FARC
Por: Álvaro Uribe Vélez
Primó el Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo.
Nada tuvo que ver el Ministro, estaba en el extranjero, cuando regresó fue a mi oficina con el General Padilla de León a decirme que si la Farc develaba el plan, e impedía que Ingrid y los demás abordaran el helicóptero de rescate, se debería permitir que los retornaran a la selva. Le contesté que de manera ninguna, que además estaban muy enfermos, que bajo mi responsabilidad entrara a operar el plan B. En efecto, yo había sugerido al General Padilla de León que tuviera un grupo entrenado que a la mínima señal llegara y estableciera un cerco humanitario, ni tan cerca que los secuestradores dispararan, ni tan lejos que se evadieran con los rehenes. Sobre la posibilidad del cerco humanitario, aislado de la operación secreta, comenté al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner. Nada le manifesté del operativo en marcha. Me contestó que estaría listo para venir a negociar la liberación si se hiciera el cerco humanitario, incluso me pidió llamarlo a su casa de París. Después lo llamé a dar la buena noticia. El plan lo preparó un grupo de nuestras fuerzas bajo la dirección del General Mario Montoya. Estuve buscando la liberación de los secuestrados desde el día que inició el Gobierno, agosto de 2002. Los altos mandos me invitaron a recibir a Ingrid, dije que lo hicieran ellos y que el Ministro lo necesitaba para su futuro político. Aquel día continué la agenda, asistí a la reapertura del hospital Lorencita Villegas que había sido cerrado tiempo atrás. Yo estaba listo para salir ante cualquier dificultad, como lo hice dos meses antes a raíz del bombardeo al terrorismo invasor de la hermana Ecuador. Esta acción eliminó el control que ejercía Raúl Reyes sobre la comunicación entre Jorge Briceño (Mono Jojoy), cabecilla de actos terroristas, y Farfán (Gafas), carcelero responsable de mantener en cautiverio a los secuestrados. Ya sin esa intermediación fue efectivo el libreto de la inteligencia del Estado que llevó al rescate. Ingrid y los liberados le hablaron al país aquella noche desde la Casa de Nariño, actué como coordinador para asignar el uso de la palabra. Ante la repetida pregunta de por qué no aparecí en la foto con Ingrid, bajando del helicóptero y apareció el Ministro, he contestado que esa foto simboliza uno de mis principios: delegar éxitos y asumir dificultades.
Primó el Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo.
Por: D´mar Córdoba Salamanca
En medio de un concierto de acuerdos entre la Corte Constitucional que negó las objeciones presidenciales a la JEP; el Consejo de Estado que resolvió que Santrich sí es congresista aún cuando no se ha posesionado; la JEP que garantizó a Santrich la no extradición y la Corte Suprema de Justicia, que en voces del Consejo de Estado, ratificó que el mencionado narcoguerrillero sí es un aforado, lo que tenemos es un desastre vergonzoso en el Estado Colombiano.
Aunque no podamos creer, ni en el peor desgobierno del Estado, vimos a las instituciones girando alrededor de la garantía de impunidad en favor de Santrich, de otra manera no podemos explicar como 4 altas cortes tomaron decisiones en favor de las FARC y de Santrich que es lo mismo.
No nos reponíamos de la noticia del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de Santrich, argumentando que ser solicitado en extradición por el delito de narcotráfico por los Estados Unidos constituye “Fuerza Mayor” cuando la tragedia se hizo más grande con el auto de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la libertad de Santrich.
Recordemos para precisar qué es “Fuerza Mayor” que según el Código Civil colombiano; se trata de un evento extraordinario, imprevisible, e irresistible, pero me pregunto si cuando se está ejecutando una conducta delincuencial de ejecución permanente se está en un caso de Fuerza Mayor… Claramente NO¡
El caso es que el Consejo de Estado resolvió que enviar coca y ser solicitado en extradición por los Estados Unidos es fuerza mayor y por lo mismo, el solicitado, en este caso, Santrich, conserva su calidad de congresista electo, siendo competente para conocer de sus actuaciones la Corte Suprema de Justicia.
Es esa Corte, la que ayer con ponencia del Magistrado Eugenio Fernández Carlier, ordenó la libertad inmediata de Santrich, porque a juicio de este Magistrado, el sujeto en cuestión debe pasar a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ante posibles delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016 cuando se firmó el tal acuerdo de “paz”.
El sustento de esta decisión de la Corte, sin lugar a dudas es la que previamente había tomado el Consejo de Estado, pero el problema es que pretenden posesionar a Santrich en su curul cuando ya está en ese lugar Benedicto de Jesús González otro miembro de las FARC.
Eso es lo mismo como si desde el Centro Democrático pretendieran posesionar de nuevo a Samuel Hoyos que renunció para aspirar a la alcaldía de Bogotá y que fue derrotado en las encuestas que dieron la candidatura a Ángela Garzón, pues el siguiente en la lista que reemplazó a Hoyos fue Juan Manuel Daza y jurídicamente no se puede quitar a un congresistas para poner otro al antojo del partido que esté detrás de la “audacia” jurídica.
