Por: Paola Holguín

El pasado 16 de abril, bajo el título “Unfunny money”, el diario británico The Economist publicó un artículo donde denunciaba que la organización narcoterrorista Farc tenía a 2012 activos por US$ 10,5 billones producto de la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. 

Según la publicación, los analistas financieros consideran que gran parte de la fortuna de las FARC está invertida en Colombia en empresas de transporte, propiedad rural y en la bolsa de valores, y en otros países como Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Preocupa que según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a nivel mundial en lavado de activos, los gobiernos sólo detectan unos 20 centavos por cada 100 dólares; pero más allá de eso y pese a que en Colombia establece en el artículo 323 del código penal el lavado de activos y aunque se ha avanzado cada vez más en la legislación sobre extinción de dominio, el Gobierno Santos parece no querer perseguir el dinero de las FARC.

Hasta ahora en lo que va de la negociación, en ningún momento y en ningún aparte de los preacuerdos se exige a las Farc devolver los bienes ilícitamente adquiridos.


La revista Forbes ya había advertido que las FARC es la tercera organización terrorista más rica del mundo, después del Estado Islámico y Hamas, con ingresos anuales por US$ 600 millones. 

A pesar de todo esto, las FARC de manera reiterada y cínica, como ha sucedido con todos los temas a lo largo del proceso de La Habana, han afirmado no contar con recursos, pero más allá de eso, preocupa que el Gobierno apoye esta afirmación y diga desconocer dónde están el dinero de las FARC, aunque, por ejemplo, en enero de este año, la Fiscalía de Costa Rica advirtió a las autoridades colombianas que habían hallado unos US$ 30 millones en bienes a nombre de familiares de las FARC, específicamente del hoy negociador en Cuba, alias Pablo Catatumbo.


Por su parte, William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Colombia y hoy Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales Antinarcóticos, afirmó que su país tiene ideas concretas sobre el dinero de las FARC.


Así las cosas, lo que queda en evidencia es que las FARC con complicidad del Gobierno Santos, están a punto de cometer el mayor lavado de activos en la historia de Colombia, tal como lo han advertido el Centro Democrático y el Procurador General de la Nación.