Víctimas

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DECLARACIÓN DE BOGOTA

Nosotros, Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder publico legítimo por el voto popular, universal, directo y secreto, actualmente fuera de nuestro país por razones de persecución, amedrentamiento y ataques a nosotros y nuestras familias, presentes en la Ciudad de Bogotá capital de la hermana República de Colombia, los días 1 y 2 de octubre del año 2019;, convocados con la urgencia y necesidad manifiesta de aportar soluciones que coadyuven a la grave crisis social, económica, política y sanitaria que impera en Venezuela y que ha degenerado en una emergencia humanitaria compleja que a su vez ha causado el desplazamiento forzoso de millones de venezolanos, convirtiendo la crisis migratoria en un elemento de desestabilización para toda la región

CONSIDERANDO

Que hoy el Estado venezolano puede ser catalogado como un Estado Criminal cuyo régimen de administración usa todas sus capacidades para delinquir, cuyo territorio este siendo depredado para el trafico ilegal de minerales y droga; cuyo objetivo más perverso es someter a los ciudadanos, convertirlos en cómplices del delito, o en su defecto obligarlos a emigrar fuera de su tierra. Esto, sin duda genera un desafío sin precedentes a la comunidad internacional.

CONSIDERANDO

Que debido a la grave crisis que afecta a nuestro País por la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y sus cómplices, quienes hoy usurpan el Poder, y han sido catalogados como protectores del terrorismo internacional y narcotráfico

CONSIDERANDO

Que nuestro país se ha convertido en una amenaza comprobada para la región, que involucra la desestabilización de la comunidad internacional, tal y como ha sido reconocido por los Países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (Tiar) al aprobar la activación de este mecanismo internacional para lograr la salida a la crisis que afecta a los venezolanos que se ha convertido en una amenaza a La Paz y estabilidad del continente

CONSIDERANDO

Que hasta el momento existen 56 países que han reconocido el gobierno legítimo de Venezuela que representa el presidente (I) Juan Guaido y con ello el reconocimiento a la Asamblea Nacional como órgano legítimo de representación popular.

CONSIDERANDO

Que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha entregado la soberanía territorial y degradado la dignidad de la patria, en flagrante violación del artículo 187 numeral 11 constitucional, ya que se encuentran en territorio venezolano apostadas tropas de potencias extranjeras sin autorización de la Asamblea Nacional y en tal sentido hoy Venezuela debe ser considerada un territorio ocupado.

ACORDAMOS

• PRIMERO: Manifestar nuestro respaldo pleno al Presidente de la Asamblea Nacional JUAN GERARDO GUAIDÓ, reconocido que hasta el momento hay 56 países que dan su reconociendo como Presidente Encargado de Venezuela, en su gestión para lograr el cese de la usurpación, instalar un gobierno de transición y la convocatoria a Elecciones Libres.

• SEGUNDO: denunciamos y rechazamos los ataques permanentes al parlamento y seguimos en defensa del único órgano legitimo del estado venezolano como es la Asamblea Nacional, para tal fin acordamos la creación del Equipo de Trabajo de los parlamentarios venezolanos en situación de permanencia forzosa en el exterior para continuar desde los países de acogida con la diplomacia parlamentaria y avanzar en la creación de las condiciones necesarias para retornar a la patria y reincorporarnos a nuestros curules en la Asamblea Nacional, así́ mismo en este acuerdo exigimos la libertad inmediata de nuestro diputado secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro Juan Requesens, al igual que el reconocimiento a la investidura de diputados a quienes se encuentran protegidos en las Embajadas de países aliados, la liberación de todos los presos políticos , civiles y militares.
Para el seguimiento de este trabajo se ha designado como coordinador de los parlamentarios en el exilio al diputado Winston Flores

• Tercero: solicitamos la liberación y el cese de la persecución a los integrantes de las FANB inculpados torturados y secuestrados por el Régimen, por cumplir con su sagrado deber de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la república

• Cuarto: Asumimos la activación del pacto de defensa TIAR, instrumento jurídico idóneo que establece los mecanismos para con la comunidad internacional implementar la salida a la crisis de Venezuela , en cuyo aspecto ya hemos logrado en primera fase la ley de sanciones a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se ha convertido en una amenaza a la región y el continente , a tal fin se crea una comisión de diputados que dará́ seguimiento e impulsará la continuidad y aplicación de todos los mecanismos previstos en el Tiar, integrada dicha comisión por los diputados Freddy Superlano, Julio Montoya, Juan Pablo Garcia, Ismael García, Armando Armas y Carlos Paparoni

