Hace un año asumió la presidencia Gustavo Petro, después del ruido que se generó en su campaña por los denominados “petrovideos”, que daban cuenta de una serie de estrategias poco éticas para ganar; lo que se conoció como “el pacto de La Picota”, los supuestos acuerdos de su hermano Juan Fernando y otros integrantes de su campaña con líderes de estructuras crimínales y políticos corruptos que se encontraban en las cárceles para obtener votos y recursos a cambio de promesas de beneficios jurídicos; el paro armado promovido por el clan del Golfo, y el “estallido social” que fomentaron el propio Petro, Gustavo Bolívar, el ELN y las disidencias de las FARC, durante el cual, a través de una estrategia de violencia, vandalismo y terrorismo, se instrumentalizó el descontento social, con graves consecuencias para el Gobierno de ese momento y para la economía.
Pero más allá de esos antecedentes, el que asumiera el poder por primera vez en Colombia un Gobierno de corte social comunista era el reto mayor. Hoy, a 12 meses de la posesión, lo que ha quedado en evidencia es que Petro era hábil en la oposición, pero pésimo para gobernar y que el radicalismo ideológico les definió una agenda, pero les impide generar acuerdos.
Son muchos los temas para analizar, pero por cuestión de espacio veamos solo tres:
Seguridad: la indefinida ‘seguridad humana’ y la apuesta por la “paz total”, se han traducido en un debilitamiento sistemático de la Fuerza Pública, mientras se fortalecen las estructuras criminales, que logran cada vez mayor control del territorio. Han crecido los delitos de mayor impacto; por ejemplo, en el consolidado nacional a junio, el secuestro aumentó en un 162% (de 55 en 2022 a 155 en 2023), igual que la extorsión (33%) y el hurto a personas (16%); además, 83 líderes sociales fueron asesinados y, según INDEPAZ, solo en lo que va de este año se han reportado 55 masacres con 179 víctimas y el doloroso informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de 12 alcaldes de 7 departamentos despachando fuera de su jurisdicción por amenazas de grupos armados al margen de la ley; se han confinado 103 comunidades a nivel nacional, afectando a 5.825 familias, y llevamos 18.755 personas desplazadas este año.
Relaciones Internacionales: a pesar de los frecuentes viajes al exterior (más de 20), la política de relaciones internacionales de Petro se ha definido por la afinidad ideológica, que raya en complicidad criminal, y no por el interés nacional.
A pesar de los constantes viajes de Petro a Venezuela y a su ardua labor internacional para lavar la cara de la narcodictadura de Maduro, la realidad es que en el vecino país poco o nada han mejorado la democracia, las libertades o el combate a las estructuras criminales que delinquen a lado y lado de la frontera; los colombianos presos políticos del régimen continúan en las cárceles y el intercambio comercial se da con mucha dificultad por la falta de condiciones y de institucionalidad.
Al régimen de Nicaragua lo protegió, cuando por orden de su canciller, Álvaro Leyva, la delegación colombiana no se hizo presente el 12 de agosto de 2022, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, cuyo fin era emitir una resolución de condena contra la sistemática represión y la persistente violación de los derechos humanos en el país Centroamericano; y a pesar del último fallo de La Haya favorable a nuestro país, Petro se ofreció a negociar con Ortega.
Adicionalmente, el Congreso de Perú declaró a Gustavo Petro persona no grata, por su injerencia en asuntos internos y su apoyo a Pedro Castillo, procesado por delitos contra el régimen constitucional peruano y corrupción; sumado a la solidaridad cómplice expresada a favor de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la justicia argentina en lo que se considera el caso más grave de corrupción en la historia de ese país; mientras los chilenos tomaron como un insulto a su democracia el que el mandatario colombiano calificara como un fracaso el resultado del plebiscito y como una vuelta a Pinochet.
“El Gobierno del Cambio” ha puesto en riesgo los lazos e inversiones de aliados estratégicos como el Reino de Marruecos, al establecer relaciones diplomáticas con el Frente Polisario, y ha sido denunciado por el sindicato de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de la Cancillería, que demandó 55 nombramientos por el no cumplimiento de requisitos de ley y por faltar al compromiso de campaña de que el 50% de los diplomáticos serían de carrera, pues, hasta ahora, solamente 22 de los 57 embajadores nombrados, lo son.
Economía: se calcula, según BBVA Research, que este año el PIB crecerá solo un 1,2% (en 2022 fue de 7,3%) y, debido a reformas como la tributaria y al anuncio de otras como salud, pensión y laboral, se han generado estrés e incertidumbre que llevaron a la caída de sectores importantes como la construcción, afectada, además, por las altas tasas de interés, la inflación y la no entrega de subsidios como Mi casa ya; o el sector automotor, que se desaceleró en un 26,8% en el primer semestre de este año respecto al 2022. Las exportaciones llevan siete meses a la baja y la deuda externa pasó de 51,3% en junio del 2022 a 55,3% en marzo de 2023; además, preocupa la idea de acabar con la regla de marco fiscal de mediano plazo. Pero, en medio de las dificultades, es importante reconocer la reducción de la tasa de desempleo.
En este punto es necesario hablar de la política bandera del Gobierno, la transición energética, cuyo desacertado manejo nos llevó a bajar 10 puntos en el Índice del WEF; más grave aún, se está poniendo en riesgo la seguridad energética con una hoja de ruta que establece que el país importaría gas en el 2026 y petróleo en el 2028, con las implicaciones económicas y sociales que esto traería.
Hoy, el reto más grande es el institucional, por las complejas relaciones del Presidente con las Cortes, la prensa y el Congreso; la crisis de legitimidad y legalidad de su elección, luego de las declaraciones de su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía, y la inestabilidad de su gabinete, ya que de los 17 Ministros con que inició, salieron 10 y, dicen, se avecina una tercera crisis ministerial; además de la baja ejecución presupuestal que, a mayo de este año, era en promedio 27% del Presupuesto General de la Nación, el más bajo en los últimos 20 años.
En resumen, a un año de la posesión de Petro, este sé es el Gobierno del Cambio, pero en reversa.