Ahora bien, el otro asunto que quiero poner de presente es que la Corte Suprema de Justicia (sala laboral) en 2018 – Providencia AHL3514-2018, al resolver un habeas corpus en contra de Santrich había señalado:
“Adicionalmente, el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y, como consecuencia, no puede decirse que, para estos precisos fines, se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que, como ya se dijo, es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero”
Este 29 de mayo en la decisión de la Corte que ordena la libertad de Santrich señala:
“Para resolver el problema, la Sala encuentra que el acto solemne de la posesión no es un requisito indispensable para que SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE tenga el fuero constitucional como congresista. Tan solo basta que ostente la investidura como tal, que es lo que sucede en este caso.”
Ante este despropósito cabe preguntarse ¿cómo es posible que la Corte diga una cosa hoy y otra mañana frente a los mimos hechos jurídicos y fácticos.
Así las cosas entonces resultó que las FARC, no solo tiene 10 curules en el Congreso, sino que tiene 11 aforados, y frente a esta monumental irregularidad desconocen desde las Altas Cortes, que para ser congresista se necesita terminar con el proceso de un “acto administrativo complejo” que es aquél que se forma con la concurrencia de una serie de actuaciones que no tienen existencia jurídica separada y que nace de diferentes voluntades que conforman un solo acto jurídico, en este caso el de elección de un Congresista, que debe por último tomar posesión y presentar juramento ante el parlamento.
Con este concepto quiero decir que se desconoció el Estado de Derecho para darle paso al poder judicial de las FARC y del expresidente Juan Manuel Santos.
Nota: Pero quizá no hay mal que por bien no venga. La desafortunada decisión de la Corte Suprema de Justicia le da la razón a la Senadora Paola Holguín, porque así como lo expresó en su denuncia en contra de los Magistrados de la JEP, ese tribunal no tenía competencia para procesar a Santrich, sino que todo lo que corresponda a él debe ser competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Declaraciones de la Senadora Paola Holguín en el programa Súper Magazín de Todelar, donde explica las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, la denuncia que interpuso ante la Comisión de Acusaciones en contra de los Magistrados de la JEP por darle la garantía de no extradición a alias Jesús Santrich, y sobre la actualidad política del país.
Escucha la entrevista completa aquí…
Bogotá D.C.; 10 de abril de 2019- La Senadora Paola Holguín pone en conocimiento del país, que los miembros de las FARC, Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada y Victoria Sandino Simanca, presentaron queja en su contra ante la Comisión de Ética del Senado de la República.
La Senadora Holguín del Centro Democrático, defensora de las víctimas de los terroristas de las FARC, publicó una campaña en redes sociales y pegó tres afiches en la puerta de su oficina, donde resumió la denuncia que hicieran en el Congreso de la República las niñas de la Corporación Rosa Blanca que señalaron a alias Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Pablo Catatumbo entre otros, de crímenes sexuales, aborto y reclutamiento forzado de menores de manera sistemática.
La Senadora antioqueña en redes, vallas y medios de comunicación ha emprendido una batalla para que las víctimas sean escuchadas, y sus victimarios respondan por los vejámenes cometidos.
Esta queja ante la Comisión de Ética en el Senado de la República, se configura como un ataque directo al derecho de libre expresión y como un mecanismo de presión para silenciar la voz de quien adelanta una importante defensa en favor de las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.
Hace noticia en La Hora de la Verdad, Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, quien habló sobre su proyecto de ley sobre las víctimas y prohibición de apología al delito y terrorismo , también sobre las denuncia de los integrantes de las FARC en su contra en el Congreso de la República ante la Comisión de Ética.
Holguín explicó que Carlos Antonio Lozada y Victoria Sandino de las FARC presentaron una queja en su contra, por unos carteles que la Senadora puso en la puerta de su oficina y también en su cuenta de Twitter, sobre los delitos cometidos por la narcoguerrilla.
“Los carteles dicen los crímenes que ellos han cometido, lo mío fue un recordéis que sale de las denuncias de las niñas de la Corporación Rosa Blanca”, dijo la Senadora del Centro Democrático.
Recalcó que seguirá insistiendo en los crímenes que las FARC cometieron, “así les choque o me denuncien. Ellos saben dónde encontrarme, en la oficina 214 del Congreso”.
La Senadora Holguín también afirmó que la Justicia Especial para la Paz está buscando es que los que están en contra de la FARC se declaren culpables de delitos que no cometieron.
También se refirió al caso del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y afirmó que él cometió ningún delito. “Lo único que hizo, y que lo han reconocido varios sectores, fue ayudar al desarrollo del campo colombiano”.
Sobre el proyecto de ley, explicó que el pasado 9 de abril como homenaje a la victimas radicó, junto con el representante Juan Espinal, un proyecto que busca promover los derechos de las víctimas.
“Hacemos este Proyecto porque en un Estado de Derecho no está bien que se hagan honores a personas que hayan sido condenadas por crimines en contra de las víctimas” dijo Paola Holguín y recalcó que en Colombia no se puede exaltar el mal y condenar el bien.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió a las protestas indígenas que mantienen bloqueada la vía Panamericana desde hace más de 20 días y advirtió sobre las pérdidas millonarias que ha traído para varios sectores.
“Algo que comienza como una protesta, como una reivindicación de algo que ellos sienten que tienen derecho, se ha venido convirtiendo en el secuestro colectivo más grande la historia de Colombia”, expresó el presidente en un medio de comunicación nacional.
Bruce Mac Master calculó que el impacto global supera los 50 mil millones de pesos en pérdidas económicas y manifestó que algunos sectores como el agrícola seguirán impactados aún después de que las protestas terminen.