• Quinto: Debido al sufrimiento y desesperación del pueblo venezolano que ha conllevado a la mayor crisis migratoria de venezolanos conocida en el hemisferio, lo cual ha provocado excepcionales pero muy preocupantes episodios de xenofobia en diferentes países de la región, para atender este tema tan sensible y delicado se ha conformado una comisión integrada por los diputados Luis Florido, Sonia Medina, Tomas Guanipa, José́ Manuel olivares, Richard blanco y Johnny rahal; con el fin de fomentar la fraternidad hacia los venezolanos, combatir la xenofobia, vincular a los parlamentos y gobiernos en función de una campaña a favor del migrante.

• Sexto: Usar los mecanismos que nos brindan las nuevas tecnologías para mantener a la Asamblea Nacional y a los Diputados que la componen conectados, activos, y en pleno uso de sus competencias ante cualquier eventualidad.

En Bogota a los dos días del mes de octubre de 2019, désele la difusión comunicacional suficiente y necesaria para el conocimiento de todos los venezolanos dentro y fuera del territorio venezolano y a la comunidad internacional para facilitar el cumplimiento de los acuerdos aquí establecidos.

Diputados,

Diputado Julio Borges

Diputado Sergio Vergara

Diputada Sonia Medina

Diputado German Ferrer

Diputado Julio Montoya

Diputado José Manuel Olivares

Diputado Juan Pablo Garcia

Diputado Richard Blanco

Diputado Jose Guerra

Diputado Tomas Guanipa

Diputado William Dávila

Diputado Winston Flores

Diputado Freddy Superlano

Diputada Gaby Arellano

Diputado Luis Florido

Diputado Franco Casella

Diputado Carlos Paparoni

Diputado Yorman Varilla

Diputado Ismael Garcia

Diputado Armando Armas

Diputado Jonny Rahal

 

uribe jaque

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Por: Álvaro Uribe Vélez

Primó el Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo.
Nada tuvo que ver el Ministro, estaba en el extranjero, cuando regresó fue a mi oficina con el General Padilla de León a decirme que si la Farc develaba el plan, e impedía que Ingrid y los demás abordaran el helicóptero de rescate, se debería permitir que los retornaran a la selva. Le contesté que de manera ninguna, que además estaban muy enfermos, que bajo mi responsabilidad entrara a operar el plan B. En efecto, yo había sugerido al General Padilla de León que tuviera un grupo entrenado que a la mínima señal llegara y estableciera un cerco humanitario, ni tan cerca que los secuestradores dispararan, ni tan lejos que se evadieran con los rehenes. Sobre la posibilidad del cerco humanitario, aislado de la operación secreta, comenté al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner. Nada le manifesté del operativo en marcha. Me contestó que estaría listo para venir a negociar la liberación si se hiciera el cerco humanitario, incluso me pidió llamarlo a su casa de París. Después lo llamé a dar la buena noticia. El plan lo preparó un grupo de nuestras fuerzas bajo la dirección del General Mario Montoya. Estuve buscando la liberación de los secuestrados desde el día que inició el Gobierno, agosto de 2002. Los altos mandos me invitaron a recibir a Ingrid, dije que lo hicieran ellos y que el Ministro lo necesitaba para su futuro político. Aquel día continué la agenda, asistí a la reapertura del hospital Lorencita Villegas que había sido cerrado tiempo atrás. Yo estaba listo para salir ante cualquier dificultad, como lo hice dos meses antes a raíz del bombardeo al terrorismo invasor de la hermana Ecuador. Esta acción eliminó el control que ejercía Raúl Reyes sobre la comunicación entre Jorge Briceño (Mono Jojoy), cabecilla de actos terroristas, y Farfán (Gafas), carcelero responsable de mantener en cautiverio a los secuestrados. Ya sin esa intermediación fue efectivo el libreto de la inteligencia del Estado que llevó al rescate. Ingrid y los liberados le hablaron al país aquella noche desde la Casa de Nariño, actué como coordinador para asignar el uso de la palabra. Ante la repetida pregunta de por qué no aparecí en la foto con Ingrid, bajando del helicóptero y apareció el Ministro, he contestado que esa foto simboliza uno de mis principios: delegar éxitos y asumir dificultades.

