Han pasado 8 años desde que fueron extraditados a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico 14 jefes paramilitares por el gobierno de Álvaro Uribe, los cuales se habían desmovilizado entre los años 2006 y 2007 en el marco de la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz.

La medida fue criticada en su momento porque estas personas estaban obligados a contar la verdad de los crímenes que cometieron y reparar a las víctimas para ser cobijados por los efectos de la Ley de Justicia y Paz, que les garantizaba penas en Colombia no mayores a los 8 años de prisión a cada uno sin importar el número de crímenes que tuvieran a cuestas.

El gobierno de la época justificó la extradición de los jefes paramilitares porque aseguró reincidieron en actividades criminales y otros no cooperaban de manera debida con la justicia y todos incumplían con la indemnización a las víctimas.

Sin embargo, varios colectivos defensores de los derechos humanos rechazaron esta medida, incluso se dijo que se extraditó la verdad.

Sin embargo, de esa época a hoy algunos de los ex jefes paramilitares han colaborado con la justicia colombiana entregando testimonios a través de videoconferencias o a comisiones de fiscales que han viajado a Estados Unidos. Es el caso de Salvatore Mancuso; Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.
No obstante, la información que han brindado estas personas a la justicia colombiana ha sido a título de colaboración porque ya nada los obliga.

La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, dijo esta semana que  “alguien afirmó que se extraditaron los jefes paramilitares porque estaban hablando más de la cuenta”, lo que la Parlamentaria uribista rechazó diciendo que “nosotros extraditamos 17 jefes paramilitares, 16 continúan en proceso de Ley de Justicia y Paz y dando versiones. Uno no, que es alias ‘Gordo Lindo’, porque se descubrió que era más un mafioso y que nunca fue paraco”. Insistió que la especie de “la extradición de la verdad no es cierta” y agregó “sino pregúntenles a muchos políticos y congresista que se ha ido a hablar con ellos a Estados Unidos”.

Otra cosa piensa el abogado defensor de derechos humanos y de las víctimas, Alirio Uribe Muñoz, quien en la actualidad funge como representante a la Cámara. Señaló que lo que dice la Ley 975 es que “aquellos comandantes que pasaban por Justicia y Paz y que no dijeran la verdad o que estuviesen delinquiendo desde las cárceles, esas personas que se excluían de Justicia y Paz debían pasar a la justicia ordinaria para responder por sus crímenes”.
Añadió que lo “que es claro y concreto es que hoy todos esos jefes paramilitares no están respondiendo frente a la justicia colombiana, se encuentran en el exterior respondiendo por delitos menores relacionados con el narcotráfico”.