Por Paola Holguín – @PaolaHolguin
Recientemente, la Contraloría General publicó un alarmante informe en el que evidencia el fracaso de la política de vivienda implementada por Gustavo Petro, lo que agrava el déficit habitacional que afecta a millones de colombianos que no pueden adquirir vivienda propia, especialmente a la clase media y a los segmentos de la población más desfavorecidos, a quienes se les ha hecho imposible acceder a los subsidios para compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
De acuerdo con el estudio realizado por el Dane en 2021, que examinó el déficit habitacional 2019 – 2020, 5,2 millones de hogares (31% del total) sufren esta problemática y se calcula que el país requiere de 1,2 millones de viviendas para superarlo, cifra que solo sobrepasan Venezuela y Argentina, que requieren 2,5 millones y 4 millones, respectivamente.
Con el Decreto 490 de 2023, Petro modificó los requisitos de acceso a los beneficios del programa “Mi casa ya” que regían desde 2015, generando una disminución en la entrega de subsidios para compra de vivienda en un 22,4% en 2023, correspondientes a 15.000 menos en comparación con los otorgados en 2022. En el informe de la Contraloría, se hace especial énfasis en que Petro, al cambiar el monto de ingresos como parámetro de acceso por el de clasificación en el Sisben, eliminó las aspiraciones de la clase media en el segmento VIS, que representa el 60% de vivienda del país. Así, para que una familia de clase media pueda acceder a este tipo de subsidios deberá acreditar, por lo menos, ingresos brutos de $3,2 millones, una cuota inicial de $35 millones y una cuota hipotecaria por veinte años de $1,3 millones.
Más preocupante aún, es que la afectación en la entrega de subsidios para adquisición de vivienda, ha sumido al sector de la construcción en una crisis de enormes proporciones, que contribuirá a agravar el comportamiento global de la economía y agudizará la crisis social por aumento del desempleo. En los nuevos parámetros, el Gobierno exige un 85% de avance de cada proyecto habitacional, lo que termina afectando su liquidez y provocado la quiebra de varias constructoras.
En 2023, el Dane reportó que la participación de este segmento de la economía en el PIB decreció un 5%, y por cada punto que se reduce se pierden 230.000 empleos. A noviembre de 2023, el área licenciada para construcción de vivienda se contrajo 32,5% anual y las licencias de construcción para vivienda de todo tipo se redujo en un 38,2% (VIS bajó 49%, cifra comparable solo con las reportadas durante el covid-19). Caídas similares contiene el informe “Prospectiva Edificadora 2023” de Camacol, en el que se advirtió que las viviendas nuevas vendidas entre 2022 y 2023, cayeron 48%, pasando de 182.657 a 94.627.
Para rematar, la meta del Gobierno es entregar 50.000 subsidios este año, lo que implicaría un promedio de 4.166 mensuales, y a mediados de febrero apenas iban en 2.905. Así, la política de vivienda es una muestra más de que este sí es el Gobierno del Cambio, pero en reversa.