Primó el Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo.

Dmar

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Por: D´mar Córdoba Salamanca

En medio de un concierto de acuerdos entre la Corte Constitucional que negó las objeciones presidenciales a la JEP; el Consejo de Estado que resolvió que Santrich sí es congresista aún cuando no se ha posesionado; la JEP que garantizó a Santrich la no extradición y la Corte Suprema de Justicia, que en voces del Consejo de Estado, ratificó que el mencionado narcoguerrillero sí es un aforado, lo que tenemos es un desastre vergonzoso en el Estado Colombiano.

Aunque no podamos creer, ni en el peor desgobierno del Estado, vimos a las instituciones girando alrededor de la garantía de impunidad en favor de Santrich, de otra manera no podemos explicar como 4 altas cortes tomaron decisiones en favor de las FARC y de Santrich que es lo mismo.

No nos reponíamos de la noticia del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de Santrich, argumentando que ser solicitado en extradición por el delito de narcotráfico por los Estados Unidos constituye “Fuerza Mayor” cuando la tragedia se hizo más grande con el auto de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la libertad de Santrich.

Recordemos para precisar qué es “Fuerza Mayor” que según el Código Civil colombiano; se trata de un evento extraordinario, imprevisible, e irresistible, pero me pregunto si cuando se está ejecutando una conducta delincuencial de ejecución permanente se está en un caso de Fuerza Mayor… Claramente NO¡

El caso es que el Consejo de Estado resolvió que enviar coca y ser solicitado en extradición por los Estados Unidos es fuerza mayor y por lo mismo, el solicitado, en este caso, Santrich, conserva su calidad de congresista electo, siendo competente para conocer de sus actuaciones la Corte Suprema de Justicia.

Es esa Corte, la que ayer con ponencia del Magistrado Eugenio Fernández Carlier, ordenó la libertad inmediata de Santrich, porque a juicio de este Magistrado, el sujeto en cuestión debe pasar a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ante posibles delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016 cuando se firmó el tal acuerdo de “paz”.
El sustento de esta decisión de la Corte, sin lugar a dudas es la que previamente había tomado el Consejo de Estado, pero el problema es que pretenden posesionar a Santrich en su curul cuando ya está en ese lugar Benedicto de Jesús González otro miembro de las FARC.

Eso es lo mismo como si desde el Centro Democrático pretendieran posesionar de nuevo a Samuel Hoyos que renunció para aspirar a la alcaldía de Bogotá y que fue derrotado en las encuestas que dieron la candidatura a Ángela Garzón, pues el siguiente en la lista que reemplazó a Hoyos fue Juan Manuel Daza y jurídicamente no se puede quitar a un congresistas para poner otro al antojo del partido que esté detrás de la “audacia” jurídica.

Ahora bien, el otro asunto que quiero poner de presente es que la Corte Suprema de Justicia (sala laboral) en 2018 – Providencia AHL3514-2018, al resolver un habeas corpus en contra de Santrich había señalado:

“Adicionalmente, el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y, como consecuencia, no puede decirse que, para estos precisos fines, se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que, como ya se dijo, es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero”

Este 29 de mayo en la decisión de la Corte que ordena la libertad de Santrich señala:

“Para resolver el problema, la Sala encuentra que el acto solemne de la posesión no es un requisito indispensable para que SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE tenga el fuero constitucional como congresista. Tan solo basta que ostente la investidura como tal, que es lo que sucede en este caso.”

Ante este despropósito cabe preguntarse ¿cómo es posible que la Corte diga una cosa hoy y otra mañana frente a los mimos hechos jurídicos y fácticos.

Así las cosas entonces resultó que las FARC, no solo tiene 10 curules en el Congreso, sino que tiene 11 aforados, y frente a esta monumental irregularidad desconocen desde las Altas Cortes, que para ser congresista se necesita terminar con el proceso de un “acto administrativo complejo” que es aquél que se forma con la concurrencia de una serie de actuaciones que no tienen existencia jurídica separada y que nace de diferentes voluntades que conforman un solo acto jurídico, en este caso el de elección de un Congresista, que debe por último tomar posesión y presentar juramento ante el parlamento.

