado colombiano, especialmente las grandes y medianas empresas, han transitado históricamente por un gran camino de responsabilidad social, económica y ambiental, y solo son pocas las excepciones con lamentables acuerdos de precios y casos de acuerdos con políticos inescrupulosos. Nuestras empresas son ejemplo de lo que en su momento denominábamos Responsabilidad Social Empresarial, concepto que fue migrando de lo social, económico y ambiental, al de gobierno ESG, el cual insiste en los temas de cumplimiento y de gobernanza corporativa, tales como junta directiva, relaciones con accionistas y comités internos, etc.
A los anteriores ahora se adiciona el concepto de true value, y bajo estos se trabaja la producción sostenible, transparencia, ética, conducta responsable, eficiencia en uso de recursos, gestión de riesgos, cadenas de suministro, inversión en capital humano, y responsabilidad frente al cambio climático entre otros. Pero lo principal de cada empresa sigue siendo su sostenibilidad con una visión más sistemática, casi siempre centrada en ella misma y su entorno. Esta visión necesaria frente a los aspectos enunciados, sumada a las dificultades de orden público en Colombia y a las narrativas contra el sector privado, han derivado en que las empresas con algunas excepciones se concentren solo en su labor e impacto en el entorno cercano, con un perfil muy bajo y alejadas de lo público. Pero la realidad política de nuestro país, con narrativas antiempresa, ataques al sector privado, la democracia y a las libertades, hacen que la visión anterior NO sea suficiente y que las empresas tengan que pensar en su rol central como pilar de la democracia y migren hacia abrir un nuevo capítulo de RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA (RD). Esta no puede ser una visión política, ni de izquierda ni de derecha. Se trata de que los dirigentes y empleados de las empresas NO den por garantizado el valor de la libertad, de la empresa privada, de la separación de poderes, de la institucionalidad estatal. Es necesario que defiendan activamente el rol de un Estado de derecho, centrado en la constitución, que provea seguridad y justicia, que facilite bienes públicos para favorecer el desarrollo.
Hoy más que nunca se requiere que tengan posiciones más firmes y vocales frente a los problemas nacionales. Que se pronuncien sobre los mensajes develando sus narrativas disolventes. Que denuncien abiertamente la asfixia normativa señalando los crecientes tramites que se vuelven retenes de captura burocrática y frenan el progreso. Que abiertamente apoyen con talento y recursos la malla de entidades que buscan el progreso y defienden la democracia tales como el ICP, CEJ, CPC, Libertank, entre otros. Esta RD debe articularse con las universidades para afincar regionalmente los comités Universidad Empresa Estado CUEE, que deben liderar el impulso a nodos productivos y de desarrollo en sus regiones.
La RD pasa por apoyar instituciones como la Fundación Origen, que trabaja en la formación de nuevos lideres que se empoderen del desarrollo regional. Se trata de que privados presten servicio en lo público y que entiendan que hoy tienen una RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA que deben asumir, sin esperar que el peso total lo soporten los demás.