El 3 de agosto se activó, según el gobierno y el ELN, la etapa de cese de acciones ofensivas, en el marco de lo acordado en la última fase de la negociación. Los delegados de Petro han aprovechado para afirmar que se trata de “un hecho sin precedentes” en las negociaciones del Estado colombiano con esta organización terrorista; pero la realidad demuestra lo contrario.
Revisando la historia, el largo registro de procesos de diálogo entre el Estado y el ELN está marcado por el fracaso. Las primeras negociaciones se dieron en 1975, por cuenta del interés que manifestó el ELN de adelantar conversaciones con el Gobierno de López Michelsen, tras las exitosas acciones de la Fuerza Pública que llevaron a la desarticulación de su mando central. Años después en el Gobierno de César Gaviria un nuevo intento por alcanzar un acuerdo llevó a que una pequeña parte de la estructura criminal se desmovilizara, la Corriente de Renovación Socialista (1994), mientras que el grueso de la misma continúo sus acciones terroristas. Ernesto Samper nuevamente se sentó a negociar con el ELN, en Maguncia, Alemania, logrando la firma de un pírrico preacuerdo en el que los criminales se comprometían a limitar el secuestro de civiles. Este proceso lo continuó Andrés Pastrana, hasta que el ELN cometió la masacre de Machuca (Segovia, Antioquia, 18 de octubre de 1998), en el que asesinó cerca de un centenar de personas e hirió una cifra aún mayor. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, se persistió en estas negociaciones, que se dieron por terminadas, a raíz del atentado terrorista del 19 de enero de 2019, cuando los cabecillas, mientras dialogaban con el Gobierno en Quito, Ecuador, ordenaron el ataque a la Escuela de Oficiales de la Policía General Santander, al sur de Bogotá, asesinando 22 cadetes y lesionando 90 más. Por estos hechos se ordenó la captura de los miembros del Comando Central del grupo terrorista (COCE) y se condenó a 46 años de prisión, en marzo pasado, a uno de los criminales que participaron directamente en el atentado.
Cuando el presidente Duque dio por terminado definitivamente el proceso de negociación; recordó que, durante el proceso, el ELN había ejecutado 400 acciones criminales en 13 departamentos, con un saldo de 339 víctimas, sumado a los más de 100 asesinatos.
Con Petro, la respuesta del ELN no ha sido menos cínica y sangrienta, a pesar de que en campaña, el mandatario afirmó “a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia, porque se hace la paz”.
El 1 de enero de 2023, al día siguiente de que Petro anunciara en su cuenta de twitter que decretaba un cese bilateral con ELN y otras cuatro organizaciones criminales, sus cabecillas lo desmintieron, por considerarlo una decisión unilateral, no discutida aún en la mesa de negociación, y en febrero, dieron la orden de arreciar su accionar terrorista en contra de la población civil y la Fuerza Pública. De hecho, a lo largo de estos meses de negociación, el ELN ha ejecutado un elevado número de acciones criminales, como el ataque con explosivos prohibidos por el DIH a un pelotón de soldados regulares que custodiaban el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Villanueva, Norte de Santander, en el que fueron asesinados nueve soldados, y el ejecutado en contra de una patrulla policial en Tibú, en el que asesinaron a dos Policías y a una mujer que transitaba por el lugar.
De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis -CERAC- de febrero a junio de 2023, el número de acciones criminales del ELN experimentó un continuo aumento, así como el número de sus víctimas. Solo en el mes de mayo, en uno de estos eventos se provocó el desplazamiento forzado de 600 familias desde Sipí, Chocó, a las cabeceras municipales de Nóvita e Istmina. En total, durante dicho mes, se registraron 28 acciones criminales atribuidos al ELN, mientras que otras 22 no se lograron confirmar no obstante haberse presentado en zonas en las que tienen presencia; la suma de estos hechos dio como resultado 18 personas asesinadas, 20 heridas y 17 secuestradas.
En su más reciente informe (agosto de 2023), este Observatorio destacó que, en julio, el número de acciones terroristas de esta organización aumentó, registrándose un número superior a la veintena (en promedio una diaria), cerca de 25 personas fueron asesinadas, 25.000 confinadas y más de 30 secuestradas.
Ahora, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dio a conocer que por información de inteligencia militar y del CTI se logró saber de una reunión llevada a cabo en uno de los campamentos del ELN ubicados en territorio venezolano, en la que sus cabecillas ordenaron su asesinato, así como el del General Eduardo Zapateiro y a la Senadora María Fernanda Cabal.
Adicionalmente, el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, indicó que desde el 3 de agosto a la fecha se han presentado 22 acciones contra el denominado cese al fuego bilateral, sumado al paro armado al sur de Chocó que se prolongó por 24 horas, afectando a 25 mil personas. Todo parece evidenciar, que el proceso con el ELN será de nuevo, un fracaso.