Con este concepto quiero decir que se desconoció el Estado de Derecho para darle paso al poder judicial de las FARC y del expresidente Juan Manuel Santos.

Nota: Pero quizá no hay mal que por bien no venga. La desafortunada decisión de la Corte Suprema de Justicia le da la razón a la Senadora Paola Holguín, porque así como lo expresó en su denuncia en contra de los Magistrados de la JEP, ese tribunal no tenía competencia para procesar a Santrich, sino que todo lo que corresponda a él debe ser competencia de la Corte Suprema de Justicia. 

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Declaraciones de la Senadora Paola Holguín en el programa Súper Magazín de Todelar, donde explica las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, la denuncia que interpuso ante la Comisión de Acusaciones en contra de los Magistrados de la JEP por darle la garantía de no extradición a alias Jesús Santrich, y sobre la actualidad política del país.

Escucha la entrevista completa aquí…

 

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Margarita Cabello será la nueva Ministra de Justicia.

La magistrada Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2016) y actualmente
magistrada de la Sala de Casación Civil de esa Corporación, es natural de la ciudad de Barranquilla; abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena; candidata a Maestría en Derecho Procesal  Contemporáneo en la Universidad de Medellín.

Para conocer más, te presentamos CV Margarita Cabello Blanco

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Bogotá D.C.; 09 de mayo de 2019

Hoy, en la Comisión II de Senado, antes de iniciar la sesión reservada de presentación de los Oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía que están para asenso, se abrió el debate sobre si la Justicia Especial para la Paz (JEP) podía solicitar directamente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH.

En medio del debate, la Senadora Paola Holguín del Centro Democrático, presentó una constancia donde dejó claro que la JEP carece de competencia para elevar directamente solicitudes de reunión o audiencias ante organismos internacionales, pues la titularidad para estos asuntos es exclusiva del Estado en cabeza del Presidente de la República según lo estipula el artículo 189 de la Constitución Política.

Holguín recordó que de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por Colombia mediante Ley 32 de 1985, está previsto que representan a los Estados estrictamente las personas a quienes el Estado les otorgue plenos poderes, los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y los Ministros de Relaciones Exteriores, quedando claro, que no existe esa facultad en cabeza de un organismo que hace parte del Estado Colombiano, como lo es la JEP.

Dijo la Senadora Holguín que “la gestión directa y no autorizada de la JEP para promover dicha audiencia, constituye un acto que desconoce el modelo constitucional vigente, y un grave precedente que distorsiona los ámbitos de competencia entre las ramas del poder público y que supone un abuso de poder por extralimitación de funciones”

La Senadora aclaró además, que no es cierto que el Estado colombiano pretenda limitar las competencias de la CIDH, como se afirmó, y les recordó a los senadores, que la carta recientemente suscrita por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, lo que reafirma es que “se debe respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para asegurar a todas las personas sometidas a su jurisdicción, a través de sus propios procesos democráticos, los derechos y garantías consagradas en la Convención, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales”.

BOLETÍN DE PRENSA – JEP-CIDH

 

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Bogotá D.C.; 10 de abril de 2019-  La Senadora Paola Holguín pone en conocimiento del país, que los miembros de las FARC, Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada y Victoria Sandino Simanca, presentaron queja en su contra ante la Comisión de Ética del Senado de la República.

La Senadora Holguín del Centro Democrático, defensora de las víctimas de los terroristas de las FARC, publicó una campaña en redes sociales y pegó tres afiches en la puerta de su oficina, donde resumió la denuncia que hicieran en el Congreso de la República las niñas de la Corporación Rosa Blanca que señalaron a alias Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Pablo Catatumbo entre otros, de crímenes sexuales, aborto y  reclutamiento forzado de menores de manera sistemática.

La Senadora antioqueña en redes, vallas y medios de comunicación ha emprendido una batalla para que las víctimas sean escuchadas, y sus victimarios respondan por los vejámenes cometidos.

Esta queja ante la Comisión de Ética en el Senado de la República, se configura como un ataque directo al derecho de libre expresión y como un mecanismo de presión para silenciar la voz de quien adelanta una importante defensa en favor de